Opinión
Preguntas y Respuestas
Por: Rubén Blades (wwww.rubenblades.com)
Con desalentadora frecuencia en Panamá exigimos respuestas inmediatas y satisfactorias para interrogantes de contenido complejo, o cuya contestación responsable dependerá de sucesos aún ubicados en el futuro.
En cambio, hay preguntas oportunas que no se hacen. Por ejemplo: ¿algún medio le ha consultado a Ricardo Martinelli, si es él en efecto la persona identificada como «un alto funcionario de gobierno panameño, entre el 2009 y 2014, y «familiar cercano» de los acusados principales?
Ya sus dos hijos aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, «lavar» y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito. Solo falta una pregunta mas por aclarar: «Ricardo Martinelli: ¿Es Usted ese alto funcionario y familiar cercano?¨. Un sí o no es suficiente.
Más compleja de responder resulta la cada vez más frecuente interrogante sobre si participaré en la contienda electoral del 2024.
Parte importante de mi duda es que no creo que los que me animan a considerarlo comprenden realmente lo que se va a requerir hacer para rescatar al país reemplazando el «status quo» producido por décadas de clientelismo político.
Es necesario crear un nuevo paradigma de administración pública a nivel nacional y hacerlo sin violentar a una corrupción que ha sido legalmente institucionalizada me parece imposible.
Nuestro país requiere de algo más que un simple cambio de presidente en el 2024. Nuestra patria requiere de una revolución, eso que con sagacidad denominó «revolcón» el candidato presidencial Salvador Muñoz en 1994. Y es que la palabra «revolcón» provoca sonrisas, mientras que «revolución» provoca la huida de capitales, augura la llegada de paredones comunistas y causa el tipo de condena nacional que toda la corrupción política en la que vivimos no ha logrado producir de manera general y sostenida.
En Panamá consideramos inmoral la educación sexual en las escuelas y atacamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no expresamos la misma indignación contra los que nos roban el futuro diariamente. A esos les permitimos que eructen nuestros sueños y los premiamos inscribiéndonos en sus partidos. Por eso me pregunto: ¿Esta la población realmente deseosa de un cambio que favorezca el nacimiento de una administración pública eficiente, responsable y verdaderamente a favor de toda la República? ¿Esta la ciudadanía de Panamá dispuesta a vivir aceptando las consecuencias de la honestidad? ¿Sacrificarían su apoyo al clientelismo político el millón seiscientos mil panameños y panameñas que con sus inscripciones y tolerancia sustentan y sostienen a la partidocracia tradicional? ¿está dispuesto nuestro electorado a creer que existe una mejor oferta político-administrativa que la presentada y aplicada hasta el momento ?
Sobre el 2024
Un diverso y creciente número de ciudadanos han expresado con urgencia la necesidad de encontrar a un candidato(a) que pueda exitosamente alterar el resultado de repetidas encuestas de opinión que ubican a Ricardo Martinelli como líder de la intención de voto hacia el 2024. A diferencia de muchos en Panamá, mi lectura sugiere que Martinelli no será presidente, aunque corra, presione y gaste una millonada tratando de ser electo. Creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el «alto funcionario y pariente cercano» y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables.
Aunque es posible que Martinelli participe en la contienda del 2024 para blindarse con el fuero electoral, él debe saber que bajo las presentes condiciones, «ganar» le será imposible: la idea de un presidente que no se atreve a salir del territorio nacional para evitar ser arrestado por corrupto sería imposible de aceptar para los intereses económicos, políticos y sociales locales que una vez contribuyeron a su ascenso al poder Ejecutivo en el 2014.
Parte del apoyo electoral de la población a Martinelli se basa en que «robó, pero hizo» y que durante su presidencia «había plata en la calle», pero la situación del 2024 será radicalmente distinta a la actual, una vez terminado el juicio de sus hijos y pronunciada la sentencia en New York. Si ellos lo identifican como el beneficiado por los sobornos de Odebrecht, su inmediata inclusión en la «Lista Clinton» tendrá un efecto económico y político tóxico, que afectaría también a todos sus contactos, conexiones, y relaciones sociales y de negocios, y a Panamá mundialmente.
