Opinión
Preguntas y Respuestas
Por: Rubén Blades (wwww.rubenblades.com)
Con desalentadora frecuencia en Panamá exigimos respuestas inmediatas y satisfactorias para interrogantes de contenido complejo, o cuya contestación responsable dependerá de sucesos aún ubicados en el futuro.
En cambio, hay preguntas oportunas que no se hacen. Por ejemplo: ¿algún medio le ha consultado a Ricardo Martinelli, si es él en efecto la persona identificada como “un alto funcionario de gobierno panameño, entre el 2009 y 2014, y “familiar cercano” de los acusados principales?
Ya sus dos hijos aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, “lavar” y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito. Solo falta una pregunta mas por aclarar: “Ricardo Martinelli: ¿Es Usted ese alto funcionario y familiar cercano?¨. Un sí o no es suficiente.
Más compleja de responder resulta la cada vez más frecuente interrogante sobre si participaré en la contienda electoral del 2024.
Parte importante de mi duda es que no creo que los que me animan a considerarlo comprenden realmente lo que se va a requerir hacer para rescatar al país reemplazando el “status quo” producido por décadas de clientelismo político.
Es necesario crear un nuevo paradigma de administración pública a nivel nacional y hacerlo sin violentar a una corrupción que ha sido legalmente institucionalizada me parece imposible.
Nuestro país requiere de algo más que un simple cambio de presidente en el 2024. Nuestra patria requiere de una revolución, eso que con sagacidad denominó “revolcón” el candidato presidencial Salvador Muñoz en 1994. Y es que la palabra “revolcón” provoca sonrisas, mientras que “revolución” provoca la huida de capitales, augura la llegada de paredones comunistas y causa el tipo de condena nacional que toda la corrupción política en la que vivimos no ha logrado producir de manera general y sostenida.
En Panamá consideramos inmoral la educación sexual en las escuelas y atacamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no expresamos la misma indignación contra los que nos roban el futuro diariamente. A esos les permitimos que eructen nuestros sueños y los premiamos inscribiéndonos en sus partidos. Por eso me pregunto: ¿Esta la población realmente deseosa de un cambio que favorezca el nacimiento de una administración pública eficiente, responsable y verdaderamente a favor de toda la República? ¿Esta la ciudadanía de Panamá dispuesta a vivir aceptando las consecuencias de la honestidad? ¿Sacrificarían su apoyo al clientelismo político el millón seiscientos mil panameños y panameñas que con sus inscripciones y tolerancia sustentan y sostienen a la partidocracia tradicional? ¿está dispuesto nuestro electorado a creer que existe una mejor oferta político-administrativa que la presentada y aplicada hasta el momento ?
Sobre el 2024
Un diverso y creciente número de ciudadanos han expresado con urgencia la necesidad de encontrar a un candidato(a) que pueda exitosamente alterar el resultado de repetidas encuestas de opinión que ubican a Ricardo Martinelli como líder de la intención de voto hacia el 2024. A diferencia de muchos en Panamá, mi lectura sugiere que Martinelli no será presidente, aunque corra, presione y gaste una millonada tratando de ser electo. Creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el “alto funcionario y pariente cercano” y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables.
Aunque es posible que Martinelli participe en la contienda del 2024 para blindarse con el fuero electoral, él debe saber que bajo las presentes condiciones, “ganar” le será imposible: la idea de un presidente que no se atreve a salir del territorio nacional para evitar ser arrestado por corrupto sería imposible de aceptar para los intereses económicos, políticos y sociales locales que una vez contribuyeron a su ascenso al poder Ejecutivo en el 2014.
Parte del apoyo electoral de la población a Martinelli se basa en que “robó, pero hizo” y que durante su presidencia “había plata en la calle”, pero la situación del 2024 será radicalmente distinta a la actual, una vez terminado el juicio de sus hijos y pronunciada la sentencia en New York. Si ellos lo identifican como el beneficiado por los sobornos de Odebrecht, su inmediata inclusión en la “Lista Clinton” tendrá un efecto económico y político tóxico, que afectaría también a todos sus contactos, conexiones, y relaciones sociales y de negocios, y a Panamá mundialmente.
