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Siguen prohibidos los ‘parking’ y las rumbas, advierten autoridades de Salud

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Esta mañana nos llegó una invitación a una fiesta denominada Xtreme Party, un festival de dos días consecutivos que incluyen música electrónica en una finca en Santiago de Veraguas.

Inicialmente esto decía el texto:

El costo por los dos días con hospedaje es de 100 dólares, que incluye un cóctel Xtreme y trago de bienvenida. «Es una fiesta muy exclusiva, separa tu cupo con 25 dólares…. sino tienes transporte te lo ponemos por 30 dólares por persona»

Contactamos al doctor Ovidio Mendoza Barrera, de la regional del Minsa de Veraguas, para saber si este evento contaba con los permisos y nos respondió: «Negativo, el estado no autoriza fiestas ni eventos que pongan en riesgo la salud del panameño«

Revisando la cuenta vimos a varios influencer panameños y al ser consultados, las dos personas nos respondieron que formaban parte de una producción de televisión y que no eran organizadores de la misma, incluso uno de ellos, nos pasó el teléfono del organizador.

La persona de la organización, muy gentil nos aclaró qué, era una fiesta privada reservada para 25 personas, de los cuales al menos 16 eran participantes (8 hombres y 8 mujeres) de un reality que será televisado, muy parecido a Big Brother, donde los competidores convivirán por unos días y se podrá ver de todo como, drama, conflictos, baile, romance, amor, odio, actitud y adrenalina.

El organizador consultado nos habla de que cuentan con permisos del Minsa y que se cuidarán todos los protocolos de bioseguridaad, incluso que le harán pruebas de Covid-19 a todos los que ingresen a la competencia.

Entrada la tarde de este domingo la información en la cuenta de instagram había sido editada:

Hasta ayer se registraron 746 nuevos casos, en las últimas 24 horas, de la Covid-19 en Panamá y 11 defunciones. El ministro de Salud reiteró el llamado a mantener medidas sanitarias

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Más de 300 mil dólares gastará la Asamblea nuevamente en publicitaria de donante de Benicio Robinson

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327.420 dólares para ser mas exactos es lo que pretende gastar la Asamblea en producción audiovisual, digital y capacitación en manejo de medios y mensajes para público y adivinen quien fue el proponente seleccionado 141 Panamá S A.

Entras a Google y colocas ese nombre y te sale en las Páginas Amarillas que está ubicado en Calle 50 Y 65 San Francisco. Leyendo el documento, te encuentras un correo electrónico del contacto que termina en @star.com.pa.

Regresas nuevamente a Google y colocas Star y te aparece el teléfono que en la Asamblea tienen para la empresa 141 Panamá, S.A. y la dirección es la misma Calle 64, Este.

Ahora revisando quien es el apoderado de Star, Mario Luis Barletta. Veamos el documento del Registro Público.

Ahora, quién es Mario Luis Barletta, el principal donante de campaña de Benicio Robinson.

De hecho ya Foco Panamá había publicado otra asignación a esta gente con el título, Asamblea contrata a publicitaria de donante de campaña de Benicio Robinson “para mejorar su imagen”

No se cansan de vernos la cara de tontos. ¡Qué barbaridad!

ACTUALIZACIÓN: Entrada la tarde una fuente nos informó que el correo que aparece en el documento, como contacto de la publicitaria con la Asamblea, correspondía al de una persona que había dejado de trabajar con ellos en el 2012.

Desde nuestro correo de Foco enviamos un mensaje y que creen, el mismo fue rebotado.

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¿Y el derecho a la protesta? Policía le sigue proceso a 5 manifestantes

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La presión y las evidencias que contradecían a la policía sobre el arresto al periodista, Juan Cajar, de La Estrella de Panamá el día jueves de la semana pasada, valió para que no solo se disculparan sino que le retiraran los cargos en el Juzgado de Paz de Bella Vista.

Los otros aprehendidos no corrieron con la misma suerte, y pese a que la manifestaciones del pasado jueves y luego el día viernes fueron pacíficas, cinco de los manifestantes que incluso no mostraron resistencia al arresto en medio de las protestas en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados los siguen teniendo de un lado para el otro, ahora en Bella Vista dicen que no tienen competencia en el área donde fueron detenidos y que remitirá eso al juzgado de Calidonia.

Lo curioso es que de Calidonia los mandaron a Bella Vista y ahora de este último los quieren mandar nuevamente para Calidonia, saltándose literalmente la pelota.

Las detenciones que se dieron fueron arbitrarias, no han seguido el debido proceso y lo peor es que pareciera que intentan criminalizar las protestas.

La semana pasada grupos universitarios y de la sociedad civil se dieron cita en los predios de la Asamblea Nacional para protestar por las planillas 172, los recortes que sufrieron algunas instituciones en el presupuesto para el 2021, el aumento de otras, las arbitrariedades de la policía y más. 

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Denucian a gerente y directivos de Tocumen S.A, por la presunta comisión de delitos de corrupción

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A finales de esta semana, fue presentada una denuncia por la presunta comisión del delito de corrupción contra el Gerente General de Tocumen S.A., Raffoul Arab, y directivos de la empresa en el Ministerio Público, en Avesa.

Te puede interesar: Tocumen S.A fabrica licitación a la medida de empresa auditora

Esta denuncia la presentó el abogado, Eric Eduardo Pineda, por la posible comisión de un delito de corrupción y cualquier otro delito en que se hubiese incurrido, en torno a un proceso de licitación para una concesión que fue abierta por Tocumen S.A. para la provisión de unos servicios de auditoria forense externa desde 2020 al 2022, dijo al salir de Avesa.

Para Pineda “se favoreció inadecuadamente a un proponente dentro del grupo de oferentes que se encontraban participando de la contratación pública”, todo indica que, luego de presentado los requisitos para participar, Tocumen S.A. le metió una adenda donde solo una empresa en el territorio nacional reunía los nuevos requisitos, dejando en desventaja a todos los demás proponentres.

El requisito incluido dice que, solo pueden contratar a una empresa que certifique que ha realizado auditorías externas a empresas privadas o entidades públicas con ingresos de 300 millones de dólares y activos de 1,000 millones dólares durante los últimos cinco años. Hubo empresas que no presentaron documentos obligatorios, cosa que los descalificó de manera inmediata.

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