Opinión
Preguntas y Respuestas
Por: Rubén Blades (wwww.rubenblades.com)
Con desalentadora frecuencia en Panamá exigimos respuestas inmediatas y satisfactorias para interrogantes de contenido complejo, o cuya contestación responsable dependerá de sucesos aún ubicados en el futuro.
En cambio, hay preguntas oportunas que no se hacen. Por ejemplo: ¿algún medio le ha consultado a Ricardo Martinelli, si es él en efecto la persona identificada como «un alto funcionario de gobierno panameño, entre el 2009 y 2014, y «familiar cercano» de los acusados principales?
Ya sus dos hijos aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, «lavar» y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito. Solo falta una pregunta mas por aclarar: «Ricardo Martinelli: ¿Es Usted ese alto funcionario y familiar cercano?¨. Un sí o no es suficiente.
Más compleja de responder resulta la cada vez más frecuente interrogante sobre si participaré en la contienda electoral del 2024.
Parte importante de mi duda es que no creo que los que me animan a considerarlo comprenden realmente lo que se va a requerir hacer para rescatar al país reemplazando el «status quo» producido por décadas de clientelismo político.
Es necesario crear un nuevo paradigma de administración pública a nivel nacional y hacerlo sin violentar a una corrupción que ha sido legalmente institucionalizada me parece imposible.
Nuestro país requiere de algo más que un simple cambio de presidente en el 2024. Nuestra patria requiere de una revolución, eso que con sagacidad denominó «revolcón» el candidato presidencial Salvador Muñoz en 1994. Y es que la palabra «revolcón» provoca sonrisas, mientras que «revolución» provoca la huida de capitales, augura la llegada de paredones comunistas y causa el tipo de condena nacional que toda la corrupción política en la que vivimos no ha logrado producir de manera general y sostenida.
En Panamá consideramos inmoral la educación sexual en las escuelas y atacamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no expresamos la misma indignación contra los que nos roban el futuro diariamente. A esos les permitimos que eructen nuestros sueños y los premiamos inscribiéndonos en sus partidos. Por eso me pregunto: ¿Esta la población realmente deseosa de un cambio que favorezca el nacimiento de una administración pública eficiente, responsable y verdaderamente a favor de toda la República? ¿Esta la ciudadanía de Panamá dispuesta a vivir aceptando las consecuencias de la honestidad? ¿Sacrificarían su apoyo al clientelismo político el millón seiscientos mil panameños y panameñas que con sus inscripciones y tolerancia sustentan y sostienen a la partidocracia tradicional? ¿está dispuesto nuestro electorado a creer que existe una mejor oferta político-administrativa que la presentada y aplicada hasta el momento ?
Sobre el 2024
Un diverso y creciente número de ciudadanos han expresado con urgencia la necesidad de encontrar a un candidato(a) que pueda exitosamente alterar el resultado de repetidas encuestas de opinión que ubican a Ricardo Martinelli como líder de la intención de voto hacia el 2024. A diferencia de muchos en Panamá, mi lectura sugiere que Martinelli no será presidente, aunque corra, presione y gaste una millonada tratando de ser electo. Creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el «alto funcionario y pariente cercano» y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables.
Aunque es posible que Martinelli participe en la contienda del 2024 para blindarse con el fuero electoral, él debe saber que bajo las presentes condiciones, «ganar» le será imposible: la idea de un presidente que no se atreve a salir del territorio nacional para evitar ser arrestado por corrupto sería imposible de aceptar para los intereses económicos, políticos y sociales locales que una vez contribuyeron a su ascenso al poder Ejecutivo en el 2014.
Parte del apoyo electoral de la población a Martinelli se basa en que «robó, pero hizo» y que durante su presidencia «había plata en la calle», pero la situación del 2024 será radicalmente distinta a la actual, una vez terminado el juicio de sus hijos y pronunciada la sentencia en New York. Si ellos lo identifican como el beneficiado por los sobornos de Odebrecht, su inmediata inclusión en la «Lista Clinton» tendrá un efecto económico y político tóxico, que afectaría también a todos sus contactos, conexiones, y relaciones sociales y de negocios, y a Panamá mundialmente.
