La corrupción sí le pagó a Meco en Panamá

Después de que su presidente y dueño, Carlos Cerdas, aceptara ante la justicia panameña que la multinacional tica había pagado US$9,4 millones en sobornos que equivalían al 5% del costo total de seis obras de infraestructura que hizo en Panamá, Meco quedó con vía libre para seguir ganando allí concursos de obra pública.

Desde octubre de 2017, el Ministerio Público de Panamá comenzó a investigar a la empresa Blue Apple Service Inc., creada para blanquear sobornos repartidos por al menos 62 empresas constructoras locales y extranjeras*. Entre esas empresas estaba la multinacional costarricense Meco. Éstos pagos ilegales buscaban ganar contratos de obra pública o agilizar los adelantos oficiales de obra, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).  

“El caso consistía en un esquema de corrupción donde funcionarios y familiares creaban sociedades que luego eran usadas como proveedores fantasmas de empresas que tenían contratos de obras de infraestructura con el Estado.”, dijo Annette Planells, directiva de MOVIN, un movimiento ciudadano anticorrupción, y añadió que “fue uno de esos primeros casos en los que se comenzó a destapar la corrupción que todos sospechamos circulaba el gobierno de Ricardo Martinelli”.  

Ese gobierno abrió a licitación un récord de obras públicas por 13.500 millones de dólares.

Y Meco era una de las empresas consentidas de ese gobierno con múltiples contratos. Hasta octubre de 2017, cuando la Procuraduría panameña imputó a las empresas investigadas en el caso Blue Apple, además de los contratos de construcción del Canal de Panamá, Meco había obtenido al menos 15 grandes contratos, de más US$20 millones cada uno, que sumaron alrededor de US$1.400 millones, según pudo establecer esta investigación periodística revisando las plataformas de contratación Panamá compra y Contratista visible (Ver gráfica). Estaba construyendo la carretera de Puente de las Américas a Arraiján, así como un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales en Santiago (Veraguas) y rehabilitando un tramo de la carretera Transístmica, una de las principales arterias viales de la Ciudad de Panamá. No obstante Meco no terminó estando en la lista de las empresas imputadas por la justicia en el sonado caso de Blue Apple. Muy rápida y pragmáticamente, el 1 de diciembre de 2017, Carlos Cerdas, dueño y fundador de la empresa tica, llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía panameña, luego de admitir que su empresa había pagado $9,4 millones de dólares en sobornos a funcionarios panameños para gestionar pagos a la empresa por sus contratos. Cerdas consiguió además que no le imputaran cargos.  Esta declaración se mantuvo confidencial hasta marzo de 2018, cuando el diario La Prensa reveló parte de su contenido.  

Documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso la investigación colaborativa y transfronteriza Tras los pasos de Meco realizada por Foco Panamá, junto con CRHoy (Costa Rica), El Espectador (Colombia) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), revelan más detalles de la declaración de Carlos Cerdas durante la fase de investigación de Blue Apple. En ella, el empresario -según un documento de la Fiscalía obtenido por Foco Panamá**- “aceptó haber autorizado la entrega de dinero, por solicitud de servidor público, a través de operaciones financieras y estructuras jurídicas”.

Cerdas contó cómo Jorge Ruiz, director de Administración de contratos del Ministerio de Obras Públicas, lo citó a las oficinas públicas donde le explicó el esquema financiero que sería usado para el pago de sobornos. Según informaron los medios en su momento, Cerdas había aceptado pagar sobornos equivalentes al 5% del costo total de seis obras de infraestructura, entre los cuales estaban, el tramo Puente de las Américas-Arraiján del intercambiador en la carretera Panamericana; el ensanche de la carretera La Villa-Las Tablas; el viaducto en la avenida Nacional con la Omar Torrijos; y el túnel y rehabilitación de la pista del aeropuerto de Río Hato.

