Hoy, FOCO Panamá publicó en Instagram que las autoridades de la Caja de Seguro Social están ignorando la solicitud de directores médicos de comprar pruebas con 95% de sensibilidad, ya que hasta el momento, las que están adquiriendo poseen solo un 67%, lo que podría estar arrojando falsos negativos.

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Decisiones que preocupan.

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La preocupación de los conocedores en la materia radica en que al estar haciendo estas pruebas con un 52 a 67% de sensibilidad, podría estar registrándose en nuestro país un rebrote por falso negativo. «Alguien tendrá que pagar por los fallecidos que pueden evitarse. Estos señores, por sus negociados, no les importa nada con la gente» nos comentó una fuente que presenció lo ocurrido en la licitación en la mesa conjunta del MINSA y la CSS.

Este medio tuvo acceso a la carta enviada a Ana Cuestas, Directora Nacional de Compras, y que fuera firmada por Miguel Cáceres, Subdirector Nacional de Tecnología y Seguridad, Rudick Kant de la Coordinación Nacional de Epidemiología, Dalyr De León de la Coordinación Nacional de Bioseguridad, Yanela Arcia de la Subcoordinación Nacional de Infecciones Nosocomiales, Laura Tello de la Coordinación Nacional de Insumos Médicos y Vicente Chiu jefe del departamento Nacional de Gestión y Evaluación de Tecnología Sanitaria. En la carta indican que tienen por interés «reducir al máximo el riesgo de los pacientes para atención hospitalaria y recurso humano que los atiende» que para las pruebas de antígenos requieren «la mayor sensibilidad posible (95% o mayor). Ya que se estima que el impacto de los casos sospechosos es dramático».

Sin embargo, pese a que la carta fue firmada el 17 de agosto de este año, el proceso de licitación en Panamá Compras continúa a tambor batiente, ya que fue introducida el pasado 22 de septiembre, fecha en que además se aperturó la presentación de cotizaciones, y se adjudicaron 300,000 pruebas rápidas con sensibilidad no mayor al 67%. ¿Quién va a responder por los fallecidos que pudieran evitarse?

El día de hoy el Congreso General y de Cultura Guna, máximas autoridades administrativas y tradicionales de Guna Yala, se manifestaron en un comunicado de prensa, ante la opinión pública nacional e internacional que, debido a los últimos acontecimientos ocurridos con algunos políticos, vinculados al partido gobernante, donde el máximo representante del gobierno esté involucrado en hechos delictivos de narcotráfico, además que un diputado esté siendo procesado por delitos sexuales y su suplente y actual diputado por el circuito 10-2 tenga denuncias en la corte relacionadas a supuestos delitos relacionados con droga. ¡OMG!

AQUÍ EL COMUNICADO

El abogado José Saldaña, de la firma Saldaña Concepción & Asociados, nos puso al tanto de una serie de denuncias por irregularidades, en el Servicio de Protección Institucional, SPI.

El licenciado Saldaña explicó a Foco Panamá, que la situación que se vive hoy con unidades de esta entidad es lamentable. Hechos que, según él, lleva meses denunciando, desde que el actual gobierno de Laurentino Cortizo entró al poder y designó al comisionado jubilado José Gómez, como asesor de seguridad, y designó a Julio César Jean Louis y a Eric Espino como como director y subdirector respectivamente.

Posible actos de corrupción de serviores públicos, abuso de autoridad, hostigamiento a las unidades, persecución, posibles delitos de destrucción de pruebas, alteración documentos, documentos ficticios, traslados que no se justifican e, inclusive, se le están suspendiendo las vacaciones a algunas unidades, por mencionar algunas.

Para Saldaña es lamentable ver que ya ha presentado cuatro denuncias penales y tres querellas penales, las cuales ya han sido admitidas, y que ayer presentó la última en la Procuraduría General de la Nación, donde se está querellando al subdirector del SPI conjuntamente con el director .

«El teniente Robles y el cabo Magallón estan querellando al subdirector del SPI conjuntamente con el director, por haberlos extorcionado, obligado a declarar sobre un hecho no delictivo, el cual ellos manejaron a su antojo, con personal de la ORP (Oficina de responsabilidad profesional) y la DOA, que es como la dirección de inteligencia y seguimiento del SPI. Los demandados armaron un paquete, le dieron información a un ciudadano extranjero de todo el expendiente contentivo de la investigación en la ORP para que así ellos pudieran denunciar a mis representados, sin embargo, en las carpetillas donde se observa el examen médico, arrojó que la persona no estaba lesionada y no le podían asignar incapacidad lo que constituye una simulación de hecho punible en actuaciones judiciales» comentó

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Preocupantes las irregularidades en los estamentos de seguridad. Información completa en www.focopanama.com

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Continuó diciendo «todas estas cosas fueron orquestadas por el subdirector, quien solo quería la cabeza de un capitán y por eso orquesta esto y se le presentó la querella penal. También hemos presentado una denuncia en la Fiscalia Anticorrupcion y ante la Contraloría en contra de una funcionaria que ejercía el cargo de jefa de Recursos Humanos, la cual mantiene un nombramiento de explosivista sin serlo, por lo que fue denuciada para que sea investigada la posible lesión al estado por peculado de uso. Esta funcionaria no ejerce como explosivista»

«Con respecto al director del SPI, se le presentaron querellas penales y denuncias penales por el programa Mi Escuela Primero, en donde se desviaron fondos de este programa, ya que en el área de Ñocribo no construyeron las aulas escolares, ni los comedores y se gastó 6 mil de los 150 mil asignado a materiales» concluyó.

Lo triste, según nos cuenta el abogado Saldaña, es que presentan las pruebas que pedía el Presidente y nadie hace nada.

En otro tema publicado por el diario La Prensa, la legislación que regula las remodelaciones en el Casco Antiguo, prohíbe instalar compresores de aires acondicionados en fachadas o que sean vistos desde afuera. El SPI habilitó un comedor en la parte inferior de la cancha deportiva construida sobre la Ave. Eloy Alfaro e instaló máquinas sobre su fachada, en desconocimiento pleno y respeto de las leyes.

Lo peor es que lo hizo sobre la muralla, un bien de primer orden del conjunto monumental histórico. La instalación es visible desde la entrada principal del sitio y desde el Parque V Centenario.

Aquí los documentos que respaldan las denuncias y querellas que nos presentó el licenciado Saldaña.