Noticias
Diputado Raúl Pineda contratará a Julio Caballero, principal implicado por el caso de las «Bolsas Solidarias»
El diputado Raúl Pineda, en medio de la sesión del 27 julio de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, señaló que contrataría a Julio Caballero, principal implicado del caso de las «Bolsas Solidarias».
En dichas declaraciones, señaló que Caballero no debió haber renunciado (a su nombramiento en el Ministerio de Obras Públicas) y que «¿quién se va a comer 500 bolsas de comida que iban para Darién?».
Caballero fue imputado por la posesión ilegal e injustificada de más de 500 bolsas de comida del programa estatal «Panamá Solidario». En la audiencia del miércoles 21 de julio de dicho caso, fue imputado por los delitos contra la «administración pública». Derivado de esto, el mismo recibió medida cautelar y prohibición de salida del país.
- Siete personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas este jueves por el robo a una joyería ubicada en el Hotel JW Marriott, en Punta Pacífica.
- El robo se registró a las 5:20 p.m., cuando los sospechosos ingresaron al local Joyería Lujo y Antigüedades, portando armas de fuego y obligando a los empleados a entregarles las joyas.
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- Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y los sospechosos, al verse acorralados, abrieron fuego contra las unidades policiales, por lo que se inició un intercambio de disparos.
- En el enfrentamiento, uno de los sospechosos resultó herido en la pierna derecha.
- Los delincuentes fueron llevados a la sede de la Policía Nacional. Paralelamente, se logró recuperar un arma de fuego y las joyas que habían sido robadas.
Sociedad
Firma Patton, Moreno y Asvat se desliga de inconstitucionalidad del contrato minero
La firma de abogados asegura que trabajó en las cláusulas vinculadas a los ingresos que recibiría el Estado.
- La firma de abogados Patton, Moreno y Asvat (PMA) emitió este jueves un comunicado para aclarar su participación en la negociación del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A.
- En el comunicado, PMA señala que fue contratada por firmas legales internacionales al servicio del Estado para trabajar específicamente en la negociación y redacción de las cláusulas vinculadas a los ingresos que recibiría el Estado de Minera Panamá, S.A, las cuales, recalcan, no fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
- PMA indica que se incorporó al proceso en noviembre de 2022, estando ya acordados los términos principales del contrato, debido al estancamiento de las negociaciones sobre el monto que debería pagarse a Panamá, y ante el riesgo de tres procesos arbitrales iniciados por la empresa.
- Aseguraron que gracias al trabajo arduo de su equipo ambos objetivos fueron alcanzados: se aseguró que la redacción final del contrato garantizara el ingreso de $375 millones anuales durante toda la vigencia de la concesión y se cerraron los tres arbitrajes interpuestos contra el Estado, dos bajo tratados de inversión y uno de tipo comercial.
- En relación al alegato presentado por PMA en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, la firma sostiene que sustentó que el nuevo contrato de concesión minera no requería de licitación basado en que el régimen jurídico especial para el yacimiento de Petaquilla, establecido en 1969, permanece derogado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no consideró este punto en su fallo del 27 de noviembre de 2023.
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Alcaldía de Tierras Altas, Chiriquí prohíbe el cierre de vías mediante decreto
Alcalde de Tierras Altas busca regular manifestaciones en vías públicas
- La alcaldía de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, emitió un decreto el pasado 5 de diciembre para regular las manifestaciones en vías públicas.
- El decreto, que entró en vigor de inmediato, establece una serie de requisitos y prohibiciones para las personas que deseen realizar este tipo de protestas.
- Entre los principales puntos del decreto se prohíbe bloquear completamente las vías públicas durante las manifestaciones.
- Los manifestantes deben mantener las vías libres de basura y desechos, y están prohibidos de invadir o destruir propiedad pública o privada. Los organizadores de las manifestaciones serán responsables de los daños causados a bienes públicos o privados.
- El decreto también establece que las manifestaciones deben ser comunicadas al despacho alcaldicio con 24 horas de anticipación.
- La organización, grupo, asociación o persona responsable de la manifestación deberá comunicar sus intenciones a la autoridad local, para garantizar la tranquilidad cívica y coordinar con otras actividades y comunicar a las instituciones correspondientes.
- El decreto fue emitido en respuesta a las protestas que se llevaron a cabo en Chiriquí durante más de un mes en rechazo al contrato minero 406.
- El alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, dijo que el decreto es necesario para proteger el derecho a la manifestación y al libre tránsito, pero también para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
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