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Investigaciones

¡ESCÁNDALO! Niñas dormían fuera de albergue. SENNIAF ignoró denuncias.

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El pasado 4 de agosto, la Fundación Chilibre Panamá, un albergue infantil de niños y niñas en Tocumen, fue allanado y tomado por el SENNIAF. Como consecuencia, todo su personal fue despedido, dejando en la incertidumbre el destino de 50 niños y niñas que residen en este lugar.

Esta devastadora noticia llegó a las pantallas de los panameños, pero sin revelar ni un mínimo porcentaje de la pesadilla y las perturbantes irregularidades que han vivido estas niñas y niños en este albergue.

Hasta abril del 2019, el administrador de este albergue era Roberto Charles, persona que fue remplazada sin mayor explicación, pero con denuncias internas y protagonista de muchísimos rumores de maltrato infantil, incluso de haber otorgado permisos de salida a horas inusuales a niñas, que luego de exámenes, les eran detectadas infecciones vaginales.

Roberto Charles

Puntualmente, el personal y niños del albergue reportaron un caso de un chico con espectro autista y discapacidad mental, que era aislado, esposado y sedado para no lidiar con él.

Todo esto consta en un informe de gestion entregado a la SENNIAF el 15 de Enero de este año, por la administración que siguió.

Incluso se adjuntaron estas fotos del joven autista esposado como un delincuente.

En abril 2019, cambiaron al administrador del centro y, según denuncia una joven que salió recientemente del centro, siguieron los malos tratos. Empezando por la práctica de esposar a los menores, incluso a los más pequeños, aislamientos y amenazas.

Al cuestionar a la directora del SENNIAF, Sara Rodríguez, sobre los mecanismos de vigilancia y control que debe tener la institución sobre estos centros, todo es muy vago, muchos planes pero, a la fecha, un año después de su ingreso como administradora, parecen no tener presencia verdadera en ninguno de de estos centros, o al menos no constantemente.

A esta historia de irregularidades entra una figura alarmante, Farida Rincón, una supuesta empresaria colombiana de la empresa Aguilar y Asociados que, según revelan los informes de gestión y la propia directora del SENNIAF, ofreció capacitar a las niñas para trabajar en una especie de «call center».

Al parecer, la relación de las niñas con Farida no se queda únicamente en «capacitaciones»; la joven que entrevistamos habla de pijamadas en una casa de dos pisos con otras niñas del albergue, fiestas en piscina, viajes, reuniones con hombres de negocios en las que ellas solo miraban y… las miraban. VER VIDEO DE IG AL FINAL DE LA NOTA.

Esta señora sacaba a las niñas del albergue a que pernoctaran en otros lugares. Al cuestionar a la directora del SENNIAF sobre estas prácticas dijo desconocerlo todo.

Según nos cuenta la joven que entrevistamos, estos temas no son extraños en este centro. Nos comenta cómo personal del centro permitía que entraran hombres a las casa de las niñas durante la noche.

Incluso, nos habló de una relación formal que había de una muchacha, con un adulto, profesor del centro, esto con el aval de la administración, nos contó. VER VIDEO AL FINAL.

Nuevamente la directora del SENNIAF dice desconocer completamente esta situación, recuerden que prácticamente no hay presencia de ellos en estos centros, como nos comentó anteriormente.

Estas denuncias incluyen a jóvenes migrantes africanas, cuyos padres se desconoce su paradero. Jóvenes específicamente de Angola. Es difícil estar más vulnerable que eso.

El punto de quiebre en este albergue parece ser cuando hay una confrontación entre Farida Rincón y la administración. Farida quería llevarse a las niñas a una fiesta de navidad en diciembre del 2019 y les compró ropa. Esta ropa, según un informe elaborado por una funciona del SENNIAF y que reposa en el centro, era ropa muy provocativa, y ponía en riesgo la seguridad de las niñas, ya que muchas habían sido víctimas de prostitución y trata de personas.

La joven que entrevistamos nos confirmó efectivamente sobre dicha fiesta.

