• Dámaso García, exalcalde del distrito de Colón, presentó un recurso de casación contra su condena a 5 años de prisión por el delito de peculado durante su administración alcaldicia.
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• Según la investigación, García mantuvo una planilla de 19 personas que no acudían a sus puestos de trabajo. 

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• García busca ser diputado del circuito 3-1 en las elecciones generales del 2024 por el Partido Popular, apoyando la candidatura presidencial del expresidente Martín Torrijos.
• Anteriormente militó en el Panameñismo y Cambio Democrático.

• El Ministerio Público (MP) admitió una denuncia penal presentada por empresarios contra 21 personas acusadas de mantener bloqueos de vías durante noviembre en el distrito de Tierras Altas, Chiriquí.
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• La Cámara de Turismo de Tierras Altas indicó que el recurso fue admitido el pasado 27 de noviembre.

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• La querella, presentada ante el Procurador General de la Nación, acusa 21 personas de delitos contra el patrimonio económico, daños, seguridad colectiva y terrorismo.
• La lista de personas querelladas incluye a Nariño Virgilio Aizpurúa Del Cid, Jaime Jiménez, Eugenio Marcucci Montezuma, Paulina Pinedo Morel, Karla Valenzuela Santamaría, entre otros. Estos individuos, según las acusaciones, desempeñaron un papel fundamental en los sucesos que paralizaron parte de la provincia.

• Luis Carlos Stoute, subadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), presentó una denuncia ante el Ministerio Público que implica a Luis Oliva, exadministrador de la AIG y actual candidato a diputado, en presuntas irregularidades en la administración del programa de vale digital.
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• La denuncia se centra en la plataforma digital «LISTO», usada para administrar el vale digital.

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• Stoute señala hallazgos de «irregularidades o claros indicios» en posibles delitos contra la administración pública.
• La plataforma, inicialmente desarrollada por la AIG, pasó a ser gestionada por una empresa privada, Fintek, S.A., que cobraba comisiones a los proveedores del vale.
• La denuncia sugiere que la migración del software no se debió exclusivamente a problemas de pago, sino a una estrategia premeditada.

Cuestionamientos sobre Fintek, S.A.

• Fintek, S.A., la empresa encargada de LISTO, comenzó como Retail Services Worldwide, S.A. en 2018.
• La denuncia cuestiona cómo Fintek obtuvo el control de la plataforma, desarrollada parcialmente por técnicos de la AIG y financiada con fondos estatales.

• La migración a LISTO generó dos problemas evidentes: Fintek cobraría a los negocios afiliados un 0.5% por operación, y la plataforma era propiedad intelectual de la AIG, desarrollada con fondos públicos.
• Stoute alega que la elección de Fintek para manejar el software no siguió un proceso transparente ni cumplió con la Ley de Contrataciones Públicas.
• Tras las revelaciones, Stoute solicitó una auditoría y cuestionó la legitimidad y transparencia del acuerdo con Fintek, firmado por Oliva casi un año después de la fecha oficial del documento.