• El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe al Congreso con la lista de personas extranjeras que el Presidente Joe Biden determinó han participado conscientemente en actos de corrupción.
• Lee también: Juan Carlos Varela entra a lista de corruptos internacionales

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• Estas personas son inelegibles para visas y admisión a los Estados Unidos.

El Salvador:

1. Jose Miguel «Mecafe» Antonio Menendez Avelar: Ex presidente del Centro de Ferias y Convenciones, involucrado en corrupción significativa al desviar un contrato gubernamental de $8.4 millones para la construcción de un puente y recibir ilegalmente un avión como regalo.
2. Carlos Alberto Ortiz: Ex presidente del Banco Hipotecario, implicado en corrupción al lavar $97 millones a cambio de sobornos de $72,000.
3. Carlos Enrique Cruz Arana: Ex vicepresidente del Banco Hipotecario, involucrado en corrupción al lavar $94.5 millones a cambio de sobornos de $64,500.
4. Jolman Alexander Ayala: Ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, implicado en corrupción al lavar $177 millones a cambio de sobornos de $78,000.
5. Carlos Mauricio Funes Cartagena: Ex presidente de El Salvador, involucrado en corrupción por orquestar esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero durante su mandato, sustrayendo cientos de millones de dólares de las arcas del estado.
6. Salvador Sanchez Ceren: Ex presidente y vicepresidente de El Salvador, implicado en corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente y participar en un esquema de desvío de $183 millones de fondos públicos mientras era presidente.

Guatemala:

• Cinthia Edelmira Monterroso Gómez: Fiscal actual, implicada en socavar procesos democráticos al presentar cargos penales infundados y motivados políticamente contra periodistas que ejercen su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
• Edgar Humberto Navarro Castro: Ex presidente de la administración de mercado mayorista de energía de Guatemala, implicado en corrupción significativa al otorgar beneficios oficiales a cambio de sobornos, en detrimento de la eficiencia energética y la acción contra el cambio climático.
• Fredy Raul Orellana Letona: Juez actual, implicado en socavar procesos democráticos al autorizar cargos penales infundados y motivados políticamente contra periodistas que ejercen su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
• Gendri Rocael Reyes Mazariegos: Ex ministro del interior, implicado en corrupción significativa.
• Joviel Acevedo Ayala: Actual jefe del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), implicado en corrupción significativa al proporcionar apoyo político de STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.
• Jimi Rodolfo Bremer Ramírez: Juez actual, implicado en socavar procesos democráticos al autorizar cargos penales motivados políticamente contra periodistas que ejercen su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
• Lesther Castellanos Rodas: Ex juez y actual Relator guatemalteco contra la tortura, implicado en socavar procesos democráticos al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre su manejo de un caso criminal.
• Melvin Quijivix Vega: Actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, implicado en corrupción significativa al utilizar su posición y conexiones para dirigir de manera impropia e ilegal contratos de adquisiciones gubernamentales a empresas específicas, incluida una empresa de su propiedad.
• Omar Ricardo Barrios Osorio: Actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional de Puertos, implicado en socavar procesos democráticos al conspirar para intimidar y acosar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
• Walter Ramiro Mazariegos Biolis: Rector de la Universidad de San Carlos, implicado en socavar procesos democráticos al aceptar el cargo de rector en 2022 después de un proceso de selección fraudulento.

Honduras:

• Alex Alberto Moraes Giron: Ex gerente administrativo de la inversión estratégica estatal de Honduras, implicado en corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluido el fraude de aproximadamente $1.6 millones destinados a mascarillas para el personal médico.
• Alexander Lopez Orellana: Alcalde actual de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, implicado en corrupción significativa al otorgar de manera impropia contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
• Edna Yolany Batres Cruz: Ex ministra de salud, implicada en corrupción significativa al defraudar al gobierno de Honduras en más de $300,000 al coludir con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales de manera impropia.
• Jesus Arturo Mejia Arita: Ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras, implicado en corrupción significativa al otorgar contratos no competitivos o sobrefacturados para la generación de electricidad y otros servicios energéticos a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de ENEE a cambio de coimas.
• Marcelo Antonio Chimirri Castro: Ex director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, implicado en corrupción significativa al cometer fraude para mantener un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y al obstruir investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a periodistas.
• Miguel Rodrigo Pastor Mejia: Ex director de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras, implicado en corrupción significativa, lavando dinero en nombre de la organización de narcotráfico Los Cachiros al otorgar $2.76 millones en contratos gubernamentales hondureños a una empresa controlada por Los Cachiros.
• Roberto Antonio Ordonez Wolfovich: Ex ministro de infraestructura y servicios públicos, ex ministro de energía y ex asesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, implicado en corrupción significativa al malversar fondos estatales mediante la sobrevaloración de proyectos de obras