Es imposible no llenarse de un sentimiento de impotencia al escuchar y leer como estas niñas son llevadas a albergues, supuestamente en búsqueda de mejores oportunidades y seguridad; pero al final terminan siendo revictimizadas una y otra vez, y la respuesta de las autoridades es siempre lo más fácil….. lavarse las manos.

REACCIONES
Luego de la investigación revelada por Foco Panamá, buscamos reacciones.

Rossana Uribe de Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa):
«Para nosotros en Aplafa, este reportaje que muy atinadamente nos presenta Mauricio Valenzuela, nos tiene totalmente indignadas e indignados, es inadmisible que este tipo de situaciones se estén dando en nuestro país, me parece, estar viendo reportajes de la Rumanía de los años 90. Es imposible que nosotros mantengamos albergues en el que nuestros niños y niñas están maltratados de esta forma. Esto tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias por las autoridades competentes y en APLAFA vamos a estar muy pendientes de que esto sea así«.
Audio de Rossana Uribe para foco
Celia Moreno psicóloga, profesora de Ciencias Políticas, defensora de derechos humanos: «Primero que todo quiero felicitar a Foco por el reportaje que hizo sobre Funchipa, infelizmente decirles que los albergues están todos, no en esa situación, pero en situaciones lamentables, no hay supervisión por parte del SENNIAF, no hay un sistema de supervisión, no les dan clases o les dan capacitaciones de autocuidado, no tienen un seguimiento constante con estos centros, tienen 53 si no me equivoco, sería bueno que ustedes tuvieran la lista de esos 53 centros para darles un seguimiento, porque, con el pretexto de que no pueden ser visitados, no dejan entrar a la gente que ellos saben, van a ejercer una supervisión… Creo que estas niñas no solo sufren del maltrato de sus familiares, de la negligencia dela sociedad, sino que ahora sufren de una segunda victimización con el maltrato que le brindan en los centros, porque muchas veces las personas no tienen formación para el cuidado de los niños y el SENNIAF en vez de darles esta formación, los deja a su suerte y lo que hacen es que, los maltratan o los tratan de manera lamentable»
Audio de Celia Moreno
Deika Nieto de APLAFA y Red Nacional de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia: «En relación al reportaje que salió el día de hoy, está de más decir que, son noticias dolorosas, que tienen preocupada a todas las personas vinculadas al tema de los derechos humanos y especialmente a la niñez, porque nosostros no podemos aceptar ni permitir, ningún tipo de violencia en contra de los niños, niñas y adeloscentes y sobre todo si están al resguardo del Estado, porque estos niños tienen que ser salvaguardados y protegidos por el Estado. El Estado cede su responsabilidad a terceros, en este caso, estos albergues son administrados por terceras personas que deben ser personas idoneas y personas que desarrollen un trabajo en base al respeto y derechos de los niños y niñas, de no realizarlo, nosotros exigimos como organización que se investigue totalmente los hechos que ustedes han planteado en su reportaje, que se condene a los responsables y que la sanción sea ejemplarizante… no puede ser que este tipo de personas empañen el trabajo que pueden estar realizando organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en Panamá, que están realizando un trabajo acorde a la ley y a los parámetros establecidos y que lo hacen con las uñas, porque muchas veces no tienen los recursos suficientes para poder enfrentar las situaciones… Este tipo de conductas de personas le dañan la vida a los niñas y niños… Sobre Funchipa, nosotros esperamos que la investigación que se esté realizando en el Ministerio Público se profundice y se vean todos los temas, que se tomen todas las medidas, pero, sobre todo, que se sancione…»
Audio de Deika Nieto

En breve más reacciones de diferentes organizaciones.