La Fiscalía también tomó la declaración del funcionario Jorge Ruiz, quien admitió haber hablado con Cerdas de Meco, pues esta era una de las empresas investigadas por el caso Blue Apple. En el mismo documento al que tuvo acceso Foco Panamá, puede leerse en la transcripción oficial del testimonio de Ruiz que : “Respondió categóricamente conocerlos ya que se dirigió a cada uno de ellos como propietarios de las constructoras, que desconocían si eran los representantes legales o beneficiarios finales, no obstante, reconoció hablar con cada uno de ellos de la cantidad de dinero que debían entregar por instrucciones de RICA MARTINELLI”, refiriéndose a Ricardo Martinelli Linares, hijo del ex presidente Ricardo Martinelli.  (las mayúsculas son del documento original). Casi dos años después de este arreglo secreto, en Costa Rica, su país de origen, la justicia se dio cuenta de que Meco podría estar incurriendo también en prácticas cuestionables. El Ministerio Público de ese país abrió una investigación, que ha sacudido a la opinión pública costarricense, sobre posibles pagos ilegales realizados por ésta y otra constructora llamada H. Solís para la obtención de obras y otras irregularidades, en el caso conocido como Cochinilla. En junio de 2021 se detuvo al propio Cerdas y a la propietaria de H Solis, Mélida Solís, además de otras 30 personas. En noviembre de ese mismo año estalló un segundo caso, conocido como Diamante, por el cual el Organismo de investigación Judicial (OIJ) detuvo a varios alcaldes, incluido el de la capital tica, San José, por la posible recepción de sobornos y otras conductas irregulares, presuntamente a cambio de la adjudicación de obras, créditos y otros beneficios a Meco y a otra empresa, Explotec.  El caso continúa en investigación, aunque un juzgado permitió en mayo pasado que los implicados volvieran a ocupar sus cargos. 

Con un nuevo presidente en Panamá, Laurentino Cortizo  (2019-2024), el gobierno reaccionó al escándalo de Cochinilla y volvió a revisar sus contratos con Meco. 

“Mi prioridad era saber qué iba a pasar con las obras que tiene Meco, especialmente la ampliación de la Vía de la autopista al Puerto de Vacamonte”, dijo Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas a esta alianza. Esta ampliación es una obra de 57 millones de dólares, una de las mayores en el país. 

“Inmediatamente me puse en contacto con el financista, BICSA (Banco Internacional de Costa Rica), para saber si esto de alguna manera afectaba la relación de financiamiento que tendrían con Meco. Al ellos expresarme que no habría problema, mi siguiente paso era la aseguradora”, contó el ministro. “La aseguradora, Compañía Internacional de Seguros, también se mostraron confiados en la capacidad de Meco para finalizar la obra, por lo tanto, no había nada más que se pudiera hacer por el lado gubernamental. A los representantes de la empresa en Panamá les consultamos si estas situaciones perjudicarían sus operaciones en nuestro país. Su respuesta fue que no sería así, y, de hecho, siguieron ejecutando todos sus contratos”.

Según explicó Sabonge a Foco Panamá , la ley panameña vigente no le permitía hacer otra cosa. “Lastimosamente, en la ley de contrataciones públicas no existe algún artículo que nos permita rescindir un contrato por riesgo reputacional y los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley expresamente indica». 

El BICSA de Costa Rica es un banco estatal que sólo tiene operaciones en el extranjero, con la más significativa en Panamá. En respaldo de lo que dijo Sabonge, según lo comprobó Foco Panamá, tres meses luego de que Carlos Cerdas fuera capturado en Costa Rica, mientras estaba detenido bajo investigación, Bicsa emitió una carta de referencia avalando la capacidad bancaria de Meco para un proceso de licitación del puente vehicular sobre el río Bayano, en el oriente de Panamá, por un monto de US$23 millones. 

Como pudo verificar Foco Panamá gracias a un documento al que tuvo acceso, esta licitación fue suspendida en diciembre de 2021 por la Dirección General de Contrataciones Públicas por el reclamo de un proponente sobre posibles inconsistencias financieras presentadas por Meco en el pliego de condiciones. Finalmente la obra fue adjudicada a la empresa panameña Ingeniería y Tecnología Especializada S.A. Meco intentó reclamar por dicha adjudicación. 

Cómo parar contratos a corruptos

Según el ex presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Horacio Icaza, actualmente en Panamá sólo la Caja del Seguro Social tiene un mecanismo legal, por el cual los proveedores firman un juramento, permitiéndole a la entidad terminar el contrato en caso de algún riesgo para ellos. “Como muchos otros mecanismos en nuestro país, se ha convertido en letra muerta por la falta de voluntad política para usarlo en los momentos que se necesita”, dijo el empresario.