Ya la reputación internacional de nuestro país ha sido seriamente afectada por continuos escándalos financieros («Panamá Papers», «Pandora Papers», «Listas Grises»). Sería suicida para Panamá elegir como su representante a un individuo que de salir del país sería instantáneamente arrestado por corrupto. Bajo la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joseph Biden, a raíz de la promulgación del «Crook Act», declaró que «la corrupción representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos».
Aunque se puede argumentar que la coyuntura puede ser utilizada para armar casos falsos, chantajear y perjudicar a los que rehusen aceptar órdenes que beneficien el interés «del imperio», también podemos afirmar que la notificación del presidente Biden creó el mayor precedente internacional de apoyo para denunciar, enjuiciar y condenar actos administrativos corruptos en países como el nuestro. Es curioso que la proclamación no haya recibido gran difusión en Latino América o Panamá, a pesar de que su efecto cambia las reglas del juego.
Dudo que con Martinelli en el poder en el 2024 «habría más plata en la calle». Más factible resultaría la invocación por el gobierno norteamericano de la ¨Enmienda De Concini¨, para recobrar la administración del Canal de Panamá de manos de un gobierno cuya dirección argumentarían pondría en peligro la integridad de la operación y seguridad del canal. Tal acción militar se concentraría sólo en la ocupación de la franja canalera y contaría con el apoyo de «tirios y troyanos», dentro y fuera de los Estados Unidos; políticamente para el norte, sería un «win-win» y para Panamá un desastre de magnitud inconmensurable.
Por eso, a pesar de los pronósticos y las encuestas a su favor en Panamá, no veo a Ricardo Martinelli ganando la elección presidencial del 2024.
Pero la eliminación del regreso de Ricardo Martinelli al Poder Ejecutivo no resuelve el problema de la corrupción en que vive nuestro país. Así como la expulsión de Noriega del poder no produjo la eficiencia y la decencia administrativa que la «Cruzada Civilista» prometió retornaría a Panamá tan pronto el manejo de la Cosa Pública pasase al control civil, de igual manera el que Martinelli no resulte presidente en nada altera el actual podrido «status quo», ni detiene nuestra administrativamente irresponsable marcha hacia el precipicio. En el 2022 tendremos seguramente una deuda pública de alrededor de los $43 mil millones de dólares, (43 billones de dólares).
Nuestro gasto en planilla pública superará los 4.000 millones anuales y el pago de subsidios será mayor de 3.500 millones, no menos de 7 mil quinientos millones de dólares dirigidos fundamentalmente a mantener al clientelismo político que sostiene a la partidocracia política. La Caja del Seguro Social enfrenta un desastre mayúsculo que de no ser resuelto, (y nada indica que lo será bajo un gobierno de corte tradicional politiquero), dependerá de la intervención estatal para evitar su desplome.
Y estas son apenas algunas de las partes de un rompecabezas administrativo que todo sugiere empeorará hacia el 2024, no importa cuan optimistas luzcan los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país, ni el hecho de que en papel resulte más prometedor nuestro futuro comparado al de otras naciones del hemisferio. Seguimos botando recursos, malgastando dinero, sosteniéndonos con deuda, sobornando al electorado con puestos públicos innecesarios y evitando el tipo de planificación y de inversión que necesitamos a nivel nacional
La solución a nuestra urgente situación requiere de la reforma integral de nuestros tres órganos de administración, empezando por el Judicial. Nada de eso ocurrirá bajo una presidencia PRD, CD o Panameñista.