Ya la reputación internacional de nuestro país ha sido seriamente afectada por continuos escándalos financieros («Panamá Papers», «Pandora Papers», «Listas Grises»). Sería suicida para Panamá elegir como su representante a un individuo que de salir del país sería instantáneamente arrestado por corrupto. Bajo la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joseph Biden, a raíz de la promulgación del «Crook Act», declaró que «la corrupción representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos».
Aunque se puede argumentar que la coyuntura puede ser utilizada para armar casos falsos, chantajear y perjudicar a los que rehusen aceptar órdenes que beneficien el interés «del imperio», también podemos afirmar que la notificación del presidente Biden creó el mayor precedente internacional de apoyo para denunciar, enjuiciar y condenar actos administrativos corruptos en países como el nuestro. Es curioso que la proclamación no haya recibido gran difusión en Latino América o Panamá, a pesar de que su efecto cambia las reglas del juego.
Dudo que con Martinelli en el poder en el 2024 «habría más plata en la calle». Más factible resultaría la invocación por el gobierno norteamericano de la ¨Enmienda De Concini¨, para recobrar la administración del Canal de Panamá de manos de un gobierno cuya dirección argumentarían pondría en peligro la integridad de la operación y seguridad del canal. Tal acción militar se concentraría sólo en la ocupación de la franja canalera y contaría con el apoyo de «tirios y troyanos», dentro y fuera de los Estados Unidos; políticamente para el norte, sería un «win-win» y para Panamá un desastre de magnitud inconmensurable.
Por eso, a pesar de los pronósticos y las encuestas a su favor en Panamá, no veo a Ricardo Martinelli ganando la elección presidencial del 2024.
Pero la eliminación del regreso de Ricardo Martinelli al Poder Ejecutivo no resuelve el problema de la corrupción en que vive nuestro país. Así como la expulsión de Noriega del poder no produjo la eficiencia y la decencia administrativa que la «Cruzada Civilista» prometió retornaría a Panamá tan pronto el manejo de la Cosa Pública pasase al control civil, de igual manera el que Martinelli no resulte presidente en nada altera el actual podrido «status quo», ni detiene nuestra administrativamente irresponsable marcha hacia el precipicio. En el 2022 tendremos seguramente una deuda pública de alrededor de los $43 mil millones de dólares, (43 billones de dólares).
Nuestro gasto en planilla pública superará los 4.000 millones anuales y el pago de subsidios será mayor de 3.500 millones, no menos de 7 mil quinientos millones de dólares dirigidos fundamentalmente a mantener al clientelismo político que sostiene a la partidocracia política. La Caja del Seguro Social enfrenta un desastre mayúsculo que de no ser resuelto, (y nada indica que lo será bajo un gobierno de corte tradicional politiquero), dependerá de la intervención estatal para evitar su desplome.
Y estas son apenas algunas de las partes de un rompecabezas administrativo que todo sugiere empeorará hacia el 2024, no importa cuan optimistas luzcan los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país, ni el hecho de que en papel resulte más prometedor nuestro futuro comparado al de otras naciones del hemisferio. Seguimos botando recursos, malgastando dinero, sosteniéndonos con deuda, sobornando al electorado con puestos públicos innecesarios y evitando el tipo de planificación y de inversión que necesitamos a nivel nacional
La solución a nuestra urgente situación requiere de la reforma integral de nuestros tres órganos de administración, empezando por el Judicial. Nada de eso ocurrirá bajo una presidencia PRD, CD o Panameñista.
Alterar el curso de nuestro presente estado no es tan difícil como algunos consideran. Lo que se requiere para hacerlo es voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano. La realidad histórica muestra que en cuanto a la Administración Pública, hace décadas que un puñado de mediocres sinvergüenzas desde partidos políticos han controlado a una mayoría, indolente, o hecha su cómplice (clientelismo). Nuestro silencio, indiferencia y complicidad son los responsables de la hegemonía y existencia de la corrupción político-administrativa.
En el 2024 la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar: es llegar para enfrentar, derrotar y reformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al Órgano Judicial en contra y que, por el usual voto fracturado, efectivamente, quién resulte electo(a), no contará con el apoyo de la población que votó en su contra, ni el del grupo que no muestra interés por el futuro político-administrativo del país por no acudir a las urnas, ni reaccionar a los llamados de solidaridad y civismo.
Entonces, ¿cómo podría gobernar en el 2024 un candidato(a) independiente electo bajo tales condiciones?
