José Palma

Consulto y auditor ambiental independiente

A un año del cese de operaciones de Cobre Panamá, es evidente la profunda huella que ha dejado en las comunidades aledañas, con un impacto que trasciende lo económico y lo psicológico. Esta situación ha desatado una serie de implicaciones sociales que merecen un análisis cuidadoso. A pesar de los desafíos que enfrenta la empresa, se han evidenciado acciones positivas que reflejan la resiliencia de estas comunidades y el apoyo que han recibido en momentos críticos.

Lo irónico es que estos sectores levantaron su voz con una fuerza que, según ellos, respondía a la voluntad del pueblo, en defensa de la soberanía, por su amor al ambiente y por la defensa de los derechos humanos. Bueno, otros lo hicieron por el «chen chen« que recibían para mantener la zozobra y el estado de ánimo caldeado, lo cual les era favorable para forjar sus plataformas políticas. Pues claro, era así, aunque muchos lo negaban y se rasgaban las vestiduras en las diferentes redes sociales, tarimas políticas, foros y debates en los que pudieran hacer uso de ese lenguaje tan lleno de ira, rencor y desinformación, pero que para muchos que lo escuchaban, era la única verdad que debían saber aquellos que seguían sus comentarios.

Esto dio como resultado, después del 5 de mayo, que muchos de estos y estas salieran con victorias electorales, puestos populares de votación e incluso, sin saber qué iban a plantear como soluciones. Dicen que “el fin justifica los medios” (Maquiavelo).

Durante los cuatro años de operaciones, la minería fue un pilar económico para el país, proporcionando empleo y recursos esenciales para el desarrollo local. La suspensión de actividades ha resultado en la pérdida de miles de puestos de trabajo, aumentando el desempleo y generando presión sobre las economías familiares. Un claro ejemplo son las más de 265 familias locales y comunidades cercanas al proyecto minero, dependientes de cooperativas y emprendimientos, que ven amenazado su desarrollo económico debido a esta situación. Muchos trabajadores, que dependían de sus salarios para subsistir, se ven ahora obligados a buscar nuevas oportunidades en un entorno donde estas son escasas, lo que ha profundizado su vulnerabilidad económica.

A pesar de estos retos, la solidaridad comunitaria ha sido notable, con la reciente donación de Cobre Panamá al Banco de Alimentos, que consistió en 23,200 kilogramos de filete de pescado, 1,442 kilogramos de espagueti y 4,200 pacas de agua embotellada. Estos alimentos, que permanecían debidamente almacenados en la mina debido al cese de operaciones, fueron donados, demostrando el compromiso de la empresa con quienes más lo necesitan. Este tipo de acciones no solo alivia la carga de las familias afectadas, sino que también fortalece los lazos entre la empresa y la comunidad, promoviendo un sentido de unidad y esperanza.

Las intensas lluvias en Coclé y en el resto del país han agravado la situación en comunidades como Piedras Gordas, El Harino, Llano Norte y Llano Grande. En respuesta, colaboradores de Cobre Panamá, en coordinación con el Municipio de La Pintada, trabajaron para brindar apoyo a las familias afectadas. Ante la situación, hicieron entrega de 1,763 libras de pescado, 20,000 botellas de agua, productos de higiene, colchones y alimentos no perecederos. Además, para facilitar el acceso a áreas de difícil comunicación, la empresa brindó apoyo aéreo mediante un helicóptero, realizó una donación de combustible para que la retroexcavadora del Municipio de La Pintada despejara las rutas obstruidas, mientras los voluntarios del área de Ambiente trabajaban en la remoción de las ramas.

Por otra parte, proporcionaron un camión cisterna con agua para la limpieza del IPT Coclesito y un equipo de ingenieros de la empresa ofreció su experiencia para evaluar los hogares afectados y las vías de acceso. Esto es una muestra más del compromiso de la empresa en continuar apoyando a las comunidades, incluso en estos tiempos difíciles.

Y siguiendo con el comentario de la ironía de todo esto, nunca vimos a ningún gremio, grupo ambientalista, ni personas de las redes sociales llevar un paliativo a estas comunidades en momentos de una tragedia como esta. ¿Saben por qué? Ellos indican y aseguran que todo esto les pasó por el proyecto de la mina de Cobre Panamá, pero lo absurdo es que también en otras provincias, distritos y comunidades de nuestro país se presentaron estos cambios climáticos. Y les quiero recordar que no es lo mismo las consecuencias del cambio climático que las consecuencias del cambio de clima.

