El alcalde de Colón, Alex Lee, fue detenido el jueves 16 de mayo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La Fiscalía Anticorrupción emitió una orden urgente el 29 de abril de 2024, acusándolo de peculado, un delito contra la administración pública, relacionado con la Junta Comunal de Barrio Colón en la provincia de Colón, de la cual es también representante.

Según sus abogados, Lee no sabía que desde el 29 de abril tiene una orden de impedimento de salida del país producto de la investigación que avanza el Ministerio Público.

Desde que asumió el cargo en 2020, Lee ha manejado un total de $211.1 millones en presupuesto. Sin embargo, gran parte de estos fondos se han destinado a gastos administrativos y salariales, dejando solo un pequeño porcentaje para inversiones en infraestructura y servicios públicos. Este año, de los $48.1 millones asignados, $43.1 millones se destinaron a funcionamiento y solo $4.9 millones a inversiones.

Durante su mandato, Lee incrementó la planilla municipal en un 51.5%, pasando de 662 a 1,003 funcionarios. Este crecimiento ha supuesto un aumento significativo en el gasto en salarios, alcanzando más de $20.1 millones en 2024, frente a los $12 millones de 2020.

La gestión de Lee ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de Diógenes Galván, candidato a alcalde, quien ha señalado una deuda de más de $6 millones con la Caja de Seguro Social y ha denunciado la existencia de «botellas» (empleados que cobran sin trabajar). Además, Lee ha sido beneficiario de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, recibiendo $4.7 millones entre 2021 y mayo de 2023, fuera del procedimiento legal.

A pesar de las controversias, Lee busca la reelección como alcalde y representante del corregimiento de Barrio Sur en las elecciones de 2024. Publica regularmente videos en sus redes sociales para mostrar sus gestiones, aunque la realidad en las calles de Colón, con basura y espacios públicos abandonados, presenta una imagen contradictoria a sus afirmaciones.

La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad contra el punto dos del Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó a Ricardo Martinelli Berrocal para postularse al cargo de presidente y diputado por el circuito 8-4, tras haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales. En vista de esto se permitió que en la boleta de votación para las elecciones del próximo 5 de mayo aparezca el nombre de José Raúl Mulino.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada Karisma Etienne Karamañites, contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.

Aquí puedes leer la demanda completa.

• Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
Lee también: Detienen a Alex Lee, alcalde de Colón, cuando pretendía salir del país
• La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.

Recibe las noticias de Foco en tu correo

¡Regálanos tu correo electrónico!

Suscribir
• La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.