Caja de Seguro Social adjudica millonario contrato a empresa investigada en México

La Caja de Seguro Social adjudicó un contrato por $168 millones al Consorcio Salud en Control para la actualización, implementación e integración de los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos.

Este consorcio está conformado por las empresas PMG Logistic Corp e Intercontinental de medicamentos. Esta última tiene una investigación abierta en México por defraudación fiscal, incumplimiento, operación simulada y factura falsa.

Historial en el Extranjero

Intercontinental de Medicamentos es una de las principales proveedoras del gobierno mexicano de la última década. Según las autoridades de ese país, las declaraciones fiscales de la empresa no son congruentes.

A pesar de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos mexicanos, manifestaron pérdidas fiscales por 410 millones.

«Eso no resulta compatible con ningún sistema financiero y la única explicación posible tiene que ver con defraudación de naturaleza fiscal, adquisición y operaciones simuladas a partir de la facturación falsa» señaló en una conferencia de prensa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

Además, las autoridades mexicanas también han reconocido fallas de la misma empresa a la hora de cumplir los contratos.

La licitación panameña

El concurso para ganarse el millonario contrato fue publicado el 6 de diciembre del 2019 en el portal de Panamá Compra.

Hubo dos participantes: Consorcio Disur & Motion Health Care que ofertó sus servicios por $129 millones, y la ganadora Consorcio Salud en Control, que ofertó por $168 millones.  

Al tratarse de una licitación por mejor valor, en principio se le debe dar el contrato al proponente que ofrezca un mejor precio, pero el comité evaluador consideró que el Consorcio Disur & Motion Health Care no cumplía con los requisitos mínimos obligatorios de la licitación.

La licitación excluía la participación de empresas locales porque entre sus requisitos estaba presentar una certificación de experiencia prestando estos servicios a un mínimo de cinco (5) millones de pacientes, por lo que ninguna empresa panameña podía cumplir con esta exigencia.