Eliminándolas desde el ejecutivo, para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 2024. Lo ideal para el Presidente(a) electo(a) sería contar con una mayoría en la Asamblea; pero de no ser así tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremos que parezcan sus argumentos, para poder cumplir con su tarea reformadora.
A los que recomiendan evitar enfrentamientos y negociar con el «status quo» les recuerdo que ningún cáncer hará un arreglo con los médicos permitiendo su eliminación: la corrupción jamás aceptará voluntariamente renunciar a sus actuales controles y poder.
Para gobernar dentro del marco de una maldad institucionalizada, un presidente(a) electo en el 2024 tendría que aceptar las condiciones impuestas por las cúpulas partidistas, sus aliados y patrocinadores. Eso haría al nuevo mandatario(a) corrupto(a) por accesión, no importa cuan bien intencionada haya sido su intención original, cuán acertados sus argumentos, cuan claros y posibles sus objetivos. Tal acto defraudaría a la población que votó por él o por ella y certificaría el triunfo del «juega vivo» al demostrar que sin aceptar aliarse a la corrupción nada correcto podrá hacerse administrativamente en Panamá.
Creo que no se debe negociar con la corrupción, punto. Hacerlo sería aceptar y sostener a una enfermedad cívica que ha sido premeditadamente introducida, legalizada e incorporada a nuestros códigos, normas y estructuras administrativas, y también a nuestra cultura ciudadana.
Alterar décadas de corrupción requerirá de acciones enérgicas y del apoyo de un pueblo que acepta la necesidad del cambio y que está dispuesto a confiar en la capacidad e intención noble de su nueva dirección política.
A mi entender, el primordial propósito del 2024 será el de escoger a candidatos(as) que lleguen a la asamblea y a la presidencia para sanear la hoy corrupta y mediocre estructura político-administrativa que gobierna al país y así eliminar sus efectos, tóxicos para el interés nacional.
¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta del clientelismo partidista y elegir a un candidato(a) independiente y a una asamblea formada por independientes, para crear un nuevo paradigma administrativo y con él, al Panamá que puede ser?
Esa es mi pregunta al país.
Rubén Blades
16 de Enero, 2022
A lo largo de los años, desde mi distinguida fachada hasta los pasillos que han sido testigos de historia, he presenciado momentos cruciales en la relación entre Estados Unidos y Panamá. Permítanme compartir algunos de estos inolvidables recuerdos.
Manuel Amador Guerrero, el primer presidente de Panamá, honró mis salones en 1906. Su camaradería con Theodore Roosevelt fue evidente, y aunque su físico frágil contrastaba con su estatura encorvada, su confianza como líder era palpable.
Unos años más tarde, el Dr. Belisario Porras dejó su marca en 1910 con la firma del tratado Anderson-Porras, que cimentó la diplomacia panameña-costa ricense. Aquí, fue cálidamente recibido por William Howard Taft. En 1932, los ecos de las charlas entre Harmodio Arias Madrid y Herbert Hoover todavía retumban en mis pasillos.
La presencia digna del presidente Roberto Chiari en 1962 coincidió con el carisma de John F. Kennedy. Las décadas que siguieron vieron desfilar a más líderes panameños, cada uno dejando una huella única. Ricardo de la Espriella tuvo un encuentro inolvidable con Ronald Reagan, así como Nicolás Ardito Barletta.
La década de 1990 fue testigo de mis acogedores salones albergando tanto a Guillermo Endara con George Bush como a Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso con Bill Clinton. Discutieron temas trascendentales, como la transferencia del Canal de Panamá y la presencia militar estadounidense.
Con la llegada del nuevo milenio, Martín Torrijos abordó temas vitales como el Tratado de Promoción Comercial en sus encuentros con George W. Bush. Sin embargo, la historia dio un giro cuando Ricardo Martinelli, que me visitó en 2011, fue señalado por corrupción en 2023, limitando su entrada y la de su familia a Estados Unidos.
Juan Carlos Varela también dejó su impronta en 2017, conversando con Donald Trump sobre lazos económicos y combate al narcotráfico. Sin embargo, su reputación fue ensombrecida cuando, en 2023, se le prohibió la entrada a EE. UU. por actos de corrupción.
A raíz de estos acontecimientos, he decidido no recibir al actual presidente, Laurentino Cortizo. Las acciones pasadas me han enseñado a actuar con cautela.