Este fue precisamente el foco de discusión durante las reformas a la ley de contrataciones públicas en el 2015 y 2019. 

En 2017, después de que estallara el escándalo de la mega- constructora brasileña Odebrecht, luego de que su presidente confesara ante un juzgado estadounidense haber pagado millones de dólares en sobornos en América Latina, grupos de ciudadanos panameños exigieron a la Asamblea Nacional incluir en la ley de contrataciones públicas una prohibición para que las empresas que fueran condenadas por corrupción pudieran contratar con el Estado. El clamor ciudadano venía también por las auditorías de las propias autoridades panameñas a los contratos de la gigante brasileña en nuestro país. 

En el 2019, cuando era aún candidato presidencial, Cortizo se había comprometido a hacer valer ese clamor popular y reformar la ley que prohibiera la contratación pública de empresas condenadas por corrupción tanto en Panamá como en el extranjero. Sin embargo, durante el debate legislativo, los diputados cerraron filas y el resultado fue una ley de contrataciones públicas que estipula que las empresas condenadas por corrupción estén inhabilitadas para contratar por cinco años y deja la puerta abierta para que empresas acusadas que hagan acuerdos de colaboración con la justicia puedan volver a contratar con el Estado. 

Odebrecht, obligada a operar de manera más transparente por los acuerdos de delación premiada que había contraído con las autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil, Suiza, entre otros, negoció con la justicia panameña como persona jurídica, y no sólo a título de su presidente, como había sucedido con Cerdas de Meco. La empresa brasileña mencionó a algunos cómplices (aunque aún no a todos) entre empresarios y ex funcionarios que actualmente se encuentran imputados por cargos de lavado de dinero. Los propios hijos del ex presidente Martinelli, fueron detenidos en Nueva York, luego de haber admitido ante la justicia federal de los Estados Unidos haber sido parte de un esquema de lavado de dinero de los sobornos de la multinacional brasilera.

A Odebrecht los panameños le impusieron una multa de US$220 millones, de los cuales ha pagado US$52 millones, después de múltiples incumplimientos. (Ver historia Panabrecht, otra colaboración del CLIP y aliados). El único contrato de obra pública que ha conseguido en Panamá la firma brasilera, después del escándalo fue un ramal de la línea 2 del metro al aeropuerto que ya está casi terminado. Esta obra la hizo junto con FCC, su socia en la construcción del metro de la Ciudad de Panamá, ahora en juicio también acusada de corrupción.  

Para la líder cívica Annette Planells, “el hecho de que Meco, habiendo confesado haber pagado coimas en Panamá y que su dueño estuviera preso en Costa Rica investigado por corrupción, se convierta en el principal contratista de infraestructura de Panamá prueba que la corrupción paga.  Nuestras leyes no nos protegen de empresas corruptas y nuestros funcionarios encuentran cualquier excusa para mirar para otro lado”.

En el caso de Meco, el arreglo con la Fiscalía de Panamá fue a título personal de su dueño y presidente Cerdas, y no incluía a la empresa, ni ninguno de sus demás funcionarios.  No se conoce aún si pagó multa alguna, ni qué otras condiciones le impusieron para aceptar su colaboración con la justicia, aunque tuvo que devolver los $9,4 millones que pagó en sobornos, según fuentes del Ministerio Público de Panamá. 

Actualmente Meco no tiene ningún impedimento para contratar en Panamá y le han permitido continuar sin contratiempos con sus obras públicas en ese país e incluso conseguir nuevas obras. Desde 2018, según cálculos de esta investigación, se ha ganado 11 contratos por al menos US$211 millones, pero al parecer, uno de ellos, el contrato para la construcción de la potabilizadora Paso de Canoas  está suspendido, en espera de ser refrendado, hasta donde ha podido verificar esta alianza periodística. Entre esos contratos, el mayor ha sido el de la autopista al Puerto de Vacamonte del que habló el ministro Sabonge, por US$57,8 millones. 

En Tras los pasos de Meco participaron como: 

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