Diputados panameños se oponen a juramentar a los hijos de Martinelli en el Parlacén

El tema de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, detenidos en Guatemala con fines de extradición a Estados Unidos por supuesto lavado de dinero, estuvo intenso el fin de semana. ¿Y eso?

Todo inició a finales de la semana pasada cuando la Junta Directiva del Parlacen envió una carta a la bancada de Panamá en este organismo en la que solicitaban que la juramentación de los hermanos Martinelli Linares como diputados suplentes quedara en manos de los diputados de nuestro país. ¿Lo recuerdan?

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El primero en salir al paso fue el diputado independiente de Un Panamá Diferente, Manuel Castillero, quien consideró que la juramentación de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares como diputados suplentes del Parlacen “debilitaría aún más la credibilidad y la imagen de este parlamento, que ha sido fuertemente cuestionado y que es necesaria para lograr los más altos y nobles objetivos que nos dan origen de servir de foro de deliberación y propuesta”.

Avanzaba el fin de semana cuando la bancada del partido gobernante, PRD, en el Parlacen también se pronunció en un comunicado en el que indican entre otras cosas que «rechazan categóricamente que este organismo sea utilizado o se pretenda utilizar como herramienta de desviación judicial»

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Como si esto fuera poco, si en Panamá llovía, en Guatemala no escampaba, ya que el medio de comunicación impreso más importante le dedicaría un editorial a los hermanos Martinelli, titulado, El parlamento de la impunidad regional. En este escrito indicaban que desde ningún punto de vista es aceptable, tolerable ni justificable la pretención oportunista de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli de ser juramentados como diputados suplentes para tratar de lograr impunidad tras haber sido detenidos por fuerzas de seguridad guatemaltecas en el aeropuerto La Aurora, debido a un requerimiento de extradición de Estados Unidos por presunto lavado de activos.

«El Parlacén es considerado desde hace largo tiempo como un organismo anodino, costoso y disfuncional, pero sin duda el mayor agravante radica en la conveniente inmunidad de que gozan sus diputados, una prebenda que ha causado numerosas controversias. Este organismo no ha logrado impulsar una sola iniciativa trascendental pero sí se ha convertido en símbolo de impunidad regional» entre otras cosas más que pueden leer en el link del párrafo anterior.

Bien avanzando el fin de semana les llegó a los hermanos Martinelli uno de los golpes más bajos y es que el partido que fundara su padre emitió por medio de su departamento de prensa un comunicado en el que tres de los diputados de esta bancada le solicitaban al Parlacen que se aclare la situación legal de los hermanos Martinelli, considerando que la juramentacion sería 𝗶𝗻𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 para los valores y principios democráticos.

Y ya casi cerrando el fin de semana, el partido Panameñista, por medio de su diputado en el Parlacen, Alcibiades Vásquez, también emitió un comunicado en el que asegura que NO participará de reunión ni de acto que conlleve la juramentación de los hermanos Martinelli. ¡Que fuerte!

Con esto la mayoría de los diputados panameños le dan la espalda a los llamados «principitos».

Los que también se pronunciaron fueron los diputados de la bancada de Guatemala del Parlacen de los partidos políticos, Movimiento Semilla, Unidad Revolucionaria Nacional y Movimiento Político WINAQ quienes en un comunicado dejaron claro que se oponen rotundamente a la juramentación de los señores Martinelli Linares debido a que dicho acto podría encuadrar en fraude de ley, dado a que actualmente son prófugos de la justicia en Panamá. ¡Muy duro!

Directivos del PARLACEN Panamá le informan a la presidente de este ente que no juramentarán a los hermanos Martinelli.

Diputados del Partido Popular ante el Parlacen se oponen rotundamente a la juramentación de cualquier diputado principal o suplente que no cumpla con lo establecido con la ley, por lo tanto, no favorecen ningún tipo de actuaciones  que permitan la protección de quienes están requeridos por la justicia por presuntos actos de corrupción.