Por Samuel Sucre

Los humanos (Homo sapiens) solemos describirnos como “la especie que piensa”: capaces de abstracción, de ciencia, de arte y de proyectos que en otras épocas parecían imposibles. Pero hay una cualidad igual de definitoria, y hoy más urgente, que rara vez ponemos al centro de nuestra identidad: la capacidad de administrar.

Administrar no es dominar. No es destruir, ni explotar por explotar. Administrar es organizar el uso de algo en el tiempo, con reglas, incentivos y límites, para que ese “algo” siga existiendo y siga generando bienestar. Y si hay una época en la que esa habilidad debería ser nuestro sello, es esta: una era de crisis ambientales globales, donde la pregunta no es si los humanos merecemos o no existir, sino qué tipo de humanos decidimos ser.

A veces aparecen corrientes ambientales que, con rabia o desesperanza, coquetean con la idea de que la extinción humana sería “la solución” a los problemas ambientales. Entiendo el cansancio que produce ver ecosistemas degradados, especies en declive, metas incumplidas y promesas rotas. Pero esa postura, además de impracticable, contradice la esencia de un ambientalismo serio: cómo construir una convivencia sostenible a largo plazo, que preserve la biodiversidad y la dignidad humana.

En este contexto, me resulta una lástima que nuestro epíteto específico no haya sido administrator. Porque, nos guste o no, el planeta de hoy no necesita que el humano desaparezca: necesita que el humano aprenda a administrar.

Durante décadas, una parte de la agenda ambiental ha descansado demasiado en un reflejo prohibicionista: más restricciones, más barreras, más trámites, más castigos. La intención suele ser buena: “si restringimos el acceso, reducimos el daño”. Pero el resultado, con frecuencia, es otro: se reduce el acceso formal y sostenible, y se empuja el uso hacia la informalidad, donde no hay planificación, monitoreo ni reglas reales.

Cuando el acceso legal a recursos renovables se vuelve un laberinto que solo pueden navegar quienes tienen tiempo, capital y contactos, ocurre una paradoja dolorosa: el ciudadano común queda fuera, las élites se quedan con las oportunidades, y la presión sobre el recurso no desaparece… solo cambia de forma.

Si el enfoque estuviera funcionando de manera consistente, hoy veríamos señales claras y generalizadas: cumplimiento sostenido de metas, recuperación amplia de poblaciones amenazadas, reducción robusta de economías ilegales asociadas a recursos naturales, y una disminución marcada de la pérdida de hábitat, entre otras. Pero la realidad es más compleja: en muchas regiones de alta biodiversidad la degradación persiste, la desigualdad se agrava y los mercados informales siguen siendo atractivos porque, en ausencia de alternativas, son la única puerta abierta.

Pensemos en una persona rural sin ingreso estable, con familia que alimentar, viviendo en un lugar sin servicios básicos. Frente a su casa hay un parche de bosque. La pregunta real que enfrenta no es filosófica: es inmediata. Si ese bosque no le da comida, ni medicina, ni ingreso, ni seguridad, y podría destruirlo para producir alimento, ¿por qué lo protegería?

Pedirle que elija “el hábitat” por encima de sus hijos es, como mínimo, exigir heroísmo como política pública. Y una política pública basada en el heroísmo fracasa casi siempre.

Ahora cambiemos el escenario. ¿Qué pasa si esa persona puede acceder de forma fácil y legal al valor de ese bosque mediante usos sostenibles, monitoreables, formalizables, con reglas claras, que le den una vida decente? Entonces la pregunta cambia por completo:

“¿Por qué voy a destruir este hábitat si me sostiene?”

Ahí aparece el núcleo de lo que propongo: la conservación no puede tratarse solo de regular; debe aprender a incentivar. Y debe hacerlo con seriedad, sin infantilizar a la gente ni romantizar la pobreza.