Alterar el curso de nuestro presente estado no es tan difícil como algunos consideran. Lo que se requiere para hacerlo es voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano. La realidad histórica muestra que en cuanto a la Administración Pública, hace décadas que un puñado de mediocres sinvergüenzas desde partidos políticos han controlado a una mayoría, indolente, o hecha su cómplice (clientelismo). Nuestro silencio, indiferencia y complicidad son los responsables de la hegemonía y existencia de la corrupción político-administrativa.
En el 2024 la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar: es llegar para enfrentar, derrotar y reformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al Órgano Judicial en contra y que, por el usual voto fracturado, efectivamente, quién resulte electo(a), no contará con el apoyo de la población que votó en su contra, ni el del grupo que no muestra interés por el futuro político-administrativo del país por no acudir a las urnas, ni reaccionar a los llamados de solidaridad y civismo.
Entonces, ¿cómo podría gobernar en el 2024 un candidato(a) independiente electo bajo tales condiciones?
Eliminándolas desde el ejecutivo, para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 2024. Lo ideal para el Presidente(a) electo(a) sería contar con una mayoría en la Asamblea; pero de no ser así tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremos que parezcan sus argumentos, para poder cumplir con su tarea reformadora.
A los que recomiendan evitar enfrentamientos y negociar con el «status quo» les recuerdo que ningún cáncer hará un arreglo con los médicos permitiendo su eliminación: la corrupción jamás aceptará voluntariamente renunciar a sus actuales controles y poder.
Para gobernar dentro del marco de una maldad institucionalizada, un presidente(a) electo en el 2024 tendría que aceptar las condiciones impuestas por las cúpulas partidistas, sus aliados y patrocinadores. Eso haría al nuevo mandatario(a) corrupto(a) por accesión, no importa cuan bien intencionada haya sido su intención original, cuán acertados sus argumentos, cuan claros y posibles sus objetivos. Tal acto defraudaría a la población que votó por él o por ella y certificaría el triunfo del «juega vivo» al demostrar que sin aceptar aliarse a la corrupción nada correcto podrá hacerse administrativamente en Panamá.
Creo que no se debe negociar con la corrupción, punto. Hacerlo sería aceptar y sostener a una enfermedad cívica que ha sido premeditadamente introducida, legalizada e incorporada a nuestros códigos, normas y estructuras administrativas, y también a nuestra cultura ciudadana.
Alterar décadas de corrupción requerirá de acciones enérgicas y del apoyo de un pueblo que acepta la necesidad del cambio y que está dispuesto a confiar en la capacidad e intención noble de su nueva dirección política.
A mi entender, el primordial propósito del 2024 será el de escoger a candidatos(as) que lleguen a la asamblea y a la presidencia para sanear la hoy corrupta y mediocre estructura político-administrativa que gobierna al país y así eliminar sus efectos, tóxicos para el interés nacional.
¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta del clientelismo partidista y elegir a un candidato(a) independiente y a una asamblea formada por independientes, para crear un nuevo paradigma administrativo y con él, al Panamá que puede ser?
Esa es mi pregunta al país.
Rubén Blades
16 de Enero, 2022
Aram Cisneros Naylor
Intérprete económico
Panamá se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que tomemos frente a ella ahora definirán nuestro rumbo económico y social en nuestro presente y en los próximos años.
Empecemos por recordar que el 16 de noviembre de 2023, el Estado recibió $567 millones por Minera Panamá, el mayor pago en la historia fiscal del país. Lamentablemente, estos fondos no fueron destinados a programas sociales y comunitarios, según había prometido el expresidente Cortizo.
Esto ha generado preocupación y comentarios en todo el país, pues el manejo cuestionable de aquellos recursos dejó decepcionadas a comunidades que esperaban beneficiarse.
Dichos fondos fueron aceptados por el Estado panameño antes de darse a conocer el fallo de la Corte el 28 de aquel mes. En enero de 2024, fueron transferidos al tesoro nacional, envueltos en un velo de opacidad acerca de su destino final, justo cuando el panorama fiscal es cada vez más complejo. Veamos dos razones.