Con datos de Mauricio Valenzuela y Samantha Acrich

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[Auxileaks] ANTAI pide expedientes de personas que recibieron Auxilios Económicos

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La investigación nace a raíz de publicaciones hechas por este medio. Aquí todo lo que debes saber:

  • Elsa Fernández, directora de la Autoridad para la Transparencia y el Acceso a la Información ANTAI, avanza en su investigación por irregularidades en la entrega de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARHU.
  • El 16 de noviembre, ANTAI le pidió al director del IFARHU, Bernardo Meneses, que le envíe copia de los expedientes de algunas de las personas que recibieron estos auxilios.
  • La entidad pidió información sobre Paola Testa, hija de Zulay Rodríguez; Diego Ábrego, hijo del diputado Roberto Ábrego; Kathy Ramos, funcionaria de la Asamblea Nacional; Maria Alejandra Panay, hija del secretario de la Asamblea Quibian Panay.
  • La investigación comenzó el 27 de octubre luego de que el abogado Ernesto Cedeño pusiera una denuncia luego de las publicaciones hechas por Foco Panamá sobre allegados a personajes políticos que recibieron auxilios económicos por parte del IFARHU.
  • ANTAI también pidió a la Contraloría General de la República información sobre las personas que hayan descargado la información sobre los auxilios económicos, así como la lista de las personas que tengan acceso a esa información a lo interno de la institución.
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[Auxileaks]Avanza investigación de ANTAI sobre Auxilios Económicos

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Elsa Fernández dio detalles sobre la investigación. Aquí todo lo que debes saber:

  • Elsa Fernández, directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información dio detalles sobre la investigación que avanza la entidad sobre los Auxilios Económicos.
  • Fernandez dijo que había enviado un cuestionario a Bernardo Meneses, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARHU y está a la espera de su respuesta.
  • Foco Panamá dio a conocer una serie de irregularidades en el otorgamiento de Auxilios Económicos por parte del IFARHU.
  • Lee también: [Auxileaks] Mira aquí todos los allegados al PRD que recibieron auxilios económicos del Ifarhu
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La corrupción sí le pagó a Meco en Panamá

Después de que su presidente y dueño, Carlos Cerdas, aceptara ante la justicia panameña que la multinacional tica había pagado US$9,4 millones en sobornos que equivalían al 5% del costo total de seis obras de infraestructura que hizo en Panamá, Meco quedó con vía libre para seguir ganando allí concursos de obra pública.

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Después de que su presidente y dueño, Carlos Cerdas, aceptara ante la justicia panameña que la multinacional tica había pagado US$9,4 millones en sobornos que equivalían al 5% del costo total de seis obras de infraestructura que hizo en Panamá, Meco quedó con vía libre para seguir ganando allí concursos de obra pública.

Carlos Cerdas pagó $9.4 millones en sobornos en Panamá por instrucciones de Ricardo Martinelli Linares según declaraciones de testigos.

Desde octubre de 2017, el Ministerio Público de Panamá comenzó a investigar a la empresa Blue Apple Service Inc., creada para blanquear sobornos repartidos por al menos 62 empresas constructoras locales y extranjeras*. Entre esas empresas estaba la multinacional costarricense Meco. Éstos pagos ilegales buscaban ganar contratos de obra pública o agilizar los adelantos oficiales de obra, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).  

“El caso consistía en un esquema de corrupción donde funcionarios y familiares creaban sociedades que luego eran usadas como proveedores fantasmas de empresas que tenían contratos de obras de infraestructura con el Estado.”, dijo Annette Planells, directiva de MOVIN, un movimiento ciudadano anticorrupción, y añadió que “fue uno de esos primeros casos en los que se comenzó a destapar la corrupción que todos sospechamos circulaba el gobierno de Ricardo Martinelli”.  

Ese gobierno abrió a licitación un récord de obras públicas por 13.500 millones de dólares.

