Opinión
Preguntas y Respuestas
Por: Rubén Blades (wwww.rubenblades.com)
Con desalentadora frecuencia en Panamá exigimos respuestas inmediatas y satisfactorias para interrogantes de contenido complejo, o cuya contestación responsable dependerá de sucesos aún ubicados en el futuro.
En cambio, hay preguntas oportunas que no se hacen. Por ejemplo: ¿algún medio le ha consultado a Ricardo Martinelli, si es él en efecto la persona identificada como «un alto funcionario de gobierno panameño, entre el 2009 y 2014, y «familiar cercano» de los acusados principales?
Ya sus dos hijos aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, «lavar» y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito. Solo falta una pregunta mas por aclarar: «Ricardo Martinelli: ¿Es Usted ese alto funcionario y familiar cercano?¨. Un sí o no es suficiente.
Más compleja de responder resulta la cada vez más frecuente interrogante sobre si participaré en la contienda electoral del 2024.
Parte importante de mi duda es que no creo que los que me animan a considerarlo comprenden realmente lo que se va a requerir hacer para rescatar al país reemplazando el «status quo» producido por décadas de clientelismo político.
Es necesario crear un nuevo paradigma de administración pública a nivel nacional y hacerlo sin violentar a una corrupción que ha sido legalmente institucionalizada me parece imposible.
Nuestro país requiere de algo más que un simple cambio de presidente en el 2024. Nuestra patria requiere de una revolución, eso que con sagacidad denominó «revolcón» el candidato presidencial Salvador Muñoz en 1994. Y es que la palabra «revolcón» provoca sonrisas, mientras que «revolución» provoca la huida de capitales, augura la llegada de paredones comunistas y causa el tipo de condena nacional que toda la corrupción política en la que vivimos no ha logrado producir de manera general y sostenida.
En Panamá consideramos inmoral la educación sexual en las escuelas y atacamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no expresamos la misma indignación contra los que nos roban el futuro diariamente. A esos les permitimos que eructen nuestros sueños y los premiamos inscribiéndonos en sus partidos. Por eso me pregunto: ¿Esta la población realmente deseosa de un cambio que favorezca el nacimiento de una administración pública eficiente, responsable y verdaderamente a favor de toda la República? ¿Esta la ciudadanía de Panamá dispuesta a vivir aceptando las consecuencias de la honestidad? ¿Sacrificarían su apoyo al clientelismo político el millón seiscientos mil panameños y panameñas que con sus inscripciones y tolerancia sustentan y sostienen a la partidocracia tradicional? ¿está dispuesto nuestro electorado a creer que existe una mejor oferta político-administrativa que la presentada y aplicada hasta el momento ?
Sobre el 2024
Un diverso y creciente número de ciudadanos han expresado con urgencia la necesidad de encontrar a un candidato(a) que pueda exitosamente alterar el resultado de repetidas encuestas de opinión que ubican a Ricardo Martinelli como líder de la intención de voto hacia el 2024. A diferencia de muchos en Panamá, mi lectura sugiere que Martinelli no será presidente, aunque corra, presione y gaste una millonada tratando de ser electo. Creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el «alto funcionario y pariente cercano» y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables.
Aunque es posible que Martinelli participe en la contienda del 2024 para blindarse con el fuero electoral, él debe saber que bajo las presentes condiciones, «ganar» le será imposible: la idea de un presidente que no se atreve a salir del territorio nacional para evitar ser arrestado por corrupto sería imposible de aceptar para los intereses económicos, políticos y sociales locales que una vez contribuyeron a su ascenso al poder Ejecutivo en el 2014.
Parte del apoyo electoral de la población a Martinelli se basa en que «robó, pero hizo» y que durante su presidencia «había plata en la calle», pero la situación del 2024 será radicalmente distinta a la actual, una vez terminado el juicio de sus hijos y pronunciada la sentencia en New York. Si ellos lo identifican como el beneficiado por los sobornos de Odebrecht, su inmediata inclusión en la «Lista Clinton» tendrá un efecto económico y político tóxico, que afectaría también a todos sus contactos, conexiones, y relaciones sociales y de negocios, y a Panamá mundialmente.
Ya la reputación internacional de nuestro país ha sido seriamente afectada por continuos escándalos financieros («Panamá Papers», «Pandora Papers», «Listas Grises»). Sería suicida para Panamá elegir como su representante a un individuo que de salir del país sería instantáneamente arrestado por corrupto. Bajo la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joseph Biden, a raíz de la promulgación del «Crook Act», declaró que «la corrupción representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos».
Aunque se puede argumentar que la coyuntura puede ser utilizada para armar casos falsos, chantajear y perjudicar a los que rehusen aceptar órdenes que beneficien el interés «del imperio», también podemos afirmar que la notificación del presidente Biden creó el mayor precedente internacional de apoyo para denunciar, enjuiciar y condenar actos administrativos corruptos en países como el nuestro. Es curioso que la proclamación no haya recibido gran difusión en Latino América o Panamá, a pesar de que su efecto cambia las reglas del juego.
Dudo que con Martinelli en el poder en el 2024 «habría más plata en la calle». Más factible resultaría la invocación por el gobierno norteamericano de la ¨Enmienda De Concini¨, para recobrar la administración del Canal de Panamá de manos de un gobierno cuya dirección argumentarían pondría en peligro la integridad de la operación y seguridad del canal. Tal acción militar se concentraría sólo en la ocupación de la franja canalera y contaría con el apoyo de «tirios y troyanos», dentro y fuera de los Estados Unidos; políticamente para el norte, sería un «win-win» y para Panamá un desastre de magnitud inconmensurable.
