Miércoles 2 de Octubre, dos decisiones de jueces que indignaron a la población.

Primero, Raúl De Saint Malo. Empresario, hermano de la ex vice presidenta y socio de los hermanos Martinelli Linares, hijos del ex presidente Martinelli.

Según la información que salió del Ministerio Público, la sociedad en la que estaban Raúl con los hermanos Martinelli recibió dinero de Odebrecht para supuesto pago de coimas. Con la promesa de rebajarle la pena, Raúl De Saint Malo declaró que efectivamente recibió el dinero de las cuentas de Odebrecht y que la transfirió a los hermanos Martinelli. El proceso era el siguiente: Montaron una sociedad para ganarse unos contratos de abastecimiento de buques y Odebrecht, por medio de cuentas que han sido internacionalmente identificadas, transfería dinero a la sociedad, que luego era usado para comprar propiedades, vehículos o era transferida directamente a cuentas de los hermanos Martinelli. Después de la investigación del Ministerio Público y de un proceso de delación premiada avalado por el Órgano Judicial, Raúl De Saint Malo fue encontrado culpable del delito de blanqueo de capitales (o sea lavado de dinero) y fue sentenciado a 5 años de prisión.

Y aquí es donde la cosa se pone complicada, porque él pidió que en vez de ir a la cárcel, lo dejaran ser profesor en la Universidad Marítima. La razón por la cuál ofreció esto, es porque él ya ha sido profesor asistente y substituto en la Universidad Marítima y parte del acuerdo es que barcos de su propiedad sean usados para entrenar marinos. Sin embargo, esto generó la indignación de la sociedad quienes no entienden cómo alguien puede ver el ser educador como un castigo. En una audiencia de cumplimiento, la jueza Irma Arosemena le negó esta petición, sin embargo, le permitirá hacer trabajo comunitario un sólo día a la semana por dos años y medio.

Eso quiere decir que una persona que confesó haber recibido dinero de Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, en Panamá sólo tendrá que ir a la Junta Comunal una vez a la semana por 8 horas como pena
y no pasará un sólo día en prisión.

Eso nos lleva al segundo caso, El Gallero, un caso de narcotráfico donde en una operación agarraron a 15 personas, 28 carros y 3 propiedades, 1 millón de dólares y 2.1 toneladas de cocaína. Este caso ha sido controversial porque es muy cercano al partido PRD.

Pany Pérez, ex alcalde de la Villa de Los Santos y quien es parte del proceso, es sub secretario del PRD, e hizo campaña junto a Pedro Miguel González quien inmediatamente salió en su defensa. El otro vínculo es que el supuesto jefe de la pandilla, Manuel Domínguez, ya había sido arrestado por un caso similar hace más de 10 años, y la jueza que lo soltó fue la ahora Diputada Zulay Rodríguez

Uno de los puntos fuertes de la investigación, además de las cosas que incautaron, o sea los carros, el dinero, la droga, etc, eran unas interceptaciones telefónicas. Como sabemos, la única institución (a parte del Consejo de Seguridad) que puede pinchar teléfonos LEGALMENTE, o sea con orden judicial, es el Ministerio Público y supuestamente, el Ministerio Público logró tener acceso a llamadas donde hablaban explícitamente de sus maleanterías.

Y así llegamos al día miércoles donde los 3 jueces declararon NO CULPABLES a todos los implicados en el caso.

O sea, aquí no pasó nada

La decisión de los jueces se basó en que el Ministerio Público no pudo comprobar el delito, ni probar que las escuchas que se hicieron fueron legales. Esta parte es dudosa, porque en nuestro sistema de justicia, las pruebas son invalidadas o validadas ANTES de llegar al juicio como tal, en un periodo que se conoce como Etapa Intermedia

Al final en ambos casos se evidencia lo mismo, jueces que no se atreven a meter preso ni a un tipo que confesó haber lavado dinero, ni a una persona que se paseaba por la Villa de Los Santos con un Lamborghini de medio millón de dólares, y un Ministerio Público que no termina de dar la talla y no ha sabido comunicar su labor a la ciudadanía.