Por Samuel Sucre

Los humanos (Homo sapiens) solemos describirnos como “la especie que piensa”: capaces de abstracción, de ciencia, de arte y de proyectos que en otras épocas parecían imposibles. Pero hay una cualidad igual de definitoria, y hoy más urgente, que rara vez ponemos al centro de nuestra identidad: la capacidad de administrar.

Administrar no es dominar. No es destruir, ni explotar por explotar. Administrar es organizar el uso de algo en el tiempo, con reglas, incentivos y límites, para que ese “algo” siga existiendo y siga generando bienestar. Y si hay una época en la que esa habilidad debería ser nuestro sello, es esta: una era de crisis ambientales globales, donde la pregunta no es si los humanos merecemos o no existir, sino qué tipo de humanos decidimos ser.

A veces aparecen corrientes ambientales que, con rabia o desesperanza, coquetean con la idea de que la extinción humana sería “la solución” a los problemas ambientales. Entiendo el cansancio que produce ver ecosistemas degradados, especies en declive, metas incumplidas y promesas rotas. Pero esa postura, además de impracticable, contradice la esencia de un ambientalismo serio: cómo construir una convivencia sostenible a largo plazo, que preserve la biodiversidad y la dignidad humana.

En este contexto, me resulta una lástima que nuestro epíteto específico no haya sido administrator. Porque, nos guste o no, el planeta de hoy no necesita que el humano desaparezca: necesita que el humano aprenda a administrar.

Durante décadas, una parte de la agenda ambiental ha descansado demasiado en un reflejo prohibicionista: más restricciones, más barreras, más trámites, más castigos. La intención suele ser buena: “si restringimos el acceso, reducimos el daño”. Pero el resultado, con frecuencia, es otro: se reduce el acceso formal y sostenible, y se empuja el uso hacia la informalidad, donde no hay planificación, monitoreo ni reglas reales.

Cuando el acceso legal a recursos renovables se vuelve un laberinto que solo pueden navegar quienes tienen tiempo, capital y contactos, ocurre una paradoja dolorosa: el ciudadano común queda fuera, las élites se quedan con las oportunidades, y la presión sobre el recurso no desaparece… solo cambia de forma.

Si el enfoque estuviera funcionando de manera consistente, hoy veríamos señales claras y generalizadas: cumplimiento sostenido de metas, recuperación amplia de poblaciones amenazadas, reducción robusta de economías ilegales asociadas a recursos naturales, y una disminución marcada de la pérdida de hábitat, entre otras. Pero la realidad es más compleja: en muchas regiones de alta biodiversidad la degradación persiste, la desigualdad se agrava y los mercados informales siguen siendo atractivos porque, en ausencia de alternativas, son la única puerta abierta.

Pensemos en una persona rural sin ingreso estable, con familia que alimentar, viviendo en un lugar sin servicios básicos. Frente a su casa hay un parche de bosque. La pregunta real que enfrenta no es filosófica: es inmediata. Si ese bosque no le da comida, ni medicina, ni ingreso, ni seguridad, y podría destruirlo para producir alimento, ¿por qué lo protegería?

Pedirle que elija “el hábitat” por encima de sus hijos es, como mínimo, exigir heroísmo como política pública. Y una política pública basada en el heroísmo fracasa casi siempre.

Ahora cambiemos el escenario. ¿Qué pasa si esa persona puede acceder de forma fácil y legal al valor de ese bosque mediante usos sostenibles, monitoreables, formalizables, con reglas claras, que le den una vida decente? Entonces la pregunta cambia por completo:

“¿Por qué voy a destruir este hábitat si me sostiene?”

Ahí aparece el núcleo de lo que propongo: la conservación no puede tratarse solo de regular; debe aprender a incentivar. Y debe hacerlo con seriedad, sin infantilizar a la gente ni romantizar la pobreza.

La sostenibilidad tiene tres pilares: ambiental, social y económico. Es fácil repetirlo pero difícil diseñarlo. Cuando uno de esos pilares se ignora, la estructura colapsa: Si solo cuidamos lo ambiental, pero destruimos las oportunidades de vida de las comunidades, creamos resentimiento y economías paralelas; Si solo cuidamos lo económico, degradamos la base natural que sostiene cualquier economía; Si solo cuidamos lo social sin medios materiales, el proyecto se vuelve simbólico y frágil.

Administrar es aceptar que la naturaleza no es un museo y solo de uso contemplativo, pero tampoco una mina infinita. Administrar es reconocer algo incómodo: toda sociedad depende de los recursos naturales. La diferencia moral y ecológica no está en depender, sino en cómo suplimos la dependencia: con modelos extractivos o con modelos sostenibles.