Primero, a julio de 2024, la Dirección General de Ingresos reportó un déficit de $111 millones en los ingresos tributarios corrientes, por una recaudación 14 % por debajo de lo que se había estimado.
La segunda es que, con un déficit fiscal que probablemente supere el 4 % del PIB, la transparencia en el manejo de los fondos de Minera Panamá no solo es una cuestión de ética pública, sino una necesidad económica urgente.
Es importante resaltar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley, pero no ordenó el cierre de la mina ni mandó a disolver la sociedad panameña Minera Panamá, que está correcta y legalmente constituida, esta decisión la asumió el Ejecutivo. A inicios de 2024, el Ejecutivo tenía la opción de renegociar un nuevo contrato, lo que podría haber evitado el impacto negativo actual en la economía. Obviamente, no lo hizo por el contexto electoral de febrero a mayo y por tener su capital político totalmente agotado.
Por lo anterior, ahora la confianza en las instituciones públicas es esencial para nuestra estabilidad económica. A medida que el ministro Chapman avance en su estrategia fiscal, es crucial que estos procesos se realicen con máxima transparencia.
Recordemos que hay 765,000 trabajadores panameños en la informalidad, y su inclusión en el mercado formal podría mejorar de forma significativa la recaudación tributaria.
Tengamos presente que las calificadoras de crédito se pronunciarán sobre nuestra salud en los próximos meses. Las advertencias de dos de ellas, Moody’s y S&P, exigen que el país envíe a los mercados señales buenas y claras.
Concluyamos comprendiendo que nuestro desempeño económico en 2025 y 2026 depende de que, en lo que resta del año, aseguremos la estabilidad económica que fortalezca la credibilidad de esas calificadoras en nuestras instituciones.
POR: RODERICK R. GUTIÉRREZ PÉREZ
ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PRESIDENTE DE LA CAMARA MINERA DE PANAMÁ
En el corazón de América Latina, la minería ilegal se ha convertido en una sombra oscura que amenaza con despojar a nuestras tierras de su riqueza natural. Este fenómeno no solo pone en peligro los ecosistemas frágiles, sino que también exacerba los problemas sociales al generar conflictos y tensiones en las áreas afectadas.
La historia nos ha mostrado ejemplos de otros países, como nuestro vecino Costa Rica, donde la cancelación del proyecto minero Crucitas, dejó un vacío que rápidamente fue llenado por mineros ilegales que operan sin ningún control, provocando severos daños ambientales, contaminando fuentes de agua y ocasionando enfrentamientos con las comunidades locales, al punto de crear un conflicto entre dos países, por la cercanía del yacimiento a la frontera de Costa Rica con Nicaragua sumado a que este tipo de minería no contribuye en nada al Estado ni generar empleos formales. Lo que una vez fue un proyecto prometedor terminó siendo un territorio deteriorado que ha dejado cicatrices profundas en la parte ambiental, social y económica de la región.
Con este panorama y tomando en consideración la situación de Cobre Panamá, se corre el riesgo de replicar un escenario similar en Panamá, lo que plantea una interrogante inquietante: ¿Estamos preparados para evitar que el vacío dejado por la minería formal se convierta en un caldo de cultivo para la minería ilegal? El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato ley, sin embargo, por ninguna parte del fallo se ordenó el cierre de la mina. Esa decisión fue del Gobierno anterior, quien a su vez solicitó a la empresa un plan de Preservación y Gestión Segura. Sin embargo, luego de 8 meses que la empresa lo presentara, no asumieron la responsabilidad de tomar acción, dejándole ese problema al nuevo Gobierno.
