• Funcionarios de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inspeccionaron el edificio Bolívar de la Caja de Seguro Social tras denuncias de supuestas ventas de las bases de datos de la institución.
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• Además, enviaron denuncias al Ministerio Público ya que la venta de bases de datos es un delito.
• «Hay muchas quejas de jubilados que expresan que tan pronto son notificados de que adquieren su conducción empiezan a recibir por correo y llamada con ofertas de préstamos y servicios crediticios» dijo la directora del departamento de Protección de Datos de la Antai, Yelena Ortíz.
• La Antai puede imponer sanciones administrativas que van de mil a 10 mil dólares y en caso de máxima gravedad, cancelar el uso de la base de datos.

Los funcionarios del Municipio han denunciado irregularidades. Aquí todo lo que debes saber:

• El abogado Ernesto Cedeño realizó una petición a la Contraloría General de la República para que se auditen las arcas del Municipio de San Miguelito.
• La petición nace a raíz de las noticias sobre la deuda que mantiene el Municipio de San Miguelito con la Caja del Seguro Social CSS.
• En una entrevista con TVN Noticias, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla anunció que se encontraban realizando un arreglo de pago con la CSS para el pago de prestaciones laborales de los funcionarios del Municipio.
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• El abogado Cedeño además pidió a la Contraloría una nota detallando los funcionarios del gobierno que se encuentran condenados por diferentes delitos, y que son agentes de manejo.
• El artículo 1088 del Código Fiscal establece que: «Para ser empleado o Agente de Manejo es preciso gozar de buena reputación, no haber sido condenado a pena corporal por delitos de falsedad o contra la propiedad, no haber sido calificado por sentencia ejecutoriada como quebrado fraudulento o culpable y no ser deudor moroso del Tesoro.»
• Esta solicitud a raíz de la elección de Yoira Perea y Mario Kennedy como Presidenta y vicepresidente del concejo municipal, ambos condenados por malversación de fondos.

• Un grupo de trabajadores de las tiendas Justo y Bueno presentó una demanda colectiva contra la empresa ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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• La denuncia es por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo que establece el despido por causa económica. “La empresa incumplió con la solicitud de despido que corresponde por razones económicas. Además se está reclamando los derechos adquiridos, salarios, indemnización a los trabajadores” detalló Guillermo García Rivas, abogado de 80 trabajadores de Justo y Bueno.
• También manifestó que pedirán secuestrar los bienes de Inversiones Encanto para que se pueda pagar los compromisos con los trabajadores que además incluye el pago desde hace más de un año y medio de la cuota obrero patronal en la Caja del Seguro Social.
• Más de 300 personas quedaron en el limbo laboral después de que Inversiones Encanto, dueña de la cadena, anunció que los supermercados no podrán seguir operando en el país.