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2019 fue el año con más homicidios desde el 2015

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El año 2019 terminó con un saldo de 472 homicidios, el número más alto que ha tenido Panamá desde el año 2015. Diciembre fue el mes más sangriento, con unas 72 víctimas de homicidios. La provincia de Panamá fue el escenario del 46% de los homicidios, seguida por la provincia de Colón (17%).

Víctimas de homicidios 2019

Para referencia, en el año 2018 la cifra de homicidios fue de 439, y en diciembre fueron 30, menos de la mitad de los homicidios en diciembre de 2019.

Víctimas de homicidios 2018

El año más cercano que superó al 2019 en homicidios es el 2015, donde se registraron 493. Aun así, no hubo un mes con tantos homicidios como diciembre de 2019.

Con todo y esta alza en la cantidad de homicidios, los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se rehúsan a citar al ministro de seguridad, Rolando Mirones.

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Ulloa vs la realidad

El Procurador Eduardo Ulloa parece haber tergiversado la verdad al decir que Rafael Carvajal no es fiscal

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En una entrevista a La Estrella de Panamá, el procurador manifestó que el abogado Rafael Carvajal no es fiscal.

El procurador Eduardo Ulloa se pronunció en un medio de comunicación esta semana sobre el polémico nombramiento del abogado Rafael Carvajal. En la entrevista, el procurador manifestó que Carvajal «no es Fiscal sino asistente, que no tiene ninguna injerencia en los procesos penales”. 

Sin embargo, en la planilla oficial de Contraloría, Carvajal aparece como “Fiscal Superior” con un salario de $3,500 más $3,500 de gastos de representación. Un dato curioso es que Carvajal no aparece listado como Fiscal Superior en el directorio del Ministerio Público, y los asistentes en este organismo tienen un salario aproximado de $2,500, dejando dudas sobre las funciones del abogado. La polémica nace del historial partidista de Carvajal, quien ha salido públicamente a defender al ex presidente Ricardo Martinelli y su partido. Además, en el 2019 mostró interés en ser candidato a Diputado por ese colectivo. 

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Tráfico de armas en plena veda, funcionarios involucrados. Así ocurrió

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Diversas armas como fusiles y escopetas de guerra, entraron a Panamá entre 2013 y 2017, mientras estaba vigente la veda de armas.

Las mismas fueron legalizadas en Panamá con la ayuda de funcionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), la oficina dedicada al trámite de porte y tenencia de armas de fuego, explosivos y municiones. 

Las periodistas Zaida Herrera y Grisel Bethancourt, para La Prensa y El Digital Panamá, en alianza con CONNECTAS/ICFJ, llevaron a cabo una investigación periodística en la que tuvieron acceso a 43 tomos del expediente preliminar del caso.

Según los archivos un informante anónimo alertó a las autoridades de los hechos e iniciaron la investigación en septiembre de 2017. 

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada determinó la participación de tres personas en el caso: 

  • Yu Ki Tong: ciudadano Británico nacido en Hong Kong y residente en Panamá. Era quien introducía las armas desde Estados Unidos, Florida. El armamento entraba bajo la fachada de “equipo deportivo”. En su mayoría fue vendido a miembros del Club de Tiros de Balboa, del que Yu Ki Tong era socio.

    La Fiscalía lo ubicó como autor intelectual de los supuestos delitos de tráfico de armas y explosivos, así como de falsificación de documentos.
Yu Ki Tong, foto: La Crítica
  • Ovidio Fuentes: Exdirector de la DIASP, designado en el puesto en agosto de 2017, durante la administración de Juan Carlos Varela. La Fiscalía lo señaló como cómplice primario. Se entregó a las autoridades en octubre de 2018.
Ovidio Fuentes, Foto: Mi Diario
  • Ivette Flores Forero: fue la jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas de la DIASP, desde el 30 de octubre de 2016 hasta mayo de 2017. Señalada en el caso como cómplice secundaria.
Ivette Flores Forero. Foto: La Prensa

Además, la Unidad Sensitiva recolectó diligencias que vinculaban a más de ocho funcionarios de menor rango policial, con funciones en los archivos, registro, permiso de armas y que atendían directamente las órdenes de Ovidio Fuentes.

Una Oficina VIP 

Según el testimonio de Ivette Flores Forero, Ovidio Fuentes creó una oficina VIP dentro de la DIASP para tramitar los permisos de clientes especiales. 

Ivette contó a las autoridades que Ovidio mantenía una ‘pirámide de mando’ dentro de la DIASP con varios funcionarios de su círculo cercano. Señaló que los mismos funcionarios determinaban quién sí y quién no debía recibir “permisos VIP de armas de fuego”. 

“Fue creada por Ovidio Fuentes, y puso como jefa a la capitana Iveth González de Harker” relató Ivette a las periodistas. También confirmó que Yu ki Tong visitaba las oficinas de la DIASP. 

Sede de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública. Foto: La Prensa

“Los expedientes para permisos de armas de las personas VIP ya venían firmados por el director Ovidio Fuentes, para hacer ver que el mismo ya había cumplido con los requisitos de dicho trámite”, le dijo Ivette Flores Forero al ente investigador. 

La incautación de datos del teléfono móvil de Yu Ki Tong, dejaron en evidencia la influencia que tenía en la oficina de la DIASP, Tong le ofrecía a sus compañeros del Club de Tiros de Balboa, armas y permisos.

Una fuente anónima reveló en entrevista que para otorgar los permisos la DIASP solicitaba altas cantidades de dinero. Otros usuarios de armas confirmaron que sabían del cobro extraordinario para agilizar los permisos.

Peligro inminente

La perito de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Indira Pineda, aseguró que encontraron “irregularidades” en la DIASP. 

Por ejemplo, la falta de pruebas balísticas obligatorias para armas de grueso calibre. De manera discrecional se decidía cuáles sí o cuáles no debían pasar por este requisito, pese a ser mandatorio. 

Asimismo, la Fiscalía encontró incongruencias en los registros alfanuméricos identificados, lo que los llevó a determinar que hubo falsificación de documentos públicos.

Durante la audiencia de fase intermedia (enero de 2020), el fiscal adjunto dijo que se registraron armas de guerra –prohibidas para civiles, en Panamá.

La fase de juicio oral fue programada para el 15 de marzo de 2021 en la sala 9 a las 9:00 a.m.

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Medidas sociales aprobadas por la Asamblea ante el coronavirus

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La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley 281 que establece medidas sociales frente a la emergencia nacional sanitaria declarada por los casos de coronavirus en Panamá. La iniciativa fue propuesta por la diputada Ana Giselle Rosas del partido Cambio Democrático.

Aquí los puntos más relevantes del proyecto:

  • Garantizar que durante la emergencia nacional a nadie se le suspendan los servicios públicos indispensables, como agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones.
  • Suspender los pagos de hipotecas, y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja en su liquidez que imposibilitaría el pago de estos. El plazo de la suspensión no sobrepasará los 30 días luego de levantada la emergencia nacional.
  • Controlar los precios de productos necesarios para la salud pública para asegurar su disponibilidad en el mercado.
  • Establecer, y comunicar, un plan para la recuperación de la carga académica perdida.
  • Suspender los términos e interrumpir los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos jurisdiccionales y administrativos.
  • Velar por la salud, cuidado y bienestar de las personas en estado de indigencia.
  • El Ministerio de Educación deberá establecer, en conjunto con los colegios particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción, o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos educativos.

Aquí puedes monitorear los casos de coronavirus Covid-19 en Panamá

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