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Enclave colonial en la mitología antiminera
POR: CARLOS SALAZAR
Entre 1903 y 1979, la República de Panamá vio su independencia mutilada por la presencia de aquel enclave colonial conocido como la ZONA DEL CANAL DE PANAMA. Esta entidad gozaba de jurisdicción sobre una franja de 1432 kilómetros cuadrados de nuestro territorio que cubría ambos lados del canal de Panamá y de norte a sur.
En la “zona” como la llamábamos los panameños que la conocimos, sufrimos, transitamos y aportamos con sangre de nuestros mártires de toda una lucha generacional, la cual abarcó todo el período antes mencionado. Había un gobernador, policía extranjera, servicio de correos, leyes que se aplicaban desde una corte en Luisiana, servicio postal propio, Bomberos, escuelas y universidades, comisariatos que no pagaban impuestos al Estado panameño y toda clase de actividades económicas regentadas por ciudadanos de los EE.UU.
Había una quinta frontera que los chorrileros conocían como “el límite” y no fueron pocos los panameños arrestados y condenados por delitos supuestamente cometidos en ese enclave colonial que vino a desaparecer luego de firmados los tratados Torrijos Carter en 1977 y su puesta en vigencia el 1 de octubre de 1979, que ponían fin a ese Estado dentro de nuestro Estado. Eso era un enclave colonial.
Traer por los pelos con el objeto de capitalizar fortuna política, el concepto de enclave para definir el contrato negociado entre Panamá y la empresa Minera Panamá es algo completamente descabellado, fuera de lugar y deleznable.
Este argumento es más dramático, si quien habiendo ocupado el cargo de canciller en el momento en el que resueltas las causas de conflicto entre Panamá y los EE, UU., intentó promover, fracasando rotundamente, la creación de un llamado Centro Multilateral Antidrogas o CMA, el cual le devolvería a los norteamericanos muchos de los privilegios que a sangre y fuego ya habíamos superado para finales de los años 90.
Muchas voces se alzaron en contra de ese vergonzoso intento y los medios son testigos de las escaramuzas intelectuales que dieron al traste con la iniciativa y sus propulsores.
En el proyecto minero de Cobre Panamá no hay gobernador (gobernador de qué dijo Omar), ni policía con uniformes ni pertrechos extranjeros, ni bases militares ni se ejerce jurisdicción alguna que no sea la de las autoridades establecidas de la república de Panamá. El contrato contempla la instalación de oficinas de las agencias estatales como el MICI, Miambiente, MITRADEL y todas las que tengan relación con las actividades desarrolladas en el proyecto y es absolutamente falso por mitológico, que la empresa vaya a tener control alguno sobre el espacio aéreo en el área del proyecto. Lo dispuesto en el contrato establece que es la Autoridad de Aeronáutica Civil de la república de Panamá, la que por razones de seguridad, podría o no, según la circunstancia, impedir que se realice algún vuelo en un momento determinado sobre las instalaciones sensitivas del proyecto minero. No es la empresa la que decide y ordena este tipo de restricción, eso, repito, es completamente falso.
Así que dejémonos de estar inventando conceptos que ni existen ni han sido contemplados en ningún momento por parte del contrato negociado y en proceso de aprobación por parte de las autoridades nacionales. Los políticos deben buscar sus votos sin estar engañando a la población con cuentos de caminos, porque ya ni hay bases militares extranjeras, ni gobernadores ni policías ni juzgados en este solo territorio con una sola bandera, la que flamea a los vientos de la tarde como le cantó Neruda, cuando sí existía un enclave colonial que con certeza le agradaba a muchos de esos políticos desfasados y rechazados por los panameños.
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[Opinión] LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO CARACTERÍSTICA DE LOS PAÍSES QUE PROMUEVEN LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Doctor Juan Carlos Araúz Ramos
Abogado.
La llegada de un nuevo gobierno trae retos importantes. A nuestro juicio, un tema importante es la evaluación objetiva del estado actual de la imagen del país como socio estratégico para desarrollar negocios. Mencionaré varios temas pendientes que se relacionan con el mismo hilo conductor. Inactividad del Estado para mejorar su situación de credibilidad.
En el mes de febrero de 2024 se presentó el Proyecto de Ley 1128 que creaba un Código de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este proyecto buscaba actualizar el régimenjurídico aplicable a los conflictos Estado- particulares y modernizar la legislación que atienden entre otros temas los reproches al Estado como socio comercial de inversionistas. Este proyecto no se pudo discutir y seguimos con una Ley que data de 1946, nada conveniente para presentar reglas claras y modernas en la resolución de conflictos.
Este proyecto quedó pendiente de ser discutido y convertido en Ley de la República, temarelevante que debe ser abordado oportunamente por la Asamblea y nuevo Ejecutivo.
