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De millones de dólares en Suiza y contactos con Odebrecht acusa EEUU a los hermanos Martinelli

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La justicia de Estados Unidos hizo pública su acusación formal contra los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, detenidos en Guatemala y pendientes de extradición por cargos relacionados con el lavado de dinero.

Según el documento de acusación, hecho público este 5 de febrero, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York imputó a ambos hermanos Martinelli Linares con un delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015.

Tema relacionado: EEUU formalizó a Guatemala solicitudes de extradición de hermanos Martinelli

Luis Enrique enfrenta además dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.

El caso ha sido reasignado al juez Raymond J. Dearie y aunque no hay fecha de comienzo, el juicio durará “menos de seis semanas”, de acuerdo con otro documento entregado este jueves en el tribunal por la fiscal adjunta Julia Néstor.

Los hijos del expresidente panameño Martinelli (2009-2014) fueron detenidos en Guatemala el pasado 6 de julio con una orden de extradición a EE.UU. por lavado de dinero, y deberían haber sido trasladados al país norteamericano el pasado septiembre, pero impusieron recursos para retrasar el proceso.

DE QUÉ LOS ACUSAN
Aunque la acusación formal estaba sellada, la Justicia de EE.UU. divulgó que reclamaba a los Martinelli Linares por supuestamente intermediar, durante la presidencia de su padre, en el pago de US$28 millones de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

No obstante, en el documento de imputación de la Fiscalía se detallan unas transacciones de valor más bajo por parte de los acusados: una de US$899 mil 978.32 y otra de US$30 mil 887.21, realizadas de un banco en Suiza a una entidad de Nueva York y luego de nuevo a un banco suizo, a finales de 2013.

Ricardo Alberto, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado el pasado mes de julio cuando fueron capturados por petición de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Información de La Prensa Libre / Guatemala

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Ortega insiste en la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua

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Managua, 14 sep (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, insistió este miércoles en su voluntad de construir un canal interoceánico por territorio nicaragüense, un proyecto que arrancó en 2012 y que diez años después continúa sin materializarse.

“En algún momento será una realidad aquí en Nicaragua un canal, ¿por qué?, porque, es cierto, hay un canal por Panamá, que ha sido ampliado. Pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua, pero el canal por Nicaragua para los pueblos, para la paz, para el mayor desarrollo de la economía de nuestro país”, dijo Ortega en un discurso conmemorativo de las fiestas patrias locales.

El proyecto canalero promovido por Ortega fue aprobado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) el 3 de julio de 2012, y un año después la concesión de construcción y administración fue entregada a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, el inversionista Wang Jing, presentado entonces como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo.

El canal por Nicaragua, anunciado como “el mayor proyecto de ingeniería civil en la historia” de la humanidad, uniría el mar Caribe con el océano Pacífico, atravesaría el sur del país de este a oeste, con una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, 230 a 520 metros de ancho, 30 metros de profundidad.

El empresario asiático prometió invertir 50.000 millones de dólares, ofrecer 50.000 empleos, y duplicar el producto interno bruto (PIB) del país durante los cinco años de construcción, a cambio de una concesión de administración por 50 años, más otros 50 prorrogables y un pago de diez millones de dólares anuales a Nicaragua, más derechos del 1 % del patrimonio que crecería en el tiempo hasta el 99 %.

El canal, que según los cálculos oficiales debía estar construido a más tardar a fines de 2019, año en que se activó una cláusula del Acuerdo Marco del proyecto que indicaba que si sus subproyectos (etapas) no estaban concluidos en seis años a partir de su oficialización, en 2013, el Gobierno podía invocar su cancelación.

Ortega no hizo referencia a la cláusula ni a la propiedad actual de la concesión, ni al inversionista chino, quien ya no aparece en las listas de los más acaudalados.

El presidente prometió garantizar la vida, la salud, la educación, la paz y el esparcimiento de los nicaragüenses, con la construcción del canal interoceánico.

El proyecto canalero creó polémica en Nicaragua porque afectaba los derechos de propiedad de campesinos e indígenas, y porque no se divulgaron los estudios de impacto ambiental. EFE

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CorteIDH condena a Costa Rica por violar libertad de expresión de periodistas

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Fachada del colegio de periodistas de CR