Y Meco era una de las empresas consentidas de ese gobierno con múltiples contratos. Hasta octubre de 2017, cuando la Procuraduría panameña imputó a las empresas investigadas en el caso Blue Apple, además de los contratos de construcción del Canal de Panamá, Meco había obtenido al menos 15 grandes contratos, de más US$20 millones cada uno, que sumaron alrededor de US$1.400 millones, según pudo establecer esta investigación periodística revisando las plataformas de contratación Panamá compra y Contratista visible (Ver gráfica). Estaba construyendo la carretera de Puente de las Américas a Arraiján, así como un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales en Santiago (Veraguas) y rehabilitando un tramo de la carretera Transístmica, una de las principales arterias viales de la Ciudad de Panamá. No obstante Meco no terminó estando en la lista de las empresas imputadas por la justicia en el sonado caso de Blue Apple. Muy rápida y pragmáticamente, el 1 de diciembre de 2017, Carlos Cerdas, dueño y fundador de la empresa tica, llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía panameña, luego de admitir que su empresa había pagado $9,4 millones de dólares en sobornos a funcionarios panameños para gestionar pagos a la empresa por sus contratos. Cerdas consiguió además que no le imputaran cargos.  Esta declaración se mantuvo confidencial hasta marzo de 2018, cuando el diario La Prensa reveló parte de su contenido.  

Documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso la investigación colaborativa y transfronteriza Tras los pasos de Meco realizada por Foco Panamá, junto con CRHoy (Costa Rica), El Espectador (Colombia) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), revelan más detalles de la declaración de Carlos Cerdas durante la fase de investigación de Blue Apple. En ella, el empresario -según un documento de la Fiscalía obtenido por Foco Panamá**- “aceptó haber autorizado la entrega de dinero, por solicitud de servidor público, a través de operaciones financieras y estructuras jurídicas”.

Cerdas contó cómo Jorge Ruiz, director de Administración de contratos del Ministerio de Obras Públicas, lo citó a las oficinas públicas donde le explicó el esquema financiero que sería usado para el pago de sobornos. Según informaron los medios en su momento, Cerdas había aceptado pagar sobornos equivalentes al 5% del costo total de seis obras de infraestructura, entre los cuales estaban, el tramo Puente de las Américas-Arraiján del intercambiador en la carretera Panamericana; el ensanche de la carretera La Villa-Las Tablas; el viaducto en la avenida Nacional con la Omar Torrijos; y el túnel y rehabilitación de la pista del aeropuerto de Río Hato.

La Fiscalía también tomó la declaración del funcionario Jorge Ruiz, quien admitió haber hablado con Cerdas de Meco, pues esta era una de las empresas investigadas por el caso Blue Apple. En el mismo documento al que tuvo acceso Foco Panamá, puede leerse en la transcripción oficial del testimonio de Ruiz que : “Respondió categóricamente conocerlos ya que se dirigió a cada uno de ellos como propietarios de las constructoras, que desconocían si eran los representantes legales o beneficiarios finales, no obstante, reconoció hablar con cada uno de ellos de la cantidad de dinero que debían entregar por instrucciones de RICA MARTINELLI”, refiriéndose a Ricardo Martinelli Linares, hijo del ex presidente Ricardo Martinelli.  (las mayúsculas son del documento original). Casi dos años después de este arreglo secreto, en Costa Rica, su país de origen, la justicia se dio cuenta de que Meco podría estar incurriendo también en prácticas cuestionables. El Ministerio Público de ese país abrió una investigación, que ha sacudido a la opinión pública costarricense, sobre posibles pagos ilegales realizados por ésta y otra constructora llamada H. Solís para la obtención de obras y otras irregularidades, en el caso conocido como Cochinilla. En junio de 2021 se detuvo al propio Cerdas y a la propietaria de H Solis, Mélida Solís, además de otras 30 personas. En noviembre de ese mismo año estalló un segundo caso, conocido como Diamante, por el cual el Organismo de investigación Judicial (OIJ) detuvo a varios alcaldes, incluido el de la capital tica, San José, por la posible recepción de sobornos y otras conductas irregulares, presuntamente a cambio de la adjudicación de obras, créditos y otros beneficios a Meco y a otra empresa, Explotec.  El caso continúa en investigación, aunque un juzgado permitió en mayo pasado que los implicados volvieran a ocupar sus cargos. 