Otro tema de vital importancia es lo relacionado a las calificadoras de riesgo y la evaluación sobre Panamá. Es un tema crucial para mejorar el ambiente de negocios en la República de Panamá; cada punto debe ser atendido de manera objetiva.
La relación del Estado con la minera debe ser abordada. Es contradictorio que, luego de declarada la inconstitucionalidad del contrato minero en un fallo en pocos días, aún el Ejecutivo no termine de resolver los puntos más básicos, como por ejemplo la comercialización del concentrado de cobre que le pertenece a la empresa minera, de acuerdo con el Código de Recursos Minerales, aplicando el criterio que ya emitió elProcurador de la Administración.
Es importante que esos recursos permitan ir sosteniendo la fase de mantenimiento y cuido seguro en el que se encuentra la mina.
Este retraso también debe ser tomado en cuenta como otro indicio de la irresponsabilidad panameña al no querer abordar con prontitud estos temas accesorios a la relación contractual con un inversionista.
Este tema, de manera individual es nada conveniente para la atracción de inversiones.
El nuevo Gobierno también debe analizar los riesgos económicos y litigiosos del Estado de mantener una actitud indiferente a las invitaciones de arbitraje que se han ido presentado.El próximo gobierno debe mirar las causas primarias del conflicto, las obligaciones del Estado de protección de las inversiones, analizar la forma en que llegaron las inversiones y sobre todo tener la disposición de encontrar una solución que favorezca el Estado actual de las finanzas públicas y las necesidades de la población.
A mi criterio, estos puntos son de medular importancia y de suficiente peso como para permitir un giro importante en el mejoramiento de la credibilidad de la República de Panamá como socio estratégico. Por eso estos temas debiesen formar parte de un plan de acción inmediato para las nuevas autoridades que han sido elegidas.
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Cobre Panamá se somete exitosamente a una auditoría de protección portuaria dirigida por la Autoridad Marítima de Panamá
- La empresa Minera Panamá cumple con los más altos estándares de seguridad y protección portuaria
Cobre Panamá superó con éxito la auditoría de protección portuaria llevada a cabo por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
La auditoría se realizó con el objetivo de revisar el cumplimiento del manual de protección portuaria aprobado por la Autoridad Marítima de Panama (AMP) y autoridades competentes. Durante el proceso, se evaluaron los procedimientos de seguridad empleados por Cobre Panamá y se verificó su conformidad con las regulaciones internacionales y nacionales vigentes.
La empresa minera se enorgullece de haber cumplido con los más altos estándares de seguridad y protección portuaria durante la auditoría. Esto es el resultado de la implementación de un riguroso sistema de seguridad y de la constante capacitación de su equipo para garantizar la integridad de las operaciones en el puerto.
Francisco Solís, Superintendente del departamento de Ambiente de Cobre Panamá, señaló: «Nos complace enormemente haber superado satisfactoriamente esta auditoría de protección portuaria. La seguridad y el cumplimiento de las regulaciones son aspectos fundamentales para nuestra empresa. Continuaremos trabajando para garantizar que nuestras operaciones se realicen de manera segura y respetando los más altos estándares internacionales».
La aprobación de esta auditoría refuerza el compromiso de Cobre Panamá con la seguridad y la protección de sus operaciones portuarias. La empresa continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y salvaguardar la integridad de su infraestructura y personal.
Por iniciativa del Centro Escolar Santos Jorge se realizó una jornada de reforestación en el Cerro Guacamaya, ubicado en la comunidad de Cañaveral, provincia de Coclé.
Cobre Panamá aportó unos 200 plantones para esta jornada de reforestación que contó con el apoyo de los bomberos y residentes de las comunidades cercanas al Cerro Guacamaya.
Hilario Trujillo, estudiante de la escuela Santos Jorge, destacó la participación de estudiantes, docentes, comunidad, bomberos y de Cobre Panamá que trabajaron juntos para apoyar el programa de reforestación, que es necesario para el Cerro Guacamaya y áreas aledañas.
Por su parte, el docente Ibrahim Trujillo señaló que la reforestación garantiza agua para todos. “Agradezco a Cobre Panamá, al igual que a los bomberos y a los que nos han ayudado a reforestar y garantizar la fuente hídrica».
A través de estas acciones de reforestación Cobre Panamá reafirma su compromiso con la preservación del ambiente a nivel nacional. Es importante destacar, además, que Cobre Panamá ha desarrollado el vivero más grande del país y el programa de reforestación más amplio llevado a cabo por una sola empresa privada, produciendo más de 1 millón de plantones al año.
[Opinión] LA ENCRUCIJADA ÉTICA Y ECONÓMICA DEL COBRE
[Opinión] PANAMÁ AL BORDE DEL ABISMO: LA MINERÍA ILEGAL SE CIERNE SOBRE UN FUTURO INCIERTO
