[Cámara Minera opina:] Sobre el tema de regalías mineras y proyecto de ley 147 presentado en la Asamblea Legislativa

Vemos con suma preocupación como en la Asamblea Legislativa de Panamá, se ha aprobado en primer debate, el proyecto de Ley 147 que modifica el Código de Recursos Minerales y establece un nuevo régimen de regalías sobre la producción bruta (Ad Valorem) de las empresas mineras, metálicas y no metálicas.  Debemos dejar claro que este proyecto no fue consultado con los actores del sector y mucho menos vemos que haya sido producto de una evaluación técnico/económica seria de las variables que intervienen en la producción de estos minerales ni las condiciones de mercado nacional e internacional. 

Existen dos sistemas de regalías en el mundo:  Regalías en % sobre las ventas brutas (RSV) y Regalías sobre la ganancia (RSG).  El siguiente cuadro muestra los porcentajes de regalías pagados en diversos países mineros de América Latina para los casos donde se utiliza un sistema y el otro; además se muestra el sistema vigente actualmente en el Código de Recursos Minerales y el sistema que se ha propuesto en las negociaciones del contrato de la mina Cobre Panamá. 

El Proyecto de Ley 147 establece en su Articulado Cánones anuales de B/. 25.00 por hectárea que podrían llegar hasta B/. 625,000.00 por concesión de exploración de minerales metálicos y no metálicos dado que para esta actividad que evalúa la ocurrencia de yacimientos se requiere estudiar grandes zonas.  Estos montos harían inviable económica y técnicamente adquirir una concesión para esta actividad de exploración y estudio. 

Para los minerales metálicos, el proyecto de Ley 147 establece regalías sobre las ventas brutas de entre 30 y 40%, que comparadas con los porcentajes en la tabla, estarían entre 6 y 8 veces por encima de la media que se cobra en los demás países del continente. De llegar a aprobarse estos valores que no contemplan la realidad mundial para el sector minero, esta acción constituye básicamente un cierre total de las puertas a la minería metálica, en un momento donde precisamente esta ha demostrado que es motor de desarrollo sostenible en las dimensiones económicas, sociales y ambientales en las zonas donde opera y que hoy en día se ha constituido en importante sostén de la economía nacional. 

También, establece nuevas regalías para los materiales de construcción de un 10% sobre las ventas brutas, entendiéndose que estos montos son adicionales a lo establecido en la Ley 27 de 2015 que establece ya un monto fijo sobre la venta, lo que elevaría los gravámenes a incluso más de un 20% sobre la producción o ventas brutas de estos, precisamente en una época donde la industria de construcción está deprimida y el poder adquisitivo se ha visto reducido dramáticamente. 

No es responsable y mucho menos en las condiciones actuales de la economía, presentar propuestas como la que hoy se encuentra en segundo debate en la Asamblea Legislativa, donde sin conocimiento del tema, basados en información falsa, ignorando realidades técnicas y económicas, tratan de engañar al país haciendo ver que en el mundo las Regalías Mineras rondan por el orden de 40% o más, valor que obtienen sumando el porcentaje de impuesto sobre la renta y el porcentaje de regalías calculados sobre la base de la ganancia en algunos países como Chile y Perú y comparan esta suma con los valores de regalía Ad-Valorem que son calculados sobre las ventas brutas en el caso de Panamá. 

Hay enormes desafíos que hay que enfrentar, tales como el tema de la institucionalidad minera, la modernización del Código Minero y la renegociación del contrato de la Mina Cobre Panamá.  Estas tareas deben ser enfrentadas con seriedad, sentido común, con rigor técnico y científico y sobre la base de consultas técnicas y logro de consensos bien informados y no al calor de consideraciones políticas y de intereses muy particulares.  La presentación de este proyecto de Ley no considera, ni sus proponentes parece se informaron, de que desde hace meses atrás diversos actores, entre ellos representantes de la sociedad civil, la empresa privada y el órgano Ejecutivo apoyados por instituciones internacionales muy serias, realizan grandes esfuerzos para eliminar la brecha que suponen estos grandes retos.  

Por tanto, el llamado es a actuar con seriedad y sentido común, basados en información cierta y pensando en el beneficio de Panamá, especialmente en los menos favorecidos que viven en el entorno rural del país, áreas que están fuera del alcance de los beneficios del eje canalero, y cuyas condiciones de vida son las que marcan la enorme brecha de desigualdad que exhibe Panamá.