Con un nuevo presidente en Panamá, Laurentino Cortizo  (2019-2024), el gobierno reaccionó al escándalo de Cochinilla y volvió a revisar sus contratos con Meco. 

“Mi prioridad era saber qué iba a pasar con las obras que tiene Meco, especialmente la ampliación de la Vía de la autopista al Puerto de Vacamonte”, dijo Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas a esta alianza. Esta ampliación es una obra de 57 millones de dólares, una de las mayores en el país. 

“Inmediatamente me puse en contacto con el financista, BICSA (Banco Internacional de Costa Rica), para saber si esto de alguna manera afectaba la relación de financiamiento que tendrían con Meco. Al ellos expresarme que no habría problema, mi siguiente paso era la aseguradora”, contó el ministro. “La aseguradora, Compañía Internacional de Seguros, también se mostraron confiados en la capacidad de Meco para finalizar la obra, por lo tanto, no había nada más que se pudiera hacer por el lado gubernamental. A los representantes de la empresa en Panamá les consultamos si estas situaciones perjudicarían sus operaciones en nuestro país. Su respuesta fue que no sería así, y, de hecho, siguieron ejecutando todos sus contratos”.

Según explicó Sabonge a Foco Panamá , la ley panameña vigente no le permitía hacer otra cosa. “Lastimosamente, en la ley de contrataciones públicas no existe algún artículo que nos permita rescindir un contrato por riesgo reputacional y los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley expresamente indica». 

El BICSA de Costa Rica es un banco estatal que sólo tiene operaciones en el extranjero, con la más significativa en Panamá. En respaldo de lo que dijo Sabonge, según lo comprobó Foco Panamá, tres meses luego de que Carlos Cerdas fuera capturado en Costa Rica, mientras estaba detenido bajo investigación, Bicsa emitió una carta de referencia avalando la capacidad bancaria de Meco para un proceso de licitación del puente vehicular sobre el río Bayano, en el oriente de Panamá, por un monto de US$23 millones. 

Como pudo verificar Foco Panamá gracias a un documento al que tuvo acceso, esta licitación fue suspendida en diciembre de 2021 por la Dirección General de Contrataciones Públicas por el reclamo de un proponente sobre posibles inconsistencias financieras presentadas por Meco en el pliego de condiciones. Finalmente la obra fue adjudicada a la empresa panameña Ingeniería y Tecnología Especializada S.A. Meco intentó reclamar por dicha adjudicación. 

Cómo parar contratos a corruptos

Según el ex presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Horacio Icaza, actualmente en Panamá sólo la Caja del Seguro Social tiene un mecanismo legal, por el cual los proveedores firman un juramento, permitiéndole a la entidad terminar el contrato en caso de algún riesgo para ellos. “Como muchos otros mecanismos en nuestro país, se ha convertido en letra muerta por la falta de voluntad política para usarlo en los momentos que se necesita”, dijo el empresario.

Este fue precisamente el foco de discusión durante las reformas a la ley de contrataciones públicas en el 2015 y 2019. 

En 2017, después de que estallara el escándalo de la mega- constructora brasileña Odebrecht, luego de que su presidente confesara ante un juzgado estadounidense haber pagado millones de dólares en sobornos en América Latina, grupos de ciudadanos panameños exigieron a la Asamblea Nacional incluir en la ley de contrataciones públicas una prohibición para que las empresas que fueran condenadas por corrupción pudieran contratar con el Estado. El clamor ciudadano venía también por las auditorías de las propias autoridades panameñas a los contratos de la gigante brasileña en nuestro país. 

En el 2019, cuando era aún candidato presidencial, Cortizo se había comprometido a hacer valer ese clamor popular y reformar la ley que prohibiera la contratación pública de empresas condenadas por corrupción tanto en Panamá como en el extranjero. Sin embargo, durante el debate legislativo, los diputados cerraron filas y el resultado fue una ley de contrataciones públicas que estipula que las empresas condenadas por corrupción estén inhabilitadas para contratar por cinco años y deja la puerta abierta para que empresas acusadas que hagan acuerdos de colaboración con la justicia puedan volver a contratar con el Estado. 