Ya la reputación internacional de nuestro país ha sido seriamente afectada por continuos escándalos financieros (“Panamá Papers”, “Pandora Papers”, “Listas Grises”). Sería suicida para Panamá elegir como su representante a un individuo que de salir del país sería instantáneamente arrestado por corrupto. Bajo la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joseph Biden, a raíz de la promulgación del “Crook Act”, declaró que “la corrupción representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos”.
Aunque se puede argumentar que la coyuntura puede ser utilizada para armar casos falsos, chantajear y perjudicar a los que rehusen aceptar órdenes que beneficien el interés “del imperio”, también podemos afirmar que la notificación del presidente Biden creó el mayor precedente internacional de apoyo para denunciar, enjuiciar y condenar actos administrativos corruptos en países como el nuestro. Es curioso que la proclamación no haya recibido gran difusión en Latino América o Panamá, a pesar de que su efecto cambia las reglas del juego.
Dudo que con Martinelli en el poder en el 2024 “habría más plata en la calle”. Más factible resultaría la invocación por el gobierno norteamericano de la ¨Enmienda De Concini¨, para recobrar la administración del Canal de Panamá de manos de un gobierno cuya dirección argumentarían pondría en peligro la integridad de la operación y seguridad del canal. Tal acción militar se concentraría sólo en la ocupación de la franja canalera y contaría con el apoyo de “tirios y troyanos”, dentro y fuera de los Estados Unidos; políticamente para el norte, sería un “win-win” y para Panamá un desastre de magnitud inconmensurable.
Por eso, a pesar de los pronósticos y las encuestas a su favor en Panamá, no veo a Ricardo Martinelli ganando la elección presidencial del 2024.
Pero la eliminación del regreso de Ricardo Martinelli al Poder Ejecutivo no resuelve el problema de la corrupción en que vive nuestro país. Así como la expulsión de Noriega del poder no produjo la eficiencia y la decencia administrativa que la “Cruzada Civilista” prometió retornaría a Panamá tan pronto el manejo de la Cosa Pública pasase al control civil, de igual manera el que Martinelli no resulte presidente en nada altera el actual podrido “status quo”, ni detiene nuestra administrativamente irresponsable marcha hacia el precipicio. En el 2022 tendremos seguramente una deuda pública de alrededor de los $43 mil millones de dólares, (43 billones de dólares).
Nuestro gasto en planilla pública superará los 4.000 millones anuales y el pago de subsidios será mayor de 3.500 millones, no menos de 7 mil quinientos millones de dólares dirigidos fundamentalmente a mantener al clientelismo político que sostiene a la partidocracia política. La Caja del Seguro Social enfrenta un desastre mayúsculo que de no ser resuelto, (y nada indica que lo será bajo un gobierno de corte tradicional politiquero), dependerá de la intervención estatal para evitar su desplome.
Y estas son apenas algunas de las partes de un rompecabezas administrativo que todo sugiere empeorará hacia el 2024, no importa cuan optimistas luzcan los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país, ni el hecho de que en papel resulte más prometedor nuestro futuro comparado al de otras naciones del hemisferio. Seguimos botando recursos, malgastando dinero, sosteniéndonos con deuda, sobornando al electorado con puestos públicos innecesarios y evitando el tipo de planificación y de inversión que necesitamos a nivel nacional
La solución a nuestra urgente situación requiere de la reforma integral de nuestros tres órganos de administración, empezando por el Judicial. Nada de eso ocurrirá bajo una presidencia PRD, CD o Panameñista.