Un error frecuente es meter todo en la misma bolsa: “uso humano” como sinónimo de daño. Pero no todos los usos son equivalentes, ni todos los actores son iguales. Hay quienes no quieren considerar el ambiente. Y hay quienes sí quieren, pero no pueden, porque el sistema los expulsa: requisitos imposibles, trámites interminables, costos que una familia no puede asumir. Esa distinción importa. Si la política pública no la reconoce, termina castigando al que intenta hacerlo bien y premiando al que opera fuera del sistema.

Si queremos una economía más sostenible y un planeta más habitable, tenemos que salir de la caja de “más regulación por defecto” y entrar en la caja de administración inteligente: reglas simples, claras y fiscalizables; incentivos reales para la formalidad; acceso democrático a modelos sostenibles; monitoreo basado en evidencia; y consecuencias proporcionales, enfocadas en quienes destruyen deliberadamente.

Necesitamos menos discursos que suenan bien y más sistemas que funcionen en el mundo real. Si queremos desarrollar economías verdes y sostenibles, tenemos que crear políticas públicas que tomen en cuenta los mercados, no que los ignoren esperando que desaparezcan por arte de magia, y que incentiven actividades sostenibles, no que las vuelvan imposibles de iniciar para la mayoría.

El mundo no necesita que el humano renuncie a existir. Necesita que el humano evolucione en carácter y en diseño institucional. Tal vez el nombre que nos corresponde, en esta etapa, no es sólo Homo sapiens. Tal vez lo que el siglo exige es que aprendamos a ser, por fin:

Homo administrator.

El torbellino político que ha generado la reciente visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Panamá ha dejado una estela de versiones encontradas. Tres, para ser exactos. Tres relatos distintos de un mismo encuentro, lo que nos obliga a preguntarnos: ¿quién está diciendo la verdad?

Primera versión: la de Mulino. Apenas terminada la reunión con Rubio, el presidente panameño salió a dar la cara y explicar lo que, según él, sucedió. Según su relato, fue una conversación diplomática, cordial, donde Panamá dejó claro que el Canal no está en juego y que cualquier tema tarifario lo maneja la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Además, Mulino aprovechó para echarle una pulla a los estadounidenses, recordándoles que si los chinos tienen presencia en los puertos panameños es porque EE.UU. ha descuidado su inversión en la región. También anunció que no renovará un acuerdo comercial que Varela firmó con China, aunque dejando en claro que esto no afecta las relaciones diplomáticas.

Segunda versión: la del Departamento de Estado. En papel, el gobierno estadounidense pintó otro panorama. Según su comunicado, Rubio fue a Panamá con una actitud de “sheriff del hemisferio”, exigiendo que se tomaran cartas en el asunto sobre la presencia china en el Canal y lanzando una especie de ultimátum sobre posibles medidas si no se cumplía con sus exigencias. Un mensaje agresivo que mantiene viva la narrativa trumpista de que los chinos “controlan el Canal de Panamá”, un relato que no tiene asidero en la realidad pero que les es políticamente útil.

Tercera versión: la de Marco Rubio… o más bien, su silencio. Porque aunque el funcionario estadounidense dio una conferencia de prensa en Albrook, no dijo absolutamente nada sobre el Canal de Panamá. Ni una palabra. Ni mención al supuesto ultimátum, ni advertencias sobre China, ni reafirmaciones de lo que Trump viene cacareando. Nada.

Y aquí es donde vale la pena detenerse a leer entre líneas. Sabemos que Trump es un experto en construir realidades paralelas y discursos incendiarios, pero no necesariamente todos en su equipo están dispuestos a seguirle el juego al pie de la letra. Rubio, a diferencia de su jefe, sí tiene que pensar en su carrera política y no puede darse el lujo de andar mintiendo descaradamente como si nada. Es probable que, después de recorrer el Canal y hablar con las autoridades, haya notado que el cuento de la “presencia china” no es más que eso: un cuento.

Entonces, ¿a quién le creemos? Si hay algo claro en política, es que el papel lo aguanta todo. Pero cuando el propio emisario de EE.UU. evita mencionar el tema del Canal en su conferencia de prensa, el mensaje es claro: o no le quiso dar respaldo público a las amenazas de su jefe, o simplemente no había nada que decir porque no hay tal “invasión china” en el Canal.

Por eso, si hay que escoger entre las tres versiones, la de Mulino es la más creíble. Fue el único que dio la cara y habló al país. Mientras el Departamento de Estado se refugió en un comunicado agresivo y Rubio simplemente prefirió el silencio, Mulino por lo menos explicó su postura. Al final, lo que ocurrió a puertas cerradas solo lo saben ellos, pero los signos públicos son suficientes para darnos una idea de lo que realmente pasó.