Por eso, a pesar de los pronósticos y las encuestas a su favor en Panamá, no veo a Ricardo Martinelli ganando la elección presidencial del 2024.
Pero la eliminación del regreso de Ricardo Martinelli al Poder Ejecutivo no resuelve el problema de la corrupción en que vive nuestro país. Así como la expulsión de Noriega del poder no produjo la eficiencia y la decencia administrativa que la «Cruzada Civilista» prometió retornaría a Panamá tan pronto el manejo de la Cosa Pública pasase al control civil, de igual manera el que Martinelli no resulte presidente en nada altera el actual podrido «status quo», ni detiene nuestra administrativamente irresponsable marcha hacia el precipicio. En el 2022 tendremos seguramente una deuda pública de alrededor de los $43 mil millones de dólares, (43 billones de dólares).
Nuestro gasto en planilla pública superará los 4.000 millones anuales y el pago de subsidios será mayor de 3.500 millones, no menos de 7 mil quinientos millones de dólares dirigidos fundamentalmente a mantener al clientelismo político que sostiene a la partidocracia política. La Caja del Seguro Social enfrenta un desastre mayúsculo que de no ser resuelto, (y nada indica que lo será bajo un gobierno de corte tradicional politiquero), dependerá de la intervención estatal para evitar su desplome.
Y estas son apenas algunas de las partes de un rompecabezas administrativo que todo sugiere empeorará hacia el 2024, no importa cuan optimistas luzcan los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país, ni el hecho de que en papel resulte más prometedor nuestro futuro comparado al de otras naciones del hemisferio. Seguimos botando recursos, malgastando dinero, sosteniéndonos con deuda, sobornando al electorado con puestos públicos innecesarios y evitando el tipo de planificación y de inversión que necesitamos a nivel nacional
La solución a nuestra urgente situación requiere de la reforma integral de nuestros tres órganos de administración, empezando por el Judicial. Nada de eso ocurrirá bajo una presidencia PRD, CD o Panameñista.
Alterar el curso de nuestro presente estado no es tan difícil como algunos consideran. Lo que se requiere para hacerlo es voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano. La realidad histórica muestra que en cuanto a la Administración Pública, hace décadas que un puñado de mediocres sinvergüenzas desde partidos políticos han controlado a una mayoría, indolente, o hecha su cómplice (clientelismo). Nuestro silencio, indiferencia y complicidad son los responsables de la hegemonía y existencia de la corrupción político-administrativa.
En el 2024 la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar: es llegar para enfrentar, derrotar y reformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al Órgano Judicial en contra y que, por el usual voto fracturado, efectivamente, quién resulte electo(a), no contará con el apoyo de la población que votó en su contra, ni el del grupo que no muestra interés por el futuro político-administrativo del país por no acudir a las urnas, ni reaccionar a los llamados de solidaridad y civismo.
Entonces, ¿cómo podría gobernar en el 2024 un candidato(a) independiente electo bajo tales condiciones?
Eliminándolas desde el ejecutivo, para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 2024. Lo ideal para el Presidente(a) electo(a) sería contar con una mayoría en la Asamblea; pero de no ser así tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremos que parezcan sus argumentos, para poder cumplir con su tarea reformadora.
A los que recomiendan evitar enfrentamientos y negociar con el «status quo» les recuerdo que ningún cáncer hará un arreglo con los médicos permitiendo su eliminación: la corrupción jamás aceptará voluntariamente renunciar a sus actuales controles y poder.
Para gobernar dentro del marco de una maldad institucionalizada, un presidente(a) electo en el 2024 tendría que aceptar las condiciones impuestas por las cúpulas partidistas, sus aliados y patrocinadores. Eso haría al nuevo mandatario(a) corrupto(a) por accesión, no importa cuan bien intencionada haya sido su intención original, cuán acertados sus argumentos, cuan claros y posibles sus objetivos. Tal acto defraudaría a la población que votó por él o por ella y certificaría el triunfo del «juega vivo» al demostrar que sin aceptar aliarse a la corrupción nada correcto podrá hacerse administrativamente en Panamá.
Creo que no se debe negociar con la corrupción, punto. Hacerlo sería aceptar y sostener a una enfermedad cívica que ha sido premeditadamente introducida, legalizada e incorporada a nuestros códigos, normas y estructuras administrativas, y también a nuestra cultura ciudadana.
Alterar décadas de corrupción requerirá de acciones enérgicas y del apoyo de un pueblo que acepta la necesidad del cambio y que está dispuesto a confiar en la capacidad e intención noble de su nueva dirección política.
A mi entender, el primordial propósito del 2024 será el de escoger a candidatos(as) que lleguen a la asamblea y a la presidencia para sanear la hoy corrupta y mediocre estructura político-administrativa que gobierna al país y así eliminar sus efectos, tóxicos para el interés nacional.
¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta del clientelismo partidista y elegir a un candidato(a) independiente y a una asamblea formada por independientes, para crear un nuevo paradigma administrativo y con él, al Panamá que puede ser?
Esa es mi pregunta al país.
Rubén Blades
16 de Enero, 2022