Alterar el curso de nuestro presente estado no es tan difícil como algunos consideran. Lo que se requiere para hacerlo es voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano. La realidad histórica muestra que en cuanto a la Administración Pública, hace décadas que un puñado de mediocres sinvergüenzas desde partidos políticos han controlado a una mayoría, indolente, o hecha su cómplice (clientelismo). Nuestro silencio, indiferencia y complicidad son los responsables de la hegemonía y existencia de la corrupción político-administrativa.
En el 2024 la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar: es llegar para enfrentar, derrotar y reformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al Órgano Judicial en contra y que, por el usual voto fracturado, efectivamente, quién resulte electo(a), no contará con el apoyo de la población que votó en su contra, ni el del grupo que no muestra interés por el futuro político-administrativo del país por no acudir a las urnas, ni reaccionar a los llamados de solidaridad y civismo.
Entonces, ¿cómo podría gobernar en el 2024 un candidato(a) independiente electo bajo tales condiciones?
Eliminándolas desde el ejecutivo, para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 2024. Lo ideal para el Presidente(a) electo(a) sería contar con una mayoría en la Asamblea; pero de no ser así tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremos que parezcan sus argumentos, para poder cumplir con su tarea reformadora.
A los que recomiendan evitar enfrentamientos y negociar con el “status quo” les recuerdo que ningún cáncer hará un arreglo con los médicos permitiendo su eliminación: la corrupción jamás aceptará voluntariamente renunciar a sus actuales controles y poder.
Para gobernar dentro del marco de una maldad institucionalizada, un presidente(a) electo en el 2024 tendría que aceptar las condiciones impuestas por las cúpulas partidistas, sus aliados y patrocinadores. Eso haría al nuevo mandatario(a) corrupto(a) por accesión, no importa cuan bien intencionada haya sido su intención original, cuán acertados sus argumentos, cuan claros y posibles sus objetivos. Tal acto defraudaría a la población que votó por él o por ella y certificaría el triunfo del “juega vivo” al demostrar que sin aceptar aliarse a la corrupción nada correcto podrá hacerse administrativamente en Panamá.
Creo que no se debe negociar con la corrupción, punto. Hacerlo sería aceptar y sostener a una enfermedad cívica que ha sido premeditadamente introducida, legalizada e incorporada a nuestros códigos, normas y estructuras administrativas, y también a nuestra cultura ciudadana.
Alterar décadas de corrupción requerirá de acciones enérgicas y del apoyo de un pueblo que acepta la necesidad del cambio y que está dispuesto a confiar en la capacidad e intención noble de su nueva dirección política.
A mi entender, el primordial propósito del 2024 será el de escoger a candidatos(as) que lleguen a la asamblea y a la presidencia para sanear la hoy corrupta y mediocre estructura político-administrativa que gobierna al país y así eliminar sus efectos, tóxicos para el interés nacional.
¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta del clientelismo partidista y elegir a un candidato(a) independiente y a una asamblea formada por independientes, para crear un nuevo paradigma administrativo y con él, al Panamá que puede ser?
Esa es mi pregunta al país.
Rubén Blades
16 de Enero, 2022
Se viene la escogencia del nuevo Defensor del Pueblo… y entre los aspirantes hay tremendos elementos dignos del Escuadrón Suicida.
Aquí un resumen rápido de algunos.
Feliz Humberto Paz
Abogado de Ricardo Martinelli.
El tipo literalmente defiende a quien le robó millones al pueblo… y ahora viene a decir que quiere ser defensor.
Y ni hablar de sus vínculos como abogado de varios cabecillas que han estado en la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco.
Rubén Frías
Exdiputado de La Chorrera.
Un clásico.
Siendo diputado, no sabía ni qué decía el artículo de la Constitución que define sus funciones.
Y eso sin entrar en los escándalos de planillas abultadas y familiares nombrados.
Ángela Russo
Exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, nombrada por Juan Carlos Varela.
Votó a favor de Arquesio Arias en el caso de abuso sexual contra múltiples niñas en la Comarca Guna Yala.
No pudo defenderlas a ellas… ¿y ahora va a poder defender al resto de Panamá?
