Judiciales
Corte admite demanda contra ley anti auditorías
- La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá ) contra la ley anti auditorías ((Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).
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- El expediente fue asignado al despacho del Magistrado Olmedo Arrocha. También se ordenó la notificación del Procurador de la Administración para la presentación de alegatos.
- La demanda fue presentada por FDLC-TI Panamá con el respaldo de la Coalición Por Panamá – Pro-Transparencia y Anticorrupción, un grupo de organizaciones comprometidas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Los demandantes sostienen que varios de sus artículos son contrarios a la Constitución Política porque otorgan facultades arbitrarias a la Contraloría, lo que podría ser utilizado para permitir la impunidad de funcionarios y debilitar el Estado de Derecho.
- Por ejemplo, el artículo 1 impide que la Contraloría General de la República reciba instrucciones de cualquier autoridad, órgano del Estado o persona, lo que obstaculiza los procesos de investigación de malversación de fondos.
- Además, el artículo 2 excluye de la acción fiscalizadora de la Contraloría a las organizaciones sindicales, cooperativas, entre otras, lo que va en contra del artículo 280 de la Constitución que obliga a la Contraloría a fiscalizar el uso de todos los bienes del Estado sin excepción.
- La demanda también sostiene que el artículo 14 añade principios que no se encuentran estipulados en el artículo 280 de la Constitución, y que los artículos 14 y 46 exceptúan del carácter de «empleado de manejo» a los funcionarios de la Contraloría que realicen control previo y posterior, creando fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría.
- Asimismo, el artículo 22 prohíbe los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría, lo que implica una inte