Aram Cisneros Naylor

Intérprete económico 

Panamá se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que tomemos frente a ella ahora definirán nuestro rumbo económico y social en nuestro presente y en los próximos años.

Empecemos por recordar que el 16 de noviembre de 2023, el Estado recibió $567 millones por Minera Panamá, el mayor pago en la historia fiscal del país. Lamentablemente, estos fondos no fueron destinados a programas sociales y comunitarios, según había prometido el expresidente Cortizo.

Esto ha generado preocupación y comentarios en todo el país, pues el manejo cuestionable de aquellos recursos dejó decepcionadas a comunidades que esperaban beneficiarse.

Dichos fondos fueron aceptados por el Estado panameño antes de darse a conocer el fallo de la Corte el 28 de aquel mes. En enero de 2024, fueron transferidos al tesoro nacional, envueltos en un velo de opacidad acerca de su destino final, justo cuando el panorama fiscal es cada vez más complejo. Veamos dos razones.

Primero, a julio de 2024, la Dirección General de Ingresos reportó un déficit de $111 millones en los ingresos tributarios corrientes, por una recaudación 14 % por debajo de lo que se había estimado.

La segunda es que, con un déficit fiscal que probablemente supere el 4 % del PIB, la transparencia en el manejo de los fondos de Minera Panamá no solo es una cuestión de ética pública, sino una necesidad económica urgente.

Es importante resaltar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley, pero no ordenó el cierre de la mina ni mandó a disolver la sociedad panameña Minera Panamá, que está correcta y legalmente constituida, esta decisión la asumió el Ejecutivo. A inicios de 2024, el Ejecutivo tenía la opción de renegociar un nuevo contrato, lo que podría haber evitado el impacto negativo actual en la economía. Obviamente, no lo hizo por el contexto electoral de febrero a mayo y por tener su capital político totalmente agotado.

Por lo anterior, ahora la confianza en las instituciones públicas es esencial para nuestra estabilidad económica. A medida que el ministro Chapman avance en su estrategia fiscal, es crucial que estos procesos se realicen con máxima transparencia.

Recordemos que hay 765,000 trabajadores panameños en la informalidad, y su inclusión en el mercado formal podría mejorar de forma significativa la recaudación tributaria.

Tengamos presente que las calificadoras de crédito se pronunciarán sobre nuestra salud en los próximos meses. Las advertencias de dos de ellas, Moody’s y S&P, exigen que el país envíe a los mercados señales buenas y claras.

Concluyamos comprendiendo que nuestro desempeño económico en 2025 y 2026 depende de que, en lo que resta del año, aseguremos la estabilidad económica que fortalezca la credibilidad de esas calificadoras en nuestras instituciones.

POR: RODERICK R. GUTIÉRREZ PÉREZ

ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

PRESIDENTE DE LA CAMARA MINERA DE PANAMÁ

En el corazón de América Latina, la minería ilegal se ha convertido en una sombra oscura que amenaza con despojar a nuestras tierras de su riqueza natural. Este fenómeno no solo pone en peligro los ecosistemas frágiles, sino que también exacerba los problemas sociales al generar conflictos y tensiones en las áreas afectadas.

La historia nos ha mostrado ejemplos de otros países, como nuestro vecino Costa Rica, donde la cancelación del proyecto minero Crucitas, dejó un vacío que rápidamente fue llenado por mineros ilegales que operan sin ningún control, provocando severos daños ambientales, contaminando fuentes de agua y ocasionando enfrentamientos con las comunidades locales, al punto de crear un conflicto entre dos países, por la cercanía del yacimiento a la frontera de Costa Rica con Nicaragua sumado a que este tipo de minería no contribuye en nada al Estado ni generar empleos formales. Lo que una vez fue un proyecto prometedor terminó siendo un territorio deteriorado que ha dejado cicatrices profundas en la parte ambiental, social y económica de la región.

Con este panorama y tomando en consideración la situación de Cobre Panamá, se corre el riesgo de replicar un escenario similar en Panamá, lo que plantea una interrogante inquietante: ¿Estamos preparados para evitar que el vacío dejado por la minería formal se convierta en un caldo de cultivo para la minería ilegal? El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato ley, sin embargo, por ninguna parte del fallo se ordenó el cierre de la mina. Esa decisión fue del Gobierno anterior, quien a su vez solicitó a la empresa un plan de Preservación y Gestión Segura. Sin embargo, luego de 8 meses que la empresa lo presentara, no asumieron la responsabilidad de tomar acción, dejándole ese problema al nuevo Gobierno.

Y es que no es un secreto que, más allá de las repercusiones económicas y sociales como la pérdida de 40,000 empleos directos e indirectos y las contribuciones al Estado panameño en impuestos y regalías, incluyendo los aportes a la CSS que superaban los 120 millones anuales, la suspensión de operaciones de la mina y la falta de determinación del gobierno anterior para aprobar este Plan, podrían abrir una caja de Pandora con consecuencias impredecibles, con la minería ilegal asomándose como un lobo con piel de cordero a la espera de devorar un ecosistema desprotegido, algo que ya es una realidad en algunas zonas de Panamá.

La minería ilegal es una actividad depredadora que no solo daña el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la salud y seguridad de quienes la practican. Además, crea conflictos sociales, ya que a la par de la minería ilegal, vienen otras actividades ilegales como el narcotráfico, lavado de dinero y trata de blancas, entre otras. Por ello, en recientes declaraciones, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, solicitó a los diputados que realicen los cambios necesarios para poder explotar el proyecto Crucitas y recuperar la minería legal en el país. De esta forma, se busca obtener los beneficios de la industria de manera responsable con la economía, el medio ambiente y sus habitantes.

Por casos y referencias como estos, es necesario que el gobierno panameño y todos los actores involucrados en este debate se tomen el tiempo para analizar las consecuencias a largo plazo del cese de operaciones de Cobre Panamá y de la prohibición de la minería legal en el país. No podemos permitir que la búsqueda de soluciones inmediatas, a presiones políticas del momento, nos conduzca hacia un futuro sombrío donde la minería ilegal se apodere de nuestro territorio.

Un futuro sostenible para Panamá es posible. Un futuro donde la minería sea desarrollada de manera responsable, generando beneficios para el país y protegiendo el medio ambiente para las generaciones venideras. Un futuro donde la razón y el diálogo prevalezcan sobre la incertidumbre y el miedo.

El destino de Panamá está en nuestras manos y la gran pregunta es: ¿Qué camino queremos elegir?