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Judiciales

Fiscalía solicita condena para el exviceministro Camacho por el caso «call center»

Adriana Ríos

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La Fiscalía Anticorrupción pidió la condena del exviceministro Luis Eduardo Camacho Jr. y la exdirectora de Migración, María Cristina Gónzalez, por el presunto uso de fondos públicos para un call center.

La Fiscalía de Descarga Anticorrupción del Ministerio Público solicitó la condena de cinco personas en el caso «Call Centers», entre esos el exviceministro de comercio interior durante el gobierno de Ricardo Martinelli, Luis Camacho Gónzalez y la exdirectora del Servicio Nacional de Migración por el presunto delito contra la administración pública en el caso «call center»

Caso que surgió en 2014 posterior a las elecciones, con el desmantelamiento de un call center del partido Cambio Democrático (CD) supuestamente financiado con fondos públicos a través de la Asamblea Nacional (AN).

Después de años de audiencias suspendidas y retrasos, esta mañana la fiscalía pidió la condena de cinco personas involucradas, a lo que el juez tercero adjunto liquidador de causas penales, Fernando Bazurto se acogió al término para tomar su decisión.

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Judiciales

CINCO CONDENADOS POR EL CASO SENNIAF

Adriana Ríos

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Fiscalía reveló que hay cinco personas condenadas por el caso «albergues» del SENNIAF.

Durante la rendición del informe de gestión de la Fiscalía Metropolitana, se hizo mención a algunos de los casos judiciales con más atención mediática en el 2021, entre ellos el caso «albergues» por abusos sexuales y maltrato a menores de edad en albergues de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) supervisados por el Estado.

En el informe se menciona al caso, cuyas investigaciones datan del 2017-2021, que actualmente cuentan con cinco personas condenadas, tres por delitos sexuales y dos por maltratos al menor.

Además, en la Fiscalía Superior Especializada en Familia y en la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público (MP), hay 27 carpetas de individuos en trámite siendo investigados, para determinar la acusación formal.

El caso de los abusos y maltratos a menores en albergues administrados por ONGs y fundaciones pero subsidiados por el Estado, investigado por FOCO, causó indignación y polémica en la ciudadanía, especialmente debido a la falta de respuesta y responsabilidad por el Estado, sin embargo casi un año después del estallido, finalmente se ha revelado el avance jurídico del caso.

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Judiciales

La alarmante alza de delitos sexuales en 2021

Adriana Ríos

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Las cifras de delitos sexuales y violaciones se duplicaron a lo largo del país en el 2021.

En el reciente informe estadístico de casos reportados de delitos sexuales a nivel nacional, se evidenció el alza de los casos por delitos sexuales en el país, con un incremento importante en Panamá Oeste, Panamá Centro, Chriquí y las comarcas, en comparación a las cifras del 2020.

En el reporte, se considera delito sexual a las violaciones, tentativa de violación, acoso sexual y actos libidinosos, mientras que la explotación sexual comercial, el proxenetismo, la pornografía infantil y parecidos son considerados delitos por corrupción a menores.

Con un aumento del 44% en violaciones, 22% en violación agravada 61% en corrupción a menores, 48% en pornografía infantil y 10% en exhibición de material sexual de una persona menor de edad discapacitada en 2021.

Esto, sin tomar en cuenta los del caso SENNIAF o los que no son reportados o admitidos.

Lo más alarmantes del aumento de estas cifras, es que de acuerdo al Ministerio Público, las personas que cometen estos delitos suelen mantener algún parentesco familiar con las víctimas, es decir, los familiares de las víctimas, usualmente padres, abuelos, hermanos, entre otros son quienes abusan de las mismas.

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Judiciales

Demandan ley de facturación electrónica

Adriana Ríos

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Abogados demandan la nueva ley de facturación electrónica por considerarla inconstitucional.

Asociaciones panameñas de ciudadanos, pequeños comerciantes y abogados fueron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ayer, a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley No. 256 de 26 de noviembre de 2021 que reitera la obligatoriedad de facturación y habilita la facturación electrónica.

La protesta en los precintos CSJ, fue liderada por el Colegio Nacional de Abogados (CNA), presentaron una demanda de inconstitucionalidad, al considerar que violenta la privacidad de sus clientes.

Mientras, el resto de los gremios presentes consideran que se está imponiendo un método de cobro y están en desacuerdo con la obligatoriedad de contratar un programa de computación, obstaculizando a las pequeñas y medianas empresas, especialmente a los artesanos y artistas informales.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados , Juan Carlos Araúz señaló que el objetivo de la demanda no es promover la irresponsabilidad tributaria, sino interrumpir el atentado en contra del libre ejercicio de las profesiones que, según ellos, esta ley presenta.

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