Más allá de mis muros y puertas, soy un símbolo de la relación entre Panamá y Estados Unidos. Soy un recordatorio constante de que, independientemente de los tiempos oscuros, la integridad y la verdad siempre prevalecerán.
Por: MSc Roderick R. Gutiérrez Pérez
Experto en Gestión y Planificación Ambiental
@medioambienteyprogreso
En medio de la búsqueda constante de equilibrio entre el progreso económico y la preservación ambiental, el sector minero se ha convertido en terreno fértil para el debate y controversia. La oposición a proyectos mineros por parte de grupos ambientalistas a menudo se presenta como un acto de defensa del planeta, pero es esencial analizar si estas posturas están respaldadas por fundamentos legales y científicos sólidos o si se basan en narrativas repetidas sin un sustento real.
Todos los estudiosos de ciencias ambientales, incluso antes de que se les denominara así, como Charles Eisenstein en su obra «La curación de la civilización», destacan la importancia de comprender a fondo los problemas ambientales, económicos y sociales antes de expresar opiniones o tomar medidas. Eisenstein aboga por un enfoque más reflexivo y basado en el conocimiento para abordar los desafíos que enfrenta nuestro mundo en términos de sostenibilidad y medio ambiente. Sostiene que las decisiones deben respaldarse con datos científicos y análisis rigurosos, en lugar de depender únicamente de percepciones o suposiciones infundadas.
En el panorama panameño, el contrato de Minera Panamá S.A. con el Estado ha generado intensos debates. A pesar de que dicho contrato está en cumplimiento de la legislación panameña y respaldado por un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, ha enfrentado la oposición de grupos ambientales. Esto pone de relieve un desafío más profundo: la aparente desconexión entre la ciencia y la toma de decisiones correctas.
A menudo, los argumentos en contra del proyecto minero se mezclan con críticas a la oligarquía, el capitalismo y el poder económico, sin una base sólida. Por lo tanto, es crucial recordar que el análisis científico debe ser la columna vertebral de tales decisiones, en lugar de ser eclipsado por discursos ideológicos.
El camino hacia el consenso en temas mineros requiere un diálogo franco y abierto, donde todas las partes involucradas puedan presentar evidencia sustentada y científicamente respaldada, cosa que hasta el momento los representantes de la oposición ambiental no han presentado. La aprobación del contrato de Minera Panamá S.A. con el Estado debe basarse en una evaluación integral de los hechos y no ceder ante presiones emocionales o narrativas simplistas.
La intolerancia ambiental en el tema minero es un fenómeno complejo que requiere un análisis riguroso y fundamentado. Si bien es legítimo preocuparse por el impacto ambiental de los proyectos industriales, es crucial evitar la propagación de mitos infundados y buscar soluciones basadas en la ciencia. La oposición a proyectos como Cobre Panamá debe ser evaluada en base a los datos y análisis disponibles, y no simplemente en función de percepciones sesgadas o intereses personales.
El tema ambiental debe ser llevado por especialistas preparados serios y con visión a largo plazo, no por romanticismo o ideologías infundadas en el anti-desarrollo.
POR: MSc Roderick R. Gutiérrez Pérez
Especialista en Gestión y Planificación Ambiental
Instagram: @medioambienteyprogreso
Pasando por Instagram, me encuentro con un título que dice: «Minería – Cambio Climático», y como subtítulo, «Un riesgo inaceptable». Hasta aquí todo bien; cada quien tiene derecho a expresar su opinión, pensaba yo. Sin embargo, al ver las imágenes (las cuales, por falta de tiempo, no podré responder todas), trataré de enfocarme en un punto específico que decía: «La minería causa la pérdida y/o extinción de especies». Por lo tanto, intentemos darle forma coherente a este punto.
En un mundo cada vez más preocupado por la conservación de la biodiversidad, es esencial abordar los mitos y percepciones erróneas que rodean a la actividad minera y su impacto en las especies y hábitats cercanos. Existe la creencia que un proyecto minero, especialmente aquellos que colindan con áreas protegidas, puede causar la extinción de una especie de la faz de la tierra. Sin embargo, es importante desmitificar esta noción y comprender que la extinción de una especie es un fenómeno muy complejo que involucra múltiples factores.