Ricardo Valencia
Actualmente suplente de una abogada vinculada a casos de narcotráfico y de un lavador prófugo.
Y tampoco olvidemos aquel episodio donde, literalmente, se le olvidó quitarse el esmalte antes de tomar posesión como suplente.
Nivel.
Luis Aldeano
El eterno candidato.
Ha pasado por todo: Movin, Panameñista… hasta intentó alinearse con Ricardo Martinelli y no le salió.
Ahora quiere venderse como independiente.
Eduardo Leblanc
El actual defensor quiere ser reelegido.
Y en su desesperación, salió públicamente a respaldar una ley que buscaba beneficiar legalmente a Ricardo Martinelli, intentando ganar puntos con los diputados de RM para que le den el voto.
Así de arrastrado.
En vez de defender al pueblo… termina defendiendo a los mismos de siempre.
¿Y estos son los candidatos?
Y bueno… esto es solo el pedigrí de algunos de los que aspiran al cargo.
Administrador de salones de reuniones…
digo, Defensor del Pueblo.
Vamos por partes.
Lo bueno (porque sí, lo hay)
La mezcla que se está planteando es E10, o sea, 10% etanol y 90% gasolina.
Eso no es ningún experimento raro. En países como Estados Unidos, uno de los países con mayores regulaciones y controles automotrices del mundo, prácticamente toda la gasolina es así… y no ha pasado absolutamente nada.
Miles de millones de carros rodando normal, sin que se estén desbaratando los motores, como algunos vendehumo quieren dar a entender.
Lo mismo en Brasil, Argentina, India, Canadá… y una lista larga de países que ya entendieron que esto no es brujería.
¿Por qué lo hacen?
- Menos dependencia del petróleo. En el panorama actual —guerras, crisis, etc.— sería bastante absurdo no buscar alternativas para distanciarnos de los combustibles fósiles.
- Mejor octanaje para los carros.
- Menor impacto ambiental en emisiones directas.
Y ojo: el E10 está más que estudiado. No es que “vamos a ver qué pasa”… ya se sabe que es compatible con la gran mayoría del parque vehicular de Panamá, exceptuando los vehículos muy, muy, muy viejos (más de 30 años), que realmente no deberían ni estar circulando.
Lo incómodo (porque aquí tampoco nadie es pendejo)
El etanol sale de la caña de azúcar.
¿Y quién produce la caña?
Exacto: los ingenios azucareros.
O sea, esto también es un negocio. Y un negocio bien grande, además con demanda asegurada si el Estado lo impone.
Panamá no tiene la capacidad ni la tierra suficiente para sembrar toda la caña que se requeriría para cubrir ese 10% de etanol en la gasolina. Eso significa que parte del etanol tendrá que ser importado.
Y ahí viene otra pregunta clave:
¿a qué precio? Porque en algunos casos el etanol puede ser incluso más caro que la gasolina.
¿Y quién importa? ¿Privados? ¿El Estado? ¿Quién se queda con ese margen?
Donde empieza el ruido
El actual contralor, Anel “Bolo” Flores, es propietario del Ingenio de Alanje, uno de los más grandes y tecnificados de Centroamérica.
Y sí, voy claro: Bolo no es santo de mi devoción, ni yo de la de él.
Pero también hay que decir la vaina como es.
Sería bastante absurdo pretender que una persona que lleva años en esa industria, con uno de los ingenios más importantes de Panamá, tenga que desaparecer del mapa únicamente por ocupar un cargo público.
Eso no es realista.
Lo que sí corresponde —y con lupa— es fiscalización:
- quién le vende al Estado,
- a qué precio,
- bajo qué condiciones,
- y si hay o no ventajas indebidas por el cargo que ocupa.
Porque aquí el problema no es que exista industria.
El problema es cuando la política se convierte en un atajo para hacer negocio sin controles.
La otra cara que muchos ignoran
Porque sí, los ingenios van a ganar.
