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Investigaciones

¿Cómo apoderarse de 62 kilos de oro y vivir para contarlo?

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La diputada de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, fue contratada hace unos años para recuperar unas láminas de oro incautadas en el aeropuerto de Tocumen. Sus clientes la acusan de apropiarse del oro junto a otro abogado: Rafael Araúz.

En marzo de 2009, José Luis Penagos; de nacionalidad mexicana, y José Felipe Mendoza; de nacionalidad venezolana, partieron en un avión desde México dirigiéndose a Colombia. 

Para llegar a su destino final hicieron escala en Panamá, en el aeropuerto de Tocumen. 

Pero Mendoza y Penagos no eran viajeros comunes, llevaban 66,4 kgs brutos de oro con ellos (65 kgs neto). Al momento de bajarse del avión en Panamá, fueron detenidos por las autoridades y se les decomisó el oro que traían. 

Penagos asegura que al estar en tránsito, no debía declarar el oro en Panamá, si no en Colombia que era su destino final. Las autoridades hallaron restos de metanfetaminas en el oro.

Aeropuerto de Tocume

La travesía de Penagos y Mendoza fue interrumpida cuando las autoridades panameñas los enviaron a La Joya, centro penitenciario donde estuvieron retenidos hasta diciembre de 2009, fecha en la que fueron sobreseídos del caso y deportados, prohibiéndoles la entrada a Panamá. 

Tratando de recuperar su metal precioso, los extranjeros, por recomendación, contrataron los servicios de los abogados Rafael Araúz y Zulay Rodríguez, actual diputada de la Asamblea Nacional. 

“Se hizo un trato verbal de que se les iba a pagar el 20% del valor del oro que se llegara a recuperar” reveló Penagos a Foco. 

José Luis Penagos

Con la esperanza de poder recuperar lo decomisado, y teniendo prohibida la entrada a Panamá, Penagos y Mendoza le entregaron poderes absolutos a sus abogados.

 Tanto Zulay Rodríguez como Rafael Arauz tenían el permiso legal para realizar todo tipo de trámites a nombre de sus clientes en Panamá.

Con el poder que les fue conferido, los abogados firmaron dos acuerdos de pago sin el conocimiento de los extranjeros, sus clientes. 

En uno establecieron que Penagos y Mendoza le debían a Zulay Rodríguez la suma de 690 mil dólares por sus servicios legales. Este acuerdo lo firmó Rafael Araúz en representación de los extranjeros.

En el otro acuerdo pactaron lo contrario. Zulay Rodríguez, representando a los extranjeros, acordó que estos le debían 990 mil dólares a Rafael Araúz por sus servicios. Todo esto sin el conocimiento de sus clientes, quienes ignoraban que habían adquirido una nueva deuda.

Zulay Rodríguez

En ambos acuerdos se establecía que si los extranjeros no cumplían su parte, se podía dar por terminado el acuerdo y exigir inmediatamente el pago. 

Al poco tiempo, Zulay Rodríguez y Rafael Araúz alegaron que los acuerdos se violaron y comenzaron dos juicios por el incumplimiento de los contratos pactados por ellos mismos, exigiendo inmediatamente sus pagos. 

La ansiada liberación

La batalla legal duró años, entre el 2013 y el 2017 el oro seguía incautado por la Autoridad Nacional de Aduanas, bajo custodia en la bóveda del Banco Nacional de Panamá.

Después de mucho forcejeo, Aduanas liberó las láminas de oro. El abogadoRafael Araúz fue quien retiró oficialmente 62 kgs de oro, junto con Zulay Rodríguez, y su esposo, Álvaro Testa. Cuatro kgs del metal precioso desaparecieron sin dejar rastro.

Aunque fueron contratados para recuperar el oro, sus clientes aseguran que ni Rodríguez ni Araúz han tenido algún tipo de contacto con ellos, ni antes ni después de la entrega del metal precioso. 

“Ya ha pasado más de un año desde que les entregaron mi oro y ellos no han tenido contacto conmigo, ni les veo la intención de hacerlo” contó Penagos, “estos señores hicieron toda una componenda siniestra de robo. Es un robo” 

Según él, Zulay Rodríguez tenía un acuerdo con Rafael Araúz para repartirse el oro una vez fuera liberado.

Ahora, Penagos busca a algún abogado para enfrentarse legalmente a Rodríguez y a Araúz, pero no han conseguido quien quiera participar en la batalla. 

Este medio le envió una serie de preguntas a la diputada Zulay Rodríguez para conocer su lado de la historia, pero no hubo respuesta. 

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Monitoreo de coronavirus COVID-19 en Panamá

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Usa esta herramienta para monitorear los casos de coronavirus COVID-19 en Panamá, con información actualizada del Ministerio de Salud.

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Abogada del Meduca, el remedio para las penurias de colegios privados

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Una funcionaria del Meduca recibía dinero por ‘asesorar’ a colegios privados al mismo tiempo que se desempañaba como abogada de la institución estatal. Ahora labora en la Asamblea Nacional, en el despacho de la diputada Corina Cano.

Los colegios particulares, por más que sean privados, no están exonerados de cumplir con las reglas establecidas por el Gobierno, especialmente aquellas que buscan proteger a los estudiantes. Es precisamente el Ministerio de Educación (Meduca) la entidad que se encarga de que las reglas del juego se cumplan en los distintos centros educativos.