Y es que no es un secreto que, más allá de las repercusiones económicas y sociales como la pérdida de 40,000 empleos directos e indirectos y las contribuciones al Estado panameño en impuestos y regalías, incluyendo los aportes a la CSS que superaban los 120 millones anuales, la suspensión de operaciones de la mina y la falta de determinación del gobierno anterior para aprobar este Plan, podrían abrir una caja de Pandora con consecuencias impredecibles, con la minería ilegal asomándose como un lobo con piel de cordero a la espera de devorar un ecosistema desprotegido, algo que ya es una realidad en algunas zonas de Panamá.
La minería ilegal es una actividad depredadora que no solo daña el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la salud y seguridad de quienes la practican. Además, crea conflictos sociales, ya que a la par de la minería ilegal, vienen otras actividades ilegales como el narcotráfico, lavado de dinero y trata de blancas, entre otras. Por ello, en recientes declaraciones, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, solicitó a los diputados que realicen los cambios necesarios para poder explotar el proyecto Crucitas y recuperar la minería legal en el país. De esta forma, se busca obtener los beneficios de la industria de manera responsable con la economía, el medio ambiente y sus habitantes.
Por casos y referencias como estos, es necesario que el gobierno panameño y todos los actores involucrados en este debate se tomen el tiempo para analizar las consecuencias a largo plazo del cese de operaciones de Cobre Panamá y de la prohibición de la minería legal en el país. No podemos permitir que la búsqueda de soluciones inmediatas, a presiones políticas del momento, nos conduzca hacia un futuro sombrío donde la minería ilegal se apodere de nuestro territorio.
Un futuro sostenible para Panamá es posible. Un futuro donde la minería sea desarrollada de manera responsable, generando beneficios para el país y protegiendo el medio ambiente para las generaciones venideras. Un futuro donde la razón y el diálogo prevalezcan sobre la incertidumbre y el miedo.
El destino de Panamá está en nuestras manos y la gran pregunta es: ¿Qué camino queremos elegir?
Artículo por:
José Armando Palma
Consultor Ambiental Independiente
La Inacción, se dice que es la falta de acción; lo contrario sería la acción, que es el resultado o la consecuencia de hacer, generar, producir o ejecutar algo. Una vez promulgado en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al contrato minero, el Órgano Ejecutivo, y en su defecto el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), tomó la decisión de ordenar la finalización de las operaciones de extracción, así como, todas las actividades mineras en general y por añadidura, suspender toda actividad de la minería metálica en el país. Esta decisión, propició un cese abrupto e intempestivo de las actividades y operaciones que se venían desarrollando en el Proyecto Cobre Panamá de manera ordenada y cumpliendo con los más altos estándares y normas vigentes en apego al estricto derecho.
El MICI le solicitó el día 29 de diciembre de 2023 a Minera Panamá, S.A., lapresentación de un Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), que permitirá garantizar la estabilidad física y química de los componentes delProyecto Cobre Panamá.
A la fecha del 16 de enero de 2024, Minera Panamá, S.A., presento el PlanInicial para la Preservación y Gestión Segura (PGS), el cual fue remitido el 24 de enero de 2024 a la Comisión Intergubernamental, quienes emitieron opinión y sugerencias; y para el 5 de marzo, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) solicitó ampliaciones al Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), las mismas entregadas el 26 de marzo de 2024.
Para los días 3, 4, 5, 10 y 11 de abril, miembros de esta ComisiónIntergubernamental realizaron inspecciones y fueron atendidos por personaltécnico en el proyecto; y posteriormente, cada institución emitió su respectivoinforme. El MICI posteriormente generó un Informe Compilado InspecciónIntergubernamental a Mina Cobre Panamá.
Este mismo Informe en su página N.º 16, Recomendaciones, dicetextualmente:
• Priorizar la exportación del concentrado de cobre almacenado paraevitar los riesgos ya mencionados y a fin de mantener espacio libre requerido para producir arena para IMR (Instalación de Manejo de Relaves).
En el Plan Ampliado del PGS, en sus Conclusiones, sugiere: Hay acciones bajo el PGS que requieren la atención urgente de la autoridad competente, garantizar de manera sostenible la estabilidad física y química del sitio.