Pero también hay otra realidad:
- Un incremento importante en el empleo rural
- Mayor movimiento económico en el interior del país, que bastante lo necesita
Porque esa caña extra, señores, no se siembra ni se cosecha sola.
No es blanco o negro
Esto, por más que algunos quieran hacerlo ver, no es blanco o negro. Está lleno de grises.
Esto es Panamá tratando de no quedarse atrás en una tendencia global —lo cual está bien—, pero con el reto de hacerlo correctamente.
Con claridad.
Con confianza.
Y sin la sospecha de que alguien está haciendo caja por detrás.
La verdadera pregunta
La pregunta no es si el etanol funciona, porque está más que comprobado que sí. No pretendamos inventar una rueda que se inventó hace muchísimo tiempo.
La pregunta es:
¿Somos capaces de implementarlo sin la maleantería que suele caracterizarnos como país?
Durante décadas, el régimen cubano tuvo un nombre claro para quienes decidían abandonar la isla: “gusanos”.
Desde 1959, emigrar no era solo irse del país; era convertirse en traidor, en vendido, en enemigo de la revolución. A esos cubanos se les cerraron las puertas, se les confiscaron propiedades y se les borró del relato oficial. No existían, salvo como ejemplo de lo que no se debía ser.
Hoy, ese mismo régimen parece haber hecho las paces con la realidad. Porque esos “gusanos” ahora son bienvenidos… siempre y cuando lleguen con capital.
Lo anunciado recientemente en Cuba suena, sin exagerar, a una especie de perestroika tropical. Un intento de apertura económica que recuerda inevitablemente a lo ocurrido en la Unión Soviética en los años 80, cuando un sistema agotado comenzó a flexibilizarse no por convicción ideológica, sino por pura necesidad.
El detalle no menor es quién dio el anuncio. No fue el presidente. No fue un ministro. Fue el nieto de Fidel y Raúl Castro. El apellido, una vez más, ocupando el centro del escenario.
Esto abre interrogantes inevitables. ¿Se trata realmente de una política de Estado o de una señal de que el poder sigue concentrado en los mismos de siempre? Y más aún: ¿hay detrás de este movimiento algún tipo de negociación con Estados Unidos, incluso condicionada a cambios en la cúpula política, como la eventual salida de Díaz-Canel?
Más allá de las especulaciones, los cambios anunciados son claros.
Primero, se abre la puerta a que los cubanos en el exterior puedan invertir formalmente en la isla. Segundo, se reconoce —aunque sin decirlo explícitamente— el peso económico del exilio, ese mismo que durante décadas fue despreciado. Tercero, se prometen menos trabas para facilitar la entrada de capital. Y cuarto, se priorizan sectores clave como el turismo, la infraestructura y los negocios privados.
En términos simples: el mismo sistema que expulsó a miles de cubanos ahora les envía una invitación de regreso, con condiciones incluidas.
La ironía es difícil de ignorar. Durante años, el discurso oficial posicionó al capitalismo como el gran enemigo. Hoy, ese mismo sistema parece decir: “vengan y sálvennos con su dinero”.
Cuando la ideología choca con la realidad económica, la historia ha demostrado que la ideología suele ceder. El papel aguanta todo, de lado y lado, pero las economías no.
La gran pregunta es si esto representa una apertura genuina o simplemente otro parche para prolongar la vida de un modelo que lleva años mostrando signos de desgaste.
Porque si algo enseñó la experiencia soviética es que las aperturas controladas, cuando llegan tarde, rara vez terminan bajo control.
Cuba parece estar entrando en ese terreno.
Y así, sin mucho ruido, el régimen pasa de llamar “gusanos” a sus exiliados… a verlos como inversores potenciales.
Cosas del comunismo cuando empieza a oler a mirto.
NARCOABOGADOS, TRÁNSFUGAS Y EXDIPUTADOS ENTRE ASPIRANTES A DEFENSOR DEL PUEBLO
¿QUÉ CARAJOS CON EL ETANOL EN LA GASOLINA?
