Bagatrac S.A, la empresa que confesó haber pagado sobornos en el caso Blue Apple, lleva un total de B/. 181,853,484.01 adjudicados desde que Laurentino Cortizo se hizo con la presidencia en julio del 2019.

Entre las licitaciones que participan en este monto podemos encontrar varios proyectos en tierras altas, específicamente en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, de los cuales algunos fueron adjudicados de manera excepcional apelando a la declaración de emergencia anunciada el año pasado por el paso del huracán ETA.

Una de las cosas a destacar es que la Caja de Ahorros de Panamá (banco del estatal) se comprometió a financiar uno de los proyectos que se adjudicó esta empresa «al cien por ciento», específicamente el «DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO DE CHANGUINOLA».

La empresa que fue fundada por Alberto Jurado Rosales, el cual posee estrechos lazos con el diputado Benicio Robinson, parece no tener ni un inconveniente a la hora de participar en contrataciones públicas y mucho menos a la hora de buscar financiamiento también publicó, pese a haber confesado pagar coimas en el caso Blue Apple.

ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER, S.A. es una empresa de suministros industriales en Panamá que ha sido denunciada por falsificar certificaciones de paz y salvo en las cuotas obrero patronal, también está actualmente inhabilitada por 10 años para contratar con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debido a «deshonestidad» e incluso a llegado ante la Corte Suprema de Justicias por problemas legales.

A pesar de este historial se ha adjudicado más de 75 contratos con el Estado desde que Laurentino Cortizo asumió la presidencia de la república.

Las contrataciones que se ha venido adjudicando desde el primero de julio del 2019, suman un total de $10.7 millones de balboas, de los cuales alrededor de $4 millones corresponderían al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

La empresa Soluciones Seguras S.A. respondió a través de una carta a la nota web publicada el 14 de abril que se titulaba, «Empresa inhabilitada por falta de honestidad en la ACP gana contratos en el Ministerio Público y Senacyt».

En la misma manifiesta que, si bien es cierto se encuentra suspendida por la ACP para contratar con la institución, considera que los motivos que llevaron a esta decisión fueron refutados y están siendo impugnados en la Corte Suprema de Justicia.