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Judiciales

Tráfico de armas en plena veda, funcionarios involucrados. Así ocurrió

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Diversas armas como fusiles y escopetas de guerra, entraron a Panamá entre 2013 y 2017, mientras estaba vigente la veda de armas.

Las mismas fueron legalizadas en Panamá con la ayuda de funcionarios de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), la oficina dedicada al trámite de porte y tenencia de armas de fuego, explosivos y municiones. 

Las periodistas Zaida Herrera y Grisel Bethancourt, para La Prensa y El Digital Panamá, en alianza con CONNECTAS/ICFJ, llevaron a cabo una investigación periodística en la que tuvieron acceso a 43 tomos del expediente preliminar del caso.

Según los archivos un informante anónimo alertó a las autoridades de los hechos e iniciaron la investigación en septiembre de 2017. 

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada determinó la participación de tres personas en el caso: 

  • Yu Ki Tong: ciudadano Británico nacido en Hong Kong y residente en Panamá. Era quien introducía las armas desde Estados Unidos, Florida. El armamento entraba bajo la fachada de “equipo deportivo”. En su mayoría fue vendido a miembros del Club de Tiros de Balboa, del que Yu Ki Tong era socio.

    La Fiscalía lo ubicó como autor intelectual de los supuestos delitos de tráfico de armas y explosivos, así como de falsificación de documentos.
Yu Ki Tong, foto: La Crítica
  • Ovidio Fuentes: Exdirector de la DIASP, designado en el puesto en agosto de 2017, durante la administración de Juan Carlos Varela. La Fiscalía lo señaló como cómplice primario. Se entregó a las autoridades en octubre de 2018.
Ovidio Fuentes, Foto: Mi Diario
  • Ivette Flores Forero: fue la jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas de la DIASP, desde el 30 de octubre de 2016 hasta mayo de 2017. Señalada en el caso como cómplice secundaria.
Ivette Flores Forero. Foto: La Prensa

Además, la Unidad Sensitiva recolectó diligencias que vinculaban a más de ocho funcionarios de menor rango policial, con funciones en los archivos, registro, permiso de armas y que atendían directamente las órdenes de Ovidio Fuentes.

Una Oficina VIP 

Según el testimonio de Ivette Flores Forero, Ovidio Fuentes creó una oficina VIP dentro de la DIASP para tramitar los permisos de clientes especiales. 

Ivette contó a las autoridades que Ovidio mantenía una ‘pirámide de mando’ dentro de la DIASP con varios funcionarios de su círculo cercano. Señaló que los mismos funcionarios determinaban quién sí y quién no debía recibir “permisos VIP de armas de fuego”. 

“Fue creada por Ovidio Fuentes, y puso como jefa a la capitana Iveth González de Harker” relató Ivette a las periodistas. También confirmó que Yu ki Tong visitaba las oficinas de la DIASP. 

Sede de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública. Foto: La Prensa

“Los expedientes para permisos de armas de las personas VIP ya venían firmados por el director Ovidio Fuentes, para hacer ver que el mismo ya había cumplido con los requisitos de dicho trámite”, le dijo Ivette Flores Forero al ente investigador. 

La incautación de datos del teléfono móvil de Yu Ki Tong, dejaron en evidencia la influencia que tenía en la oficina de la DIASP, Tong le ofrecía a sus compañeros del Club de Tiros de Balboa, armas y permisos.

Una fuente anónima reveló en entrevista que para otorgar los permisos la DIASP solicitaba altas cantidades de dinero. Otros usuarios de armas confirmaron que sabían del cobro extraordinario para agilizar los permisos.

Peligro inminente

La perito de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Indira Pineda, aseguró que encontraron “irregularidades” en la DIASP. 

Por ejemplo, la falta de pruebas balísticas obligatorias para armas de grueso calibre. De manera discrecional se decidía cuáles sí o cuáles no debían pasar por este requisito, pese a ser mandatorio. 

Asimismo, la Fiscalía encontró incongruencias en los registros alfanuméricos identificados, lo que los llevó a determinar que hubo falsificación de documentos públicos.