La sostenibilidad tiene tres pilares: ambiental, social y económico. Es fácil repetirlo pero difícil diseñarlo. Cuando uno de esos pilares se ignora, la estructura colapsa: Si solo cuidamos lo ambiental, pero destruimos las oportunidades de vida de las comunidades, creamos resentimiento y economías paralelas; Si solo cuidamos lo económico, degradamos la base natural que sostiene cualquier economía; Si solo cuidamos lo social sin medios materiales, el proyecto se vuelve simbólico y frágil.

Administrar es aceptar que la naturaleza no es un museo y solo de uso contemplativo, pero tampoco una mina infinita. Administrar es reconocer algo incómodo: toda sociedad depende de los recursos naturales. La diferencia moral y ecológica no está en depender, sino en cómo suplimos la dependencia: con modelos extractivos o con modelos sostenibles.

Un error frecuente es meter todo en la misma bolsa: “uso humano” como sinónimo de daño. Pero no todos los usos son equivalentes, ni todos los actores son iguales. Hay quienes no quieren considerar el ambiente. Y hay quienes sí quieren, pero no pueden, porque el sistema los expulsa: requisitos imposibles, trámites interminables, costos que una familia no puede asumir. Esa distinción importa. Si la política pública no la reconoce, termina castigando al que intenta hacerlo bien y premiando al que opera fuera del sistema.

Si queremos una economía más sostenible y un planeta más habitable, tenemos que salir de la caja de “más regulación por defecto” y entrar en la caja de administración inteligente: reglas simples, claras y fiscalizables; incentivos reales para la formalidad; acceso democrático a modelos sostenibles; monitoreo basado en evidencia; y consecuencias proporcionales, enfocadas en quienes destruyen deliberadamente.

Necesitamos menos discursos que suenan bien y más sistemas que funcionen en el mundo real. Si queremos desarrollar economías verdes y sostenibles, tenemos que crear políticas públicas que tomen en cuenta los mercados, no que los ignoren esperando que desaparezcan por arte de magia, y que incentiven actividades sostenibles, no que las vuelvan imposibles de iniciar para la mayoría.

El mundo no necesita que el humano renuncie a existir. Necesita que el humano evolucione en carácter y en diseño institucional. Tal vez el nombre que nos corresponde, en esta etapa, no es sólo Homo sapiens. Tal vez lo que el siglo exige es que aprendamos a ser, por fin:

Homo administrator.

El torbellino político que ha generado la reciente visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Panamá ha dejado una estela de versiones encontradas. Tres, para ser exactos. Tres relatos distintos de un mismo encuentro, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿quién está diciendo la verdad?

Primera versión: la de Mulino. Apenas terminada la reunión con Rubio, el presidente panameño salió a dar la cara y explicar lo que, según él, sucedió. Según su relato, fue una conversación diplomática, cordial, donde Panamá dejó claro que el Canal no está en juego y que cualquier tema tarifario lo maneja la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Además, Mulino aprovechó para echarle una pulla a los estadounidenses, recordándoles que si los chinos tienen presencia en los puertos panameños es porque EE.UU. ha descuidado su inversión en la región. También anunció que no renovará un acuerdo comercial que Varela firmó con China, aunque dejando en claro que esto no afecta las relaciones diplomáticas.

Segunda versión: la del Departamento de Estado. En papel, el gobierno estadounidense pintó otro panorama. Según su comunicado, Rubio fue a Panamá con una actitud de “sheriff del hemisferio”, exigiendo que se tomaran cartas en el asunto sobre la presencia china en el Canal y lanzando una especie de ultimátum sobre posibles medidas si no se cumplía con sus exigencias. Un mensaje agresivo que mantiene viva la narrativa trumpista de que los chinos “controlan el Canal de Panamá”, un relato que no tiene asidero en la realidad pero que les es políticamente útil.

Tercera versión: la de Marco Rubio… o más bien, su silencio. Porque aunque el funcionario estadounidense dio una conferencia de prensa en Albrook, no dijo absolutamente nada sobre el Canal de Panamá. Ni una palabra. Ni mención al supuesto ultimátum, ni advertencias sobre China, ni reafirmaciones de lo que Trump viene cacareando. Nada.

