Judiciales
Corte admite demanda contra ley anti auditorías
- La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá ) contra la ley anti auditorías ((Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).
- Lee también: Demandan ley anti auditorías ante la Corte Suprema de Justicia
- El expediente fue asignado al despacho del Magistrado Olmedo Arrocha. También se ordenó la notificación del Procurador de la Administración para la presentación de alegatos.
- La demanda fue presentada por FDLC-TI Panamá con el respaldo de la Coalición Por Panamá – Pro-Transparencia y Anticorrupción, un grupo de organizaciones comprometidas con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
- Los demandantes sostienen que varios de sus artículos son contrarios a la Constitución Política porque otorgan facultades arbitrarias a la Contraloría, lo que podría ser utilizado para permitir la impunidad de funcionarios y debilitar el Estado de Derecho.
- Por ejemplo, el artículo 1 impide que la Contraloría General de la República reciba instrucciones de cualquier autoridad, órgano del Estado o persona, lo que obstaculiza los procesos de investigación de malversación de fondos.
- Además, el artículo 2 excluye de la acción fiscalizadora de la Contraloría a las organizaciones sindicales, cooperativas, entre otras, lo que va en contra del artículo 280 de la Constitución que obliga a la Contraloría a fiscalizar el uso de todos los bienes del Estado sin excepción.
- La demanda también sostiene que el artículo 14 añade principios que no se encuentran estipulados en el artículo 280 de la Constitución, y que los artículos 14 y 46 exceptúan del carácter de «empleado de manejo» a los funcionarios de la Contraloría que realicen control previo y posterior, creando fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría.
- Asimismo, el artículo 22 prohíbe los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría, lo que implica una inte
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La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda de inconstitucionalidad contra el punto dos del Acuerdo del Pleno 11-1 del Tribunal Electoral del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó a Ricardo Martinelli Berrocal para postularse al cargo de presidente y diputado por el circuito 8-4, tras haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales. En vista de esto se permitió que en la boleta de votación para las elecciones del próximo 5 de mayo aparezca el nombre de José Raúl Mulino.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la abogada Karisma Etienne Karamañites, contra la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a José Raúl Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza.
Aquí puedes leer la demanda completa.
- Ricardo Martinelli no logró apartar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, del caso New Business, ya que la Sala Penal rechazó la solicitud de recusación presentada por su defensa. La recusación argumentaba que López y Martinelli tienen una «enemistad manifiesta», pero los magistrados consideraron que era improcedente.
- La decisión fue notificada a las partes a través del Edicto 18 emitido el 24 de enero de 2024. Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, presentó la solicitud de recusación el 12 de enero, alegando enemistad entre la magistrada y su cliente. Esta movida buscaba apartar a López del proceso de discusión del recurso de casación para evitar que se confirme la condena impuesta a Martinelli por el caso New Business, donde se le acusa de blanquear fondos públicos.
- La condena de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones fue dictada en julio por la juez penal Baloisa Marquínez y ratificada en octubre por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Además de la recusación, la defensa de Martinelli también presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 2439 del Código Judicial, que establece los requisitos para anular una sentencia.
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- Richard Fifer, exgobernador de Coclé nombrado por Ricardo Martinelli, ha sido enviado a la cárcel de Tinajitas para cumplir una condena de 10 años por estafa agravada contra Red Dragon Capital Management.
- Fifer fue detenido el 6 de enero en Costa Rica, aproximadamente a 50 kilómetros de la frontera con Panamá, mostrando su pasaporte estadounidense. Sin embargo, al verificar su salida de Panamá, fue entregado a las autoridades panameñas debido a una orden de captura.
- El 24 de enero, Fifer enfrentará un juicio por retención ilegal de cuotas obrero-patronales. Esto, además de la condena de 10 años que ya pesa sobre él desde el 2021 por estafa a Gold Dragon Capital Management.
- A pesar de los intentos de Fifer para impugnar su condena, incluso en casación, la justicia panameña mantuvo su fallo de condena. También fue absuelto en un caso de retención de cuotas, pero la Corte Suprema revocó la decisión, ordenando un nuevo juicio que tendrá lugar en enero.
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