Judiciales
Sermedic no tenía autorización para pruebas de Covid-19
El laboratorio de una pareja de funcionarios del Ministerio de Salud no tenía autorización para hacer pruebas de Covid-19.
- El laboratorio Sermedic de Leonardo Labrador, exjefe de Epidiomología, y Ana Lorena Chang, exjefa de salud pública de la Región Metropolitana, no tenía autorización para hacer pruebas de Covid-19.
- La investigación de este caso inició en agosto de 2021 después de que este medio revelara que la empresa que realizaba los hisopados requeridos para entrar a Taboga era de una pareja de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa).
- Según el fiscal del caso, la pareja le ofreció un porcentaje de dinero a Carmen Arosemena, jefa de laboratorio del Centro de Salud de Mañanitas, para que certificara las pruebas, ya que los resultados tenían que ser introducidos en los registros del Minsa por un laboratorista regente.
- El laboratorio siguió haciendo pruebas de hisopado hasta finales de enero de este año, esto llamó la atención de la jueza de garantías, Marisol Ortiz, quien señaló que la Fiscalía Anticorrupción debe establecer si hay más personas relacionadas al caso en vista de que el Minsa no clausuró el local.
- Carmen Arosemena y Ana Lorena Chang se encuentran en arresto domiciliario y están imputadas por el delito contra la salud pública.
- Leonardo Labrador se encuentra detenido preventivamente, está imputado por los delitos contra la salud pública y corrupción de funcionario.
- La fiscalía terminó sus alegatos y pidió pena para 13 de ellos.
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- En el octavo día de juicio de New Business, la fiscalía pidió la pena máxima de 18 años para Ricardo Martinelli y otras 12 personas por el delito de lavado de dinero.
- La mayoría de los abogados defendieron a sus clientes argumentando que los dineros movidos eran lícitos y además criticaron a los peritos y a los fiscales.
- La defensa de Ricardo Martinelli, representado por Luis Eduardo Camacho, dijo que Martinelli no tiene acciones de los periódicos Panamá América, Crítica y día a día ya que nunca le entregaron las acciones por el monto que aportó.
- También dijo que los testigos se pusieron de acuerdo para incriminar a su cliente.
- El abogado Ernesto Cedeño comunicó que la investigación que está llevando la Procuraduria de la Administración sobre el uso de los fondos de la descentralización quedó suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un amparo que presentó la Autoridad de Descentralización.
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- El amparo de garantías fue presentado por el abogado Ángel Álvarez, en representación del director general de la Autoridad de Descentralizacón. Álvarez también fue el abogado del diputado Arquesio Arias en el caso que se le siguió por supuesta violación y abuso sexual.
- El abogado Ernesto Cedeño denunció ante la Procuraduría de la Administración los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales perredistas.
- El diario La Prensa reveló que las juntas comunales controladas por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se repartieron la mayor parte (74%) de los fondos de descentralización, cuando solo controlan el 46% de las juntas comunales.
- La Ley de Descentralización tiene como objetivo poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas y fortalecer los gobiernos locales. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Descentralización transfirió sumas discrecionales que exceden los $110 mil que legalmente debe asignar a cada una de las 679 juntas comunales del país.
- En algunos casos, se asignaron hasta diez veces más de lo estipulado.
- En lo que va del 2023, en plena campaña preelectoral y en medio de elecciones internas se han repartido $92 millones de dólares, comparado con $41 millones que se repartieron durante todo el 2021.
- La Ley de Carrera Judicial se aprobó en el 2015, pero no fue sino hasta este año que se implementó el Tribunal.
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- Este 29 de Mayo se realizó la primera audiencia del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial, 8 años después de que se aprobara la ley de carrera judicial.
- La audiencia fue por un proceso disciplinario contra un servidor judicial investigado y fue presidida por la magistrada Anadina Quirós Tejeira quien declaró disciplinariamente responsable al servidor judicial y le impuso como sanción la suspensión del ejercicio del cargo y privación de sueldo por el lapso de un mes.
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