Y aquí es donde vale la pena detenerse a leer entre líneas. Sabemos que Trump es un experto en construir realidades paralelas y discursos incendiarios, pero no necesariamente todos en su equipo están dispuestos a seguirle el juego al pie de la letra. Rubio, a diferencia de su jefe, sí tiene que pensar en su carrera política y no puede darse el lujo de andar mintiendo descaradamente como si nada. Es probable que, después de recorrer el Canal y hablar con las autoridades, haya notado que el cuento de la “presencia china” no es más que eso: un cuento.

Entonces, ¿a quién le creemos? Si hay algo claro en política, es que el papel lo aguanta todo. Pero cuando el propio emisario de EE.UU. evita mencionar el tema del Canal en su conferencia de prensa, el mensaje es claro: o no le quiso dar respaldo público a las amenazas de su jefe, o simplemente no había nada que decir porque no hay tal “invasión china” en el Canal.

Por eso, si hay que escoger entre las tres versiones, la de Mulino es la más creíble. Fue el único que dio la cara y habló al país. Mientras el Departamento de Estado se refugió en un comunicado agresivo y Rubio simplemente prefirió el silencio, Mulino por lo menos explicó su postura. Al final, lo que ocurrió a puertas cerradas solo lo saben ellos, pero los signos públicos son suficientes para darnos una idea de lo que realmente pasó.

Ahora queda la pregunta: ¿cuánto tiempo más seguirá EE.UU. alimentando esta narrativa falsa? Y lo más importante: ¿cuánto tiempo más permitiremos que lo hagan?

Este jueves, Panamá recordó con solemnidad los eventos del 9 de enero de 1964, fecha en la que un grupo de valientes estudiantes enfrentó a las fuerzas militares estadounidenses en la Zona del Canal, marcando un antes y un después en la lucha por la soberanía nacional. La ceremonia principal se llevó a cabo en la Llama Eterna del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, con la participación de autoridades, familiares de los mártires y representantes del Movimiento 9 de Enero.

El presidente José Raúl Mulino, acompañado de miembros de su gabinete, encabezó el acto conmemorativo y depositó una ofrenda floral en honor a los mártires que perdieron la vida defendiendo el derecho de los panameños sobre su territorio. Durante la ceremonia, se resaltó la valentía de los estudiantes que, armados únicamente con una bandera panameña, desafiaron a las tropas estadounidenses, desatando una represión que dejó varios muertos y heridos.

Además del acto en la Llama Eterna, se realizó una romería en el Cementerio Jardín de Paz, donde reposan los restos de algunos de los mártires. Familias y autoridades depositaron flores en las tumbas y ofrecieron oraciones en memoria de los caídos, recordando su sacrificio como un pilar en la consolidación de la soberanía nacional.

El historiador Omar Jaén Suárez, quien fungió como orador principal en la ceremonia en Ascanio Arosemena, destacó que el sacrificio de los mártires no fue en vano, ya que su valentía impulsó un movimiento que culminó con la firma de los Tratados Torrijos-Carter y la devolución del Canal a manos panameñas. “Es un legado de soberanía que debemos proteger y honrar”, señaló Jaén Suárez durante su intervención.

En el acto, los familiares de las víctimas también tomaron la palabra para recordar a sus seres queridos, cuyo sacrificio es considerado un pilar fundamental en la consolidación de la identidad panameña. Representantes del Movimiento 9 de Enero, por su parte, hicieron un llamado a mantener vivo el espíritu de lucha y a recordar la importancia de esta fecha en la historia nacional.

Este homenaje anual no solo recuerda a quienes ofrendaron sus vidas, sino que también reafirma el compromiso de Panamá con la defensa de su soberanía y la preservación de su historia.

La jornada incluyó otros actos conmemorativos a nivel nacional, como actividades culturales, izadas de bandera y charlas en escuelas, para educar a las nuevas generaciones sobre el significado del 9 de enero.