Judiciales
Corte admite demanda contra ley anti auditorías

- La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá ) contra la ley anti auditorías ((Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).
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- El expediente fue asignado al despacho del Magistrado Olmedo Arrocha. También se ordenó la notificación del Procurador de la Administración para la presentación de alegatos.
- La demanda fue presentada por FDLC-TI Panamá con el respaldo de la Coalición Por Panamá – Pro-Transparencia y Anticorrupción, un grupo de organizaciones comprometidas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Los demandantes sostienen que varios de sus artículos son contrarios a la Constitución Política porque otorgan facultades arbitrarias a la Contraloría, lo que podría ser utilizado para permitir la impunidad de funcionarios y debilitar el Estado de Derecho.
- Por ejemplo, el artículo 1 impide que la Contraloría General de la República reciba instrucciones de cualquier autoridad, órgano del Estado o persona, lo que obstaculiza los procesos de investigación de malversación de fondos.
- Además, el artículo 2 excluye de la acción fiscalizadora de la Contraloría a las organizaciones sindicales, cooperativas, entre otras, lo que va en contra del artículo 280 de la Constitución que obliga a la Contraloría a fiscalizar el uso de todos los bienes del Estado sin excepción.
- La demanda también sostiene que el artículo 14 añade principios que no se encuentran estipulados en el artículo 280 de la Constitución, y que los artículos 14 y 46 exceptúan del carácter de «empleado de manejo» a los funcionarios de la Contraloría que realicen control previo y posterior, creando fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría.
- Asimismo, el artículo 22 prohíbe los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría, lo que implica una inte

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¡Ya era hora! Tribunal de integridad del Órgano Judicial hace su primera audiencia

- La Ley de Carrera Judicial se aprobó en el 2015, pero no fue sino hasta este año que se implementó el Tribunal.
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- Este 29 de Mayo se realizó la primera audiencia del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial, 8 años después de que se aprobara la ley de carrera judicial.
- La audiencia fue por un proceso disciplinario contra un servidor judicial investigado y fue presidida por la magistrada Anadina Quirós Tejeira quien declaró disciplinariamente responsable al servidor judicial y le impuso como sanción la suspensión del ejercicio del cargo y privación de sueldo por el lapso de un mes.
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Mayer Mizrachi seguirá sin poder salir del país

- La Corte Suprema de Justicia declaró legal el impedimento de salida del país del influencer Mayer Mizrachi.
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- La Fiscalía Anticorrupción pidió llevar a juicio a Mayer Mizrachi y al exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Eduardo Jaén.
- A Mizrachi se le sigue un caso por supuesto lavado de dinero relacionado a contratos que mantuvo con la Autoridad de Innovación Gubernamental durante el gobierno de su tío, el expresidente Ricardo Martinelli.
- Según la fiscalía, Mizrachi se habría ganado un contrato con la institución para la instalación de la plataforma de mensajes Criptex.
- La plataforma no fue instalada, pero además, dinero que se le pagó a Mizrachi habría terminado en las cuentas familiares del exdirector.
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MIDA ha puesto 21 denuncias por corrupción

- El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha presentado 21 denuncias penales y 2 querellas por delitos contra el patrimonio económico y la administración pública.
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- Estas denuncias involucran a empresas privadas, servidores públicos y productores, y se refieren a posibles malos manejos en perjuicio de la entidad agropecuaria, según el jefe de asesoría legal, Fernando Simmons.
- El MIDA presentó las denuncias correspondientes ante las fiscalías competentes debido a presuntos delitos contra la fe pública, falsedad de juramento, falsificación de documentos y otros posibles delitos que se detectaron durante las investigaciones sobre los malos manejos.