Durante la audiencia de fase intermedia (enero de 2020), el fiscal adjunto dijo que se registraron armas de guerra –prohibidas para civiles, en Panamá.

La fase de juicio oral fue programada para el 15 de marzo de 2021 en la sala 9 a las 9:00 a.m.

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Judiciales

Intimidación y persecución contra jueces y fiscales, Procurador lanza advertencia

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Los fiscales tienen el deber de perseguir el delito, así lo dejó claro el procurador, Eduardo Ulloa, en una entrevista esta mañana en Telemetro Reporta. Además indicó que rechazan y condenan cualquier acto de acoso, de intimidación o de hostigamiento que vaya dirigido en contra de los fiscales por actos que han realizado en el ejercicio de sus funciones.

«Desde el primer día, cuando se han dado estos actos, nosotros nos hemos comunicado con los fiscales y les hemos hecho saber que la labor de ellos sea institucional, y que la institución está al lado suyo y todos estos actos, nosotros los vamos a enfrentar de esa manera… este problema ha sido reconocido a nivel mundial», continuó diciendo.

«Recordemos algo, los fiscales por mandato constitucional y por mandato legal, tienen el deber de perseguir los delitos y, en el ejercicio de esa persecución del delito, siempre habrán de tocar intereses de particulares, de políticos, de sectores económicos, que de una u otra manera van a tratar de reaccionar, es ahí donde precisamente el Estado de derecho y el sistema judicial tienen que proteger a las personas que están instituidas por ley para perseguir todos estos actos que nuestro Código Penal califica como delito», Eduardo Ulloa.

«Si tu los desproteges entonces, los funcionarios judiciales, los funcionarios del Ministerio Publico, van a estar a expensas del poder político, del poder económico o del poder mediático, y eso va a influir en su independencia» esto lo respondió cuando le preguntaron directamente sobre el caso de la exprocuradora Kenia Porcell.

«No se trata solo de cuando tienes el cargo que perteneces a una institución, sino cuando sales de ella después de haber ejercido tu trabajo, después de haber cumplido tus funciones, que seas perseguido en función de esos actos», concluyó el Procurador de la Nación.

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Judiciales

Retienen a 581 personas por incumplir el «Toque de Queda»

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Hoy se cumplen 5 meses desde que las autoridades anunciaron el primer caso de Covid-19 en Panamá, por lo que se tuvieron que implementar medidas de restricción entre esas los toques de queda.

Para lo que va del fin de semana, se pudo conocer, que la Policía Nacional retuvo al menos a 581 personas de las cuales 494 fueron hombres, 76 mujeres y 11 menores de edad.

Además un total de 240 vehículos fueron retornados en los diferentes puntos de controles y es que la mayoría no cumplían con el salvoconducto o peor aún, no podían justificar, por qué estaban pasando a otra región en la cual no residen.

En otras actividades policiales, durante las últimas 24 horas, se capturaron a unas 53 personas de las cuales 32 eran por oficio, 10 por flagrancia, 6 por faltas administrativas y 5 por microtráfico y narcotráfico.

Se realizaron 15 allanamientos, se decomisaron 4 paquetes de droga, se incautaron 8 armas de fuego y se rcuperó un vehículo.

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Internacionales

Guatemala da trámite a proceso de extradición contra Luis Enrique Martinelli Linares

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En Guatemala esta noticia está caliente. El periodista Sergio Osegueda de Canal Antigua de Guatemala publicó en Twitter que Tribunal Quinto de Sentencia Penal da trámite a proceso de extradición contra Luis Enrique Martinelli Linares y da plazo de 40 días a Estados Unidos para que formalice su petición.

«Defensa de Luis Enrique Martinelli Linares presenta recusación contra Tribunal Quinto de Sentencia Penal pues asegura que no se realizó audiencia para preguntar a su cliente si deseaba allanarse al proceso, además de otras vulneraciones a sus derechos humanos» en el hilo de Twitter.

Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto, permanecen detenidos en la cárcel de la Base Militar Mariscal Zavala, luego de que fueran detenidos el 6 de julio en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, por una orden de captura con fines de extradición emitida por Estados Unidos, por su presunta participación en un esquema de sobornos masivos y lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

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