• Luis Carlos Stoute, subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), presentó una denuncia ante el Ministerio Público que implica a Luis Oliva, exadministrador de la AIG y actual candidato a diputado, en presuntas irregularidades en la administración del programa de vale digital.
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• La denuncia se centra en la plataforma digital «LISTO», usada para administrar el vale digital.

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• Stoute señala hallazgos de «irregularidades o claros indicios» en posibles delitos contra la administración pública.
• La plataforma, inicialmente desarrollada por la AIG, pasó a ser gestionada por una empresa privada, Fintek, S.A., que cobraba comisiones a los proveedores del vale.
• La denuncia sugiere que la migración del software no se debió exclusivamente a problemas de pago, sino a una estrategia premeditada.

Cuestionamientos sobre Fintek, S.A.

• Fintek, S.A., la empresa encargada de LISTO, comenzó como Retail Services Worldwide, S.A. en 2018.
• La denuncia cuestiona cómo Fintek obtuvo el control de la plataforma, desarrollada parcialmente por técnicos de la AIG y financiada con fondos estatales.

• La migración a LISTO generó dos problemas evidentes: Fintek cobraría a los negocios afiliados un 0.5% por operación, y la plataforma era propiedad intelectual de la AIG, desarrollada con fondos públicos.
• Stoute alega que la elección de Fintek para manejar el software no siguió un proceso transparente ni cumplió con la Ley de Contrataciones Públicas.
• Tras las revelaciones, Stoute solicitó una auditoría y cuestionó la legitimidad y transparencia del acuerdo con Fintek, firmado por Oliva casi un año después de la fecha oficial del documento.

• El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que tres buques comerciales, incluido uno de bandera panameña, fueron atacados en el sur del Mar Rojo. A pesar del impacto de misiles, el barco panameño no sufrió mayores daños, y no se registraron víctimas en ninguno de los navíos.
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• El Mar Rojo, ubicado entre África y la península arábica, se mantiene en alta tensión tras los enfrentamientos entre Israel y Hamás, que desestabilizan la región por las alianzas entre países.

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• Ante el ataque, el buque de guerra estadounidense USS Carney respondió a las llamadas de socorro de los buques afectados. El USS Carney, desplegado en la zona, desempeñó un papel crucial al derribar drones y brindar apoyo en la evaluación de daños a las embarcaciones comerciales.
• Los rebeldes hutíes del Yemen afirmaron que Estados Unidos no tiene el derecho de responder a sus ataques en el Mar Rojo. Miembros de los hutíes alegaron que EE. UU. carece de legitimidad para intervenir en la región y expresaron su oposición a la presencia militar de otras potencias en aguas cercanas a Florida.
• Según el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dos de los barcos atacados fueron identificados como «Unity Explorer», con bandera de Bahamas, y «Number 9», con bandera de Panamá. El último barco, «Sophie II», también con bandera panameña, sufrió un ataque pero no informó de daños significativos.
• El comunicado de Estados Unidos señaló que, aunque los hutíes reivindicaron los ataques, hay «todas las razones» para creer que son plenamente permitidos por Irán, país que respalda a los insurgentes yemeníes. Estados Unidos se comprometió a coordinar respuestas apropiadas con sus aliados internacionales.

• El próximo 5 de diciembre, el Gobierno realizará el pago correspondiente a la tercera entrega del décimo tercer salario. Según información proporcionada por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, se destinarán un total de 59 millones 370 mil 333 dólares con 21 centésimos para cubrir este desembolso destinado a los funcionarios.
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• Gerardo Solís, Contralor General de la República, destacó que este pago contribuirá a impulsar la economía familiar de los servidores públicos durante las festividades de fin de año.

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• Según las entidades mencionadas, este desembolso abarcará a todos los servidores de los tres órganos del Estado, así como a entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.