Ya con anterioridad, el Procurador de la Administración Rigoberto González opinó que, de ser comercializado, el dinero del concentrado de cobre que aún se mantiene almacenado debe ser utilizado para el Plan de Preservación y Gestión Segura.
El Expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que el concentrado de cobre que se encuentra acumulado en el Proyecto Cobre Panamá fue extraído durante la existencia de una concesión promulgada como Ley y el Código de Recursos Minerales vigente en el Capítulo II y el Artículo 2 dice “Los minerales extraídos mediante concesiones mineras otorgadas de conformidad con este Código pertenecen al concesionario” por lo tanto se le reconoce la propiedad a la empresa. Arauz indica que corresponde al MICI agilizar los trámites para que la empresa pueda disponer del material.
Hay opiniones de grupos ambientalistas que visitaron el Proyecto y expresaron su preocupación por el concentrado de cobre, y dieron opiniones diversas, pero en particular sobre el almacenaje y la salida del concentrado de cobre, “Esta demora ha generado preocupación entre los grupos ambientalistas, quienes temen por los riesgos ambientales y de salud para las comunidades cercanas debido a la exposición prolongada del material. El Comité Panameño de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), sugiere que la lentitud del gobierno podría deberse a su intención de dejar esta responsabilidad al próximo gobierno, aunque insiste en la necesidad urgente de sacar el material del sitio”.
En el Informe del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) se lee y recomiendalo siguiente: “Sin embargo, por el almacenaje que tiene actualmente se está calentando hasta unos 70º centígrados. Además de mostrar evidencia de la generación de sulfuros de hidrogeno y sulfuro de carbono. Estos gases son corrosivos y con la capacidad de generar ácidos. Además de que son fáciles de inhalar, por lo que son un riesgo a las personas próximas. Todo lo cual implica darle un manejo y salida a este material potencialmente tóxico. Sin embargo, es necesario que el mismo sea realizado en todo momento de acuerdo con lo que establecen los criterios legales y en función única del interés del país. Lo cual no indica dilatar los procesos administrativos, por las implicaciones que una demora pueda tener.
A criterio del Presidente de la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá,Juan Arias, y que tocó el tema del proyecto minero y el limbo en que seencuentra la búsqueda de soluciones y que el hecho de tener 132,000 toneladas se considera un riesgo de gran magnitud y todavía más crítico lapérdida de dinero, que no se tiene, pero reitera que se venda y que el producto de la venta quede en un fideicomiso hasta que se determine a quiénle pertenece, esto en respuesta a la posición del Ministro del MICI, JorgeRivera Staff, el cual se refirió a que esta decisión se la dejaban a la nuevaadministración y que ellos no tenían el tiempo para realizarla antes del 1 de julio de 2024.
Qué fácil es salir por la puerta de atrás. Uno debe ser consecuente con elejercicio del trabajo para el cual se le nombró y asumió para resolversituaciones, y no haber esperado tanto tiempo para ahora justificar que no setiene el tiempo, Sr. ministro Staff.
Desde diciembre de 2023 se generaron diferentes puentes de comunicación,notas, memorandos, creación de comisiones, visitas, informes y además, elMICI cuenta con personal técnico para abordar este tema y creo que se hubiesen obtenido respuestas prácticas y no comprometedoras, que es talvez el porqué de la inacción.
Después de este pequeño análisis del tiempo transcurrido y las diferentesopiniones y acciones que se hicieron, ¿qué más hizo falta? Solo me quedapensar y especular. ¿Sería falta de voluntad, criterio técnico o pago político?
Los países crecen y se desarrollan en la medida que sus gobernantes agilicen y promuevan la inversión económica, sea del sector público o sector privado.
Gracias por su tiempo y gestión Señor Ministro Staff. Saludos y buen retornoa sus actividades laborales privadas.
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