• Un juzgado fijó para el 29 de enero de 2024 el juicio que abordará las presuntas irregularidades en la adquisición de alimentos deshidratados por parte del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
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• Los llamados a juicio son Giácomo Tamburrelli, exdirector del (PAN), junto con Rubén Antonio Ycaza; propietario de LerkShore International Limited, Jorge Alejandro Noel García; de la rempresa Temo, y Cintia Quiroz Martínez; representante de la empresa Fujico.

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• Se les juzgará por el delito contra la administración pública.
• Adicionalmente, se admitirán los testimonios de Alvin Alberto Ibarra Soto, Nelson Efraín Bpuche Alonso, y de los funcionarios de la Contraloría, Belkis Solano, Luis Olmedo y Oldemar Guerra.

El caso

• Este proceso legal no es nuevo. Comenzó en 2015, cuando la Fiscalía Primera Anticorrupción inició investigaciones basadas en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
• El informe señalaba supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados para escuelas en áreas de alta pobreza.
• La lesión patrimonial se calcula en $14 millones.
• Estas compras se realizaron inicialmente a través del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) y luego pasaron al también extinto PAN, entre los años 2009 y 2011.

• La Corte Suprema de Justicia solicitó al Tribunal Electoral levantar el fuero penal electoral a la diputada Zulay Rodríguez.
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• La diputada del Partido Revoluionario Democrático, que busca la presidencia y la diputación por la libre postulación, enfrenta serias acusaciones de hurto, estafa y lavado de dinero en el caso conocido como «lingotes de oro».

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El Caso

• Todo comenzó en 2009, cuando José Luis Penagos (fallecido), de México, y José Felipe Mendoza, de Venezuela, fueron detenidos en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, con 65 kilos de oro.

• Las autoridades también encontraron rastros de metanfetaminas en el metal. Ambos hombres fueron enviados a prisión y posteriormente deportados.
• En un intento por recuperar el oro, Penagos y Mendoza contrataron a los abogados Zulay Rodríguez y Rafael Araúz.
• Según Penagos, se acordó verbalmente que los abogados recibirían el 20% del valor del oro recuperado.

Acuerdos y Deudas Misteriosas

• Con poderes legales otorgados por sus clientes, Zulay Rodríguez y Rafael Araúz firmaron dos acuerdos de pago sin el conocimiento de Penagos y Mendoza.
• En estos acuerdos, se establecía que los extranjeros debían grandes sumas de dinero a ambos abogados por sus servicios.
• Cuando los acuerdos supuestamente se rompieron, los abogados iniciaron juicios para exigir el pago.
• Finalmente, en 2017, el oro fue liberado por la Autoridad Nacional de Aduanas. Araúz y Rodríguez retiraron 62 kilos del metal.

Denuncias y Silencio

• A principios de 2022, familiares de Penagos presentaron una denuncia contra Zulay Rodríguez, alegando que se apropió del oro.
• La Corte Suprema de Justicia imputó a Zulay Rodríguez por  hurto, estafa, prevaricato, asociación olícita y lavado de dinero.

• La Corte Suprema de Justicia rechazó una advertencia de inconstitucionalidad presentada por Alfredo Vallarino, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, dentro del caso New Business.
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• La advertencia estaba dirigida contra el artículo 254 del Código Penal, relacionado con el caso de lavado de dinero en el que Martinelli fue condenado a 10 años de prisión.

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Detalles del Caso

• Ricardo Martinelli, expresidente y aspirante a la presidencia, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en el caso conocido como «New Business».
• La jueza Baloisa Marquínez lo encontró culpable de comprar los medios Panamá América, Crítica y Día a Día con fondos públicos.
• La fiscalía identificó un flujo inusual de $43 millones de dinero público que terminó en la cuenta «New Business», utilizada para comprar el grupo de medios Epasa.
• La jueza Marquínez ordenó el comiso a favor del Estado de las acciones de la sociedad Editora Panamá América, así como de su administración e instalaciones.

El Artículo 254

• El artículo 254 del Código Penal establece penas de cinco a doce años para quien participe en actividades de lavado de dinero relacionadas con una amplia gama de delitos.
• Alfredo Vallarino, en representación de Martinelli, argumentó que este artículo era inconstitucional, pero la Corte Suprema no admitió la advertencia.