La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley 281 que establece medidas sociales frente a la emergencia nacional sanitaria declarada por los casos de coronavirus en Panamá. La iniciativa fue propuesta por la diputada Ana Giselle Rosas del partido Cambio Democrático.

Aquí los puntos más relevantes del proyecto:

• Garantizar que durante la emergencia nacional a nadie se le suspendan los servicios públicos indispensables, como agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones.
• Suspender los pagos de hipotecas, y otros compromisos bancarios, para todas aquellas personas que puedan acreditar una baja en su liquidez que imposibilitaría el pago de estos. El plazo de la suspensión no sobrepasará los 30 días luego de levantada la emergencia nacional.
• Controlar los precios de productos necesarios para la salud pública para asegurar su disponibilidad en el mercado.
• Establecer, y comunicar, un plan para la recuperación de la carga académica perdida.
• Suspender los términos e interrumpir los plazos previstos en las leyes procesales para todos los procesos jurisdiccionales y administrativos.
• Velar por la salud, cuidado y bienestar de las personas en estado de indigencia.
• El Ministerio de Educación deberá establecer, en conjunto con los colegios particulares y los padres de familia, la suspensión, reducción, o el diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos educativos.

Aquí puedes monitorear los casos de coronavirus Covid-19 en Panamá

Resolución de Gabinete que declara el Estado de Emergencia Nacional

Decreto Ejecutivo que Extrema la medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19

Decreto Ejecutivo que Decreta el margen bruto máximo de venta de algunos productos de higiene, limpieza y aseo personal

El excandidato presidencial Ricardo Lombana interpuso un amparo de garantías constitucionales contra el presupuesto aprobado por el Municipio de Panamá, específicamente para el proyecto de recuperación de playas impulsado por el alcalde José Luis Fábrega.

El amparo fue admitido y la jueza Solánge Le Férrec, de carrera judicial, revocó el presupuesto de $30 millones aprobado por el Concejo Municipal y ordenó que se se haga primero la participación ciudadana y de acuerdo a los resultados se establezcan los proyectos.

El costo del proyecto de recuperación de playas tendría un costo aproximado de unos 120 millones de dólares.