Para que una especie se extinga, deben intervenir una serie de factores críticos que afecten su supervivencia y capacidad de reproducción. Si bien la actividad minera puede tener impactos en el medio ambiente y las poblaciones de especies, no es suficiente para llevar a una especie a la extinción por si sola.
Para ilustrar las causas de la extinción de una especie, es crucial reconocer que existen diversas variables. En primer lugar, debemos comprender que estas deben abordar: la pérdida y degradación del hábitat, la fragmentación de las poblaciones, es decir, cuando una especie se encuentra confinada a un área específica y no puede encontrarse en ninguna otra; el cambio climático, una problemática que todos reconocemos como resultado de decisiones globales desfavorables, no vinculado a un proyecto o actividad en particular; la introducción de especies invasoras, una circunstancia que no se relaciona con la minería ni con la caza o pesca excesiva; y la contaminación. En el caso de Panamá, esta última es especialmente significativa y se somete a un monitoreo constante para evitar sobrepasar los niveles establecidos por la normativa vigente.
Un seguimiento exhaustivo durante más de 50 años, respaldado por numerosos estudios, estadísticas y equipos de expertos, es lo que se necesita para considerar que una especie ha sido extinguida. Se puede afirmar que una especie está extinta cuando el último individuo conocido muere sin dejar descendencia genética, como lo plantea Craig Hilton-Taylor de la UICN.
Para asegurar que esto sucederá, los expertos llevan a cabo investigaciones exhaustivas. Todo el proceso se inicia con una cuidadosa observación de la especie, aún mientras se conoce su existencia. En este sentido, la Lista Roja de la UICN desempeña un papel clave en todo esto que digo.
Este tema es sumamente complejo. Incluso para un experto en la materia, quien debe contar con un profundo conocimiento en biología, ecología y conservación, además de comprender la complejidad de los ecosistemas y la interacción entre los factores ambientales y las poblaciones de especies, resulta desafiante determinar la extinción de una especie. Esto se debe a la dificultad para detectar posibles disminuciones o extinciones.
Por lo que es un poco exagerado e irresponsable señalar por medio de las redes sociales que un proyecto o sector, en este caso el minero, es responsable de la extinción de las especies. Siendo que, para poder determinarlo, los científicos y expertos en conservación utilizan métodos como el muestreo de campo, la observación de comportamiento, el análisis genético y el uso de tecnologías de seguimiento para recopilar datos precisos y fiables, por un periodo de tiempo prolongado.
Afirmar sin cumplir con lo antes expuesto que la actividad minera u otras actividades humanas puedan ser las causantes de la extinción de una especie se tomaría, más que todo, como una oposición sin fundamentos al desarrollo de la economía de un país y no como un movimiento ambientalista serio y responsable. Este movimiento debería buscar garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales existentes o el desarrollo sostenible de las comunidades más apartadas y vulnerables.
Es importante decir que, el sector minero es uno de los sectores más regulados en materia ambiental, precisamente para proteger el medio ambiente y la sociedad con prácticas responsables que exijan a las empresas mineras en toda su vida útil hasta su cierre y post cierre. Es por ello que, para abordar el desafío de conservación en general, es necesario un enfoque holístico que considere múltiples factores y la colaboración entre científicos, gobiernos, industrias privadas y comunidades locales, solo así podemos preservar las especies y evitar su extinción.
Es importante decir que el sector minero, altamente regulado en términos ambientales, busca proteger tanto el medio ambiente como la sociedad. Exige prácticas responsables a lo largo del ciclo de vida de las empresas mineras, desde su apertura hasta el cierre y post cierre. Para abordar eficazmente los desafíos de conservación, es crucial una colaboración integral entre científicos, gobiernos, empresas y comunidades locales. Esta cooperación garantiza la preservación de especies y previene su extinción.
Por eso, los preocupados porque esto no ocurra, deben enfocarse en buscar los recursos permanentes, en lugar de ver la inversión privada y el ambientalismo como polos opuestos del desarrollo. Es tiempo de trabajar juntos por el beneficio social, económico y natural de la República de Panamá.
MIRA AQUÍ LA DEMANDA CONTRA LA CANDIDATURA DE MULINO
TOMAS VALSECCHI, EL ECONOMISTA ARGENTINO QUE TRIUNFA EN PANAMÁ