Pero no siempre es el interés de los colegios cumplir con dichas normas, sobretodo cuando estas les representan un escollo. Es ahí donde algunas escuelas recurrían a los servicios de Jazmín Nelson Sanz, una abogada del Meduca que trabajaba en esa institución desde hace más de 15 años.

Son varios los colegios privados que confeccionaron cheques a nombre de Jazmín Nelson Sanz, entre ellos The Metropolitan School of Panama, Academia Vasco Nuñez de Balboa e Isaac Rabin.

Según una fuente, esta abogada era la solución para las escuelas que no querían adecuar las facilidades para niños con necesidades especiales, o cuando se querían deshacer de un estudiante, todo sin meterse en problemas con el Meduca.

Los cheques se hacían en concepto de “servicios profesionales” tales como la redacción de una resolución disciplinaria, confección de documentos legales, capacitación en tema de procesos disciplinarios y consultas legales.

Mientras Jazmín ayudaba a los colegios con estos ‘percances’, también era funcionaria del Meduca con un salario de $1,800, dejó de aparecer en la planilla del ministerio en febrero de este año, ahora, labora en la Asamblea Nacional en el despacho de la diputada del Molirena, Corina Cano.

La exfuncionaria ya tiene una denuncia en el Ministerio Público.

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Investigaciones

Las sombrías licitaciones del Meduca

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El Ministerio de Educación (Meduca) busca darle a estudiantes de escasos recursos útiles y uniformes escolares. Para esto habían buscado contratar de forma directa a dos empresas (Ideo Group y Tejidos y Confecciones), pero el 31 de diciembre de 2019 se cancelaron ambas contrataciones después de que este medio expusiera una serie de irregularidades en uno de ellos. 

Tras esto, el gobierno decidió abrir una licitación para comprar los útiles y uniformes mediante concurso.

Ahora el comité verificador recomendó la contratación de la misma empresa que se estaba llevando el contrato directo para los uniformes, y de una empresa con fuertes ligaduras a la misma que iba a ser contratada para los útiles escolares.

Maruja Gordoy, Ministra de Educación

La empresa recomendada para comprar los útiles escolares es Farmar Corp. Según datos del Registro Público el presidente de la sociedad es Rufino Daniel Rodríguez González, pero esto no siempre fue así. 

La sociedad fue registrada en el año 2008, desde entonces no había tenido mucha actividad, hasta que en el año 2019 se le hizo un cambio a su Junta Directiva: entró Rufino Daniel Rodríguez González como su presidente, secretario y tesorero. 

Y es aquí donde comienzan las similitudes con la empresa que inicialmente se iba a beneficiar del millonario contrato con el Meduca: Ideo Group.

Ideo Group también tuvo un cambio en su Junta Directiva para la misma fecha, los cambios de directiva de ambas empresas fueron gestionados por el abogado Felipe Fearon. Este fue funcionario del Meduca en el gobierno de Martín Torrijos, específicamente en el área de contrataciones públicas. 

Ideo Group y Farmar Corp comparten a un directivo: Alberto Ramos, lo curioso es que cuando Foco Panamá contactó a Ramos este dijo no saber que era parte de la sociedad, tampoco tenía conocimiento del contrato millonario. 

La empresa Ideo Group no ha importado materiales escolares al país desde su registro, sin embargo, se les pensaba dar un contrato de $4 millones, mientras que otras empresas con más experiencia en el rubro cotizaban los mismos productos a $3 millones. 

Farmar Corp sí ha tenido contrataciones previas con el Estado, le vendieron $413 mil 822.50 en botas infantiles al Ministerio de la Presidencia mediante una compra directa. 

Los Uniformes Escolares

El otro contrato directo que se canceló fue para comprar uniformes escolares, igual que con los útiles escolares, se abrió una licitación para adquirirlos a través de concurso.

En la licitación se presentaron tres proponentes: Grupo Comercial de Productos, Tejidos y Confecciones, y Multimoda Import. 

La primera empresa no presentó la fianza de propuesta, por lo que quedó deshabilitada. Las dos empresas restantes, Multimoda Import y Tejidos y Confecciones, comparten muchas similitudes. 

Multimoda Import cotizó los uniformes a $4 millones, mientras que Tejidos y Confecciones presentó una oferta de $7 millones. 

El presidente de la sociedad Tejidos y Confecciones S,A es Roberto Attie, también figuran en su junta directiva personas como Budy Attie, Mayer Attie y Salomón Attie. 

En tanto, la sociedad Multimoda Import está presidida por Paola Quijano, abogada que registró la sociedad de Tejidos y Confecciones. 

En su sitio web se indica que Multimoda Import es parte de Prestige Fashion, Multimoda nació de una fusión internacional y comenzó a formar parte de la familia Prestige Fashion en 2010” se lee en uno de los apartados del sitio.

Prestige Fashion es presidida por Budy Attie, también figuran en la Junta Directiva Jonathan Attie, Ramy Attie y Salomón Attie. 

Budy Attie es un destacado miembro del Partido revolucionario Democrático (PRD), recaudó dinero para la campaña de Balbina Herrera cuando fue candidata presidencial  por el PRD. 

El comité verificador recomendó contratar a la empresa Tejidos y Confecciones. 

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