Odebrecht, obligada a operar de manera más transparente por los acuerdos de delación premiada que había contraído con las autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil, Suiza, entre otros, negoció con la justicia panameña como persona jurídica, y no sólo a título de su presidente, como había sucedido con Cerdas de Meco. La empresa brasileña mencionó a algunos cómplices (aunque aún no a todos) entre empresarios y ex funcionarios que actualmente se encuentran imputados por cargos de lavado de dinero. Los propios hijos del ex presidente Martinelli, fueron detenidos en Nueva York, luego de haber admitido ante la justicia federal de los Estados Unidos haber sido parte de un esquema de lavado de dinero de los sobornos de la multinacional brasilera.

A Odebrecht los panameños le impusieron una multa de US$220 millones, de los cuales ha pagado US$52 millones, después de múltiples incumplimientos. (Ver historia Panabrecht, otra colaboración del CLIP y aliados). El único contrato de obra pública que ha conseguido en Panamá la firma brasilera, después del escándalo fue un ramal de la línea 2 del metro al aeropuerto que ya está casi terminado. Esta obra la hizo junto con FCC, su socia en la construcción del metro de la Ciudad de Panamá, ahora en juicio también acusada de corrupción.  

Para la líder cívica Annette Planells, “el hecho de que Meco, habiendo confesado haber pagado coimas en Panamá y que su dueño estuviera preso en Costa Rica investigado por corrupción, se convierta en el principal contratista de infraestructura de Panamá prueba que la corrupción paga.  Nuestras leyes no nos protegen de empresas corruptas y nuestros funcionarios encuentran cualquier excusa para mirar para otro lado”.

En el caso de Meco, el arreglo con la Fiscalía de Panamá fue a título personal de su dueño y presidente Cerdas, y no incluía a la empresa, ni ninguno de sus demás funcionarios.  No se conoce aún si pagó multa alguna, ni qué otras condiciones le impusieron para aceptar su colaboración con la justicia, aunque tuvo que devolver los $9,4 millones que pagó en sobornos, según fuentes del Ministerio Público de Panamá. 

Actualmente Meco no tiene ningún impedimento para contratar en Panamá y le han permitido continuar sin contratiempos con sus obras públicas en ese país e incluso conseguir nuevas obras. Desde 2018, según cálculos de esta investigación, se ha ganado 11 contratos por al menos US$211 millones, pero al parecer, uno de ellos, el contrato para la construcción de la potabilizadora Paso de Canoas  está suspendido, en espera de ser refrendado, hasta donde ha podido verificar esta alianza periodística. Entre esos contratos, el mayor ha sido el de la autopista al Puerto de Vacamonte del que habló el ministro Sabonge, por US$57,8 millones. 

Anotaciones

* En agosto de 2021, el Ministerio Público de Panamá imputó a 51 personas, entre ellos siete funcionarios públicos, de varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, y el Juzgado Tercer Liquidador de Causas Penales, llamó a 49 de ellas a juicio, pero su inicio planeado para el pasado agosto ha sido aplazado.

** Vista de la Fiscalía Sexta Anticorrupción de Panamá, “Sumario seguido a FEDERICO BARRIOS Y OTROS por la comisión el Orden Económico y Contra la Administración Pública, en perjuicio del Estado”, 1 de septiembre de 2019. 

En Tras los pasos de Meco participaron como: 

Coordinación editorial: Ángela Contador y Marco Dalla Stella
 Editora de datos: Margarita Torres
 Producción general: Luisa Fernanda López Arias
 Diseño gráfico: Alejandra Saavedra

Tras los pasos de Meco

Tras los Pasos de Meco es una investigación periodística de el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística - CLIP, CRhoy.com de Costa Rica, Foco Panamá de Panamá y El Espectador de Colombia.

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