San José, 6 sep (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este martes al Estado de Costa Rica por violar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves, como resultado de la imposición de una condena civil por la publicación de una nota en el 2005.
En el acto de notificación de sentencia, el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, afirmó que «el Estado debe dejar sin efecto la atribución de responsabilidad civil a los señores Freddy Parrales Chaves y Ronald Moya Chacón impuesta por la sentencia emitida el 10 de enero de 2007 por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, confirmada por la sentencia emitida el 20 de diciembre de 2007 por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia».
El caso se refiere a la imposición de una sanción económica por la vía civil a los periodistas Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves por la publicación, el 17 de diciembre de 2005, de un artículo periodístico en el diario La Nación en el que informaban sobre presuntas irregularidades en el control de la importación de licores hacia Costa Rica en la zona fronteriza con Panamá.
Uno de los agentes de policía involucrados en la investigación, de apellido Trejos, presentó una querella por el delito de calumnia y difamación por medio de prensa, así como una acción civil en contra de los periodistas.
Los periodistas fueron absueltos en la vía penal, pero los tribunales establecieron de forma solidaria el pago de 5 millones de colones (unos 10.000 dólares para la época) al determinar que hubo falsedades en la publicación.
La Sala de Casación ratificó la sanción y expuso que los periodistas no acudieron a la oficina de prensa del Poder Judicial para corroborar los hechos por los que se investigaba al policía.
La Corte Interamericana advirtió en la sentencia publicada este martes que, si bien es cierto que Moya y Parrales publicaron una información que a la postre resultó ser inexacta con respecto a Trejos, «no se demostró a nivel interno que los periodistas tuvieran intención alguna de infligir un daño particular contra la persona o personas afectadas por la noticia».
El Tribunal internacional también explicó que la información publicada en la nota de prensa provino de una fuente oficial, que en ese momento fue el ministro de Seguridad, y que, por tanto, «no era exigible obligar a los periodistas a proceder a realizar verificaciones adicionales».
«La sentencia del Tribunal de Juicio reprochó a los periodistas no haber acudido a la oficina de Prensa del Poder Judicial y así ‘comprobar los pormenores de la causa penal’. Lo anterior significó la sugerencia de una fuente preferente, según el criterio del juzgador, lo cual resultó una exigencia desproporcionada para la libertad de expresión, extremadamente restrictiva de la libertad de prensa», indicala sentencia de la CorteIDH.
El fallo del tribunal internacional agrega que «dicha imposición supondría establecer un mecanismo de intervención previa al modo con el que los periodistas llevan a cabo su actividad lo cual, a su vez, podría traducirse en un acto de censura».
Para la Corte Interamericana, la sanción civil impuesta a Moya y Parrales «no fue necesaria ni proporcional al fin legítimo perseguido» y ordenó al Estado de Costa Rica a pagar a los comunicadores indemnizaciones por daño inmaterial. EFE

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Invierten 4 millones de dólares en cuenca entre Costa Rica y Panamá

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Rio sixaola

San José, 7 sep (EFE).- Un proyecto de cooperación invertirá 4 millones de dólares en los próximos cuatro años en la Cuenca del río Sixaola compartida por Costa Rica y Panamá, que posee una gran biodiversidad y un recurso hídrico excepcionales.
La iniciativa llamada «Proyecto hacia la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) transfronterizos de la Cuenca Binacional del Río Sixaola», busca mejorar la gobernanza de la cuenca y la gestión del agua, así como generar capacidades locales para una producción menos contaminante y más sostenible.
«Esta iniciativa nos permite conectar con las comunidades, proteger los ecosistemas y trabajar de manera integral, tanto bajo un enfoque de género como de respeto a los pueblos indígenas», afirmó en un comunicado el viceministro de Ambiente de Costa Rica, Rafael Gutiérrez.
Según las autoridades, de la Cuenca Binacional del Río Sixaola dependen más de 33.000 personas y es un valioso ecosistema entre los dos países. Sin embargo, se encuentra en riesgo ante graves problemas ambientales generados por la actividad humana.
La propuesta incluye una perspectiva interseccional de género de manera integral con acciones concretas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y también se trabaja de forma transversal una relación de respeto a los pueblos indígenas basada en su derecho al consentimiento libre, previo e informado, explicaron los impulsores.
En el plan participan el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el de Planificación Nacional y Política Económica, de Costa Rica; así como el Ministerio de Economía y Finanzas, y el de Ambiente, de Panamá; en el marco del Convenio sobre Cooperación para el Desarrollo Fronterizo, suscrito en 1992 por ambos países.
El financiamiento proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ejecutada por la Organización para Estudios Tropicales (OET).
«Debemos promover la gobernanza del agua en la cuenca del río Sixaola para fomentar la participación de actores públicos y privados (…) A través de este proyecto, la cuenca del río Sixaola se transformará en un sistema de cooperación territorial, en donde se pondrán en práctica procesos participativos que puedan ser replicados», dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción.
El PNUD explicó que la degradación de los ecosistemas de agua dulce en la Cuenca Binacional afecta la calidad de vida de las personas que la habitan, ya que las comunidades y familias, tanto del lado panameño como el costarricense, que sufren por contaminación del agua por uso excesivo de agroquímicos, así como también por la ausencia de un sistema de alerta temprana que permita mitigar los impactos de las recurrentes inundaciones.
La Cuenca del Río Sixaola se ubica mayoritariamente en el cantón de Talamanca de la provincia de Limón (Caribe costarricense) y en el distrito de Changuinola de la provincia de Bocas del Toro, en el lado panameño. La mayoría de la población de la cuenca, cerca de 11.000 personas, es indígena, pertenecientes a los pueblos Ngäbe, Naso, Bribri y Cabécar. EFE
mjb/dmm/lll

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