Ahora queda la pregunta: ¿cuánto tiempo más seguirá EE.UU. alimentando esta narrativa falsa? Y lo más importante: ¿cuánto tiempo más permitiremos que lo hagan?

POR: RODERICK R. GUTIÉRREZ PÉREZ

PRESIDENTE DE LA CÁMARA MINERA DE PANAMÁ  

ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Como especialista en Gestión y Planificación Ambiental y Presidente de la Cámara Minera de Panamá, considero fundamental abordar la reciente información presentada en el artículo de Mileika Lasso, titulado “El 11,4 % de la generación energética de noviembre en Panamá es solar”, publicado en un medio impreso local. Este artículo no solo celebra un hito en la capacidad de Panamá para cubrir el 100% de su demanda eléctrica con fuentes de energía renovable, sino que también nos invita a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la lucha contra el cambio climático.

Panamá ha logrado avances significativos en la diversificación de su matriz energética, alcanzando un 11,4% de generación eléctrica a partir de energía solar, lo que equivale a 186,62 megavatios (MW). Estos esfuerzos reflejan nuestro compromiso con un futuro sostenible. Sin embargo, debemos reconocer que, aunque estos logros son dignos de celebración, representan solo una parte de una solución más amplia, que incluye la explotación responsable de nuestros recursos minerales.

En este contexto, el cobre se posiciona como un mineral crítico, no solo para el desarrollo sostenible de Panamá, sino también a nivel global. Según informes oficiales, este metal fue incluido en 2023 en la lista de minerales críticos para la lucha contra el cambio climático por parte de Estados Unidos. No cabe duda de que el cobre es esencial para la fabricación de tecnologías limpias, como paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos, fundamentales para reducir las emisiones globales de carbono.

Si evaluamos las estadísticas reales, un proyecto como Cobre Panamá no solo representó el 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, sino que también fortaleció significativamente nuestra balanza comercial, al generar el 76% de las exportaciones nacionales. Además, realizó compras locales por un valor de $888 millones de dólares, fortaleciendo la economía y creando empleos en comunidades que enfrentan preocupantes niveles de desigualdad económica. La salida de este proyecto de la economía nacional en 2023 dejó un vacío importante en estas áreas.

Adicionalmente, Cobre Panamá contribuyó con aproximadamente el 1,5% de la producción mundial de cobre. Este aporte es crucial en el contexto de la necesidad global de este mineral para la transición hacia energías más limpias. Por cada tonelada de cobre extraída y procesada, se fomenta un ciclo productivo que facilita la fabricación de tecnologías clave en la lucha contra el cambio climático.

No obstante, mientras celebramos nuestros logros energéticos, debemos abordar las contradicciones en el discurso ambiental. Muchos grupos que abogan por la reducción de emisiones y la promoción de energías limpias a menudo se oponen a la minería sostenible. Este enfoque ignora que alcanzar nuestros objetivos climáticos requiere imperiosamente minerales como el cobre. Su explotación responsable puede ser una parte crucial de la solución, no solo para reducir la huella de carbono, sino también para generar oportunidades equitativas que mejoren la calidad de vida de los panameños en áreas vulnerables.

Además, es esencial reconocer que, aunque la conservación de áreas protegidas es vital, esta labor enfrenta amenazas debido a la falta de alternativas económicas para las comunidades aledañas. Sin empleos estables y bien remunerados, estas comunidades pueden verse obligadas a expandir actividades como la agricultura y la ganadería hacia nuevas tierras, afectando la integridad de los ecosistemas. Este fenómeno ha sido uno de los mayores desafíos para nuestras áreas protegidas.

Panamá tiene el potencial de ser no solo un protector de su biodiversidad, sino también un actor clave en la economía circular y la producción de energía limpia. Podemos liderar un modelo que combine la minería responsable con el desarrollo de energías renovables, demostrando que la sostenibilidad y el crecimiento económico pueden coexistir.

En conclusión, el camino hacia un futuro sostenible debe ser integral, reconociendo la importancia del cobre y valorando su papel en la transición energética global. Panamá tiene la oportunidad de hacer una diferencia significativa, no solo para su propio desarrollo, sino también para el bienestar del mundo. Solo a través de la colaboración de todos los sectores podremos construir un panorama más resiliente y próspero, donde el desarrollo económico y la protección ambiental vayan de la mano, permitiéndonos enfrentar los desafíos del cambio climático y la desigualdad económica.