Hoy, muchas familias y comunidades siguen esperando que estos grupos desinformadores y mediáticos que surgieron hace un año lleguen con las propuestas sociales, económicas y ambientales que muchos y muchas dijeron tener, y que Panamá contaba con las personas idóneas y profesionales experimentadas para resolver sus problemas y lograr mantener su calidad de vida, obtener recursos económicos basados en el turismo, emprendimientos, agroturismo y demás historias, que hoy se reflejan en la pérdida de la esperanza en un futuro mejor para ellos y sus familias.

Es fundamental crear espacios de diálogo entre las comunidades, el gobierno y la empresa para abordar los problemas y construir un futuro sustentable y sostenible. Iniciativas que fomenten la participación ciudadana son clave para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas en el proceso de toma de decisiones. Este tipo de interacción puede ayudar a establecer planes de acción que reflejen las necesidades reales de la población. De igual manera, se debe hacer una hoja de ruta que no solo busque mitigar los impactos de la suspensión abrupta de las operaciones, sino también promover un desarrollo sostenible a largo plazo, como son los preceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015.

Aunque la paralización de Cobre Panamá ha generado un impacto social significativo, también ofrece una oportunidad para construir una comunidad más unida. Las acciones solidarias y el deseo de superación son faros de esperanza en tiempos difíciles. Es esencial continuar brindando apoyo a las comunidades aledañas en su proceso de recuperación y desarrollo sostenible, reconociendo que, incluso en medio de desafíos operativos, Cobre Panamá ha mantenido su compromiso con el bienestar de la población local. Recordemos que las soluciones se construyen entre todos los actores y todos también somos parte de la solución. Como en su momento dijo John F. Kennedy: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tú país”.

Aram Cisneros Naylor

Intérprete económico 

Panamá se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que tomemos frente a ella ahora definirán nuestro rumbo económico y social en nuestro presente y en los próximos años.

Empecemos por recordar que el 16 de noviembre de 2023, el Estado recibió $567 millones por Minera Panamá, el mayor pago en la historia fiscal del país. Lamentablemente, estos fondos no fueron destinados a programas sociales y comunitarios, según había prometido el expresidente Cortizo.

Esto ha generado preocupación y comentarios en todo el país, pues el manejo cuestionable de aquellos recursos dejó decepcionadas a comunidades que esperaban beneficiarse.

Dichos fondos fueron aceptados por el Estado panameño antes de darse a conocer el fallo de la Corte el 28 de aquel mes. En enero de 2024, fueron transferidos al tesoro nacional, envueltos en un velo de opacidad acerca de su destino final, justo cuando el panorama fiscal es cada vez más complejo. Veamos dos razones.

Primero, a julio de 2024, la Dirección General de Ingresos reportó un déficit de $111 millones en los ingresos tributarios corrientes, por una recaudación 14 % por debajo de lo que se había estimado.

La segunda es que, con un déficit fiscal que probablemente supere el 4 % del PIB, la transparencia en el manejo de los fondos de Minera Panamá no solo es una cuestión de ética pública, sino una necesidad económica urgente.

Es importante resaltar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley, pero no ordenó el cierre de la mina ni mandó a disolver la sociedad panameña Minera Panamá, que está correcta y legalmente constituida, esta decisión la asumió el Ejecutivo. A inicios de 2024, el Ejecutivo tenía la opción de renegociar un nuevo contrato, lo que podría haber evitado el impacto negativo actual en la economía. Obviamente, no lo hizo por el contexto electoral de febrero a mayo y por tener su capital político totalmente agotado.

Por lo anterior, ahora la confianza en las instituciones públicas es esencial para nuestra estabilidad económica. A medida que el ministro Chapman avance en su estrategia fiscal, es crucial que estos procesos se realicen con máxima transparencia.

Recordemos que hay 765,000 trabajadores panameños en la informalidad, y su inclusión en el mercado formal podría mejorar de forma significativa la recaudación tributaria.

Tengamos presente que las calificadoras de crédito se pronunciarán sobre nuestra salud en los próximos meses. Las advertencias de dos de ellas, Moody’s y S&P, exigen que el país envíe a los mercados señales buenas y claras.

Concluyamos comprendiendo que nuestro desempeño económico en 2025 y 2026 depende de que, en lo que resta del año, aseguremos la estabilidad económica que fortalezca la credibilidad de esas calificadoras en nuestras instituciones.