• La Defensoría del Pueblo dice que no pudo comprobar las supuestas esterilizaciones forzosas que se denunciaron en Bocas del Toro.
• El 16 de febrero de este año la diputada suplente Walkiria Chandler expuso en la Asamblea Nacional su preocupación por esterilizaciones que dijo se le estaban efectuando a una población en específico y sin el consentimiento de la paciente.
• Dos días después la diputada Kayra Harding interpuso la denuncia en el Ministerio Público.
• A raíz de esta denuncia la Defensoría del Pueblo inició una investigación.
• En el informe de la investigación, publicado en la página web de la Defensoría del Pueblo, se indica que personal de la institución viajó a Bocas del Toro para reunirse con las víctimas, pero los líderes de la comunidad les dijeron que ellas no querían conversar.
• Más tarde, el 22 de febrero, una supuesta víctima se apersonó a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Panamá.
• La mujer narró que en el 2019, después de un parto por cesárea, el doctor le dijo que ya no podía tener más bebés.
• La Defensoría logró comprobar que esta paciente fue trasladada al Hospital de Almirante donde efectivamente le hicieron una cesárea y una salpingectomía, existe consentimiento escrito de la paciente para estos procedimientos. No se indagó sobre las condiciones en las que la mujer firmó estos documentos de consentimiento.
• La víctima, en su entrevista con Defensoría, dijo que en medio del dolor de parto, le tomaron la mano y firmaron un documento que no le fue explicado ni leído.
• La Defensoría del Pueblo concluyó que «no existen elementos concluyentes en esta investigación que comprueben la práctica de una esterilización forzada».

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