Enclave colonial en la mitología antiminera

POR: CARLOS SALAZAR

Entre 1903 y 1979, la República de Panamá vio su independencia mutilada por la presencia de aquel  enclave colonial conocido como la ZONA DEL CANAL DE PANAMA.  Esta entidad gozaba de jurisdicción sobre una franja de 1432 kilómetros cuadrados de nuestro territorio que cubría ambos lados del canal de Panamá y de norte a sur.

En la “zona” como la llamábamos los panameños que la conocimos, sufrimos, transitamos y aportamos con sangre de nuestros mártires de toda una lucha generacional, la cual abarcó todo el período antes mencionado.  Había un gobernador, policía extranjera, servicio de correos, leyes que se aplicaban desde una corte en Luisiana, servicio postal propio, Bomberos, escuelas y universidades, comisariatos que no pagaban impuestos al Estado panameño y toda clase de actividades económicas regentadas por ciudadanos de los EE.UU.

Había una quinta frontera que los chorrileros  conocían como “el límite” y no fueron pocos los panameños arrestados y condenados por delitos supuestamente cometidos en ese enclave colonial que vino a desaparecer luego de firmados los tratados Torrijos Carter en 1977 y su puesta en vigencia el 1 de octubre de 1979, que ponían fin a ese Estado dentro de nuestro Estado. Eso era un enclave colonial.

Traer por los pelos con el objeto de capitalizar fortuna política, el concepto de enclave para definir el contrato negociado entre Panamá y la empresa Minera Panamá es algo completamente descabellado, fuera de lugar y deleznable.

 Este argumento es más dramático, si quien habiendo ocupado el cargo de canciller en el momento en el que resueltas las causas de conflicto entre Panamá y los EE, UU., intentó promover, fracasando rotundamente, la creación de un llamado Centro Multilateral Antidrogas o CMA, el cual le devolvería  a los norteamericanos muchos de los privilegios que a sangre y fuego ya habíamos superado para finales de los años 90.

Muchas voces se alzaron en contra de ese vergonzoso intento y los medios son testigos de las escaramuzas intelectuales que dieron al traste con la iniciativa y sus propulsores.

En el proyecto minero de Cobre Panamá no hay gobernador (gobernador de qué dijo Omar), ni policía con uniformes ni pertrechos extranjeros, ni bases militares ni se ejerce jurisdicción alguna que no sea la de las autoridades establecidas de la república de Panamá.    El contrato contempla la instalación de oficinas de las agencias estatales  como el MICI, Miambiente, MITRADEL y todas las que tengan relación con las actividades desarrolladas en el proyecto y es absolutamente falso por mitológico, que la empresa vaya a tener control alguno sobre el espacio aéreo en el área del proyecto. Lo dispuesto en el contrato establece que es la Autoridad de Aeronáutica Civil de la república de Panamá, la que por razones de seguridad, podría o no, según la circunstancia, impedir que se realice algún vuelo en un momento determinado sobre las instalaciones sensitivas del proyecto minero. No es la empresa la que decide y ordena este tipo de restricción, eso, repito, es completamente falso.

Así que dejémonos de estar inventando conceptos que ni existen ni han sido contemplados en ningún momento por parte del contrato negociado y en proceso de aprobación por parte de las autoridades nacionales. Los políticos deben buscar sus votos sin estar engañando a la población con cuentos de caminos, porque ya ni hay bases militares extranjeras, ni gobernadores ni policías ni juzgados en este solo territorio con una sola bandera, la que flamea a los vientos de la tarde como le cantó Neruda, cuando sí existía un enclave colonial que con certeza le agradaba a muchos de esos políticos desfasados y rechazados por los panameños.