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Opinión

Preguntas y Respuestas

Publicado

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Por: Rubén Blades (wwww.rubenblades.com)

Por ser de importancia nacional, reproducimos íntegro el artículo de opinión publicado por Ruben Blades en sus redes sociales:

Con desalentadora frecuencia en Panamá exigimos respuestas inmediatas y satisfactorias para interrogantes de contenido complejo, o cuya contestación responsable dependerá de sucesos aún ubicados en el futuro. 

En cambio, hay preguntas oportunas que no se hacen. Por ejemplo: ¿algún medio le ha consultado a Ricardo Martinelli, si es él en efecto la persona identificada como «un alto funcionario de gobierno panameño, entre el 2009 y 2014, y «familiar cercano» de los acusados principales? 
Ya sus dos hijos aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, «lavar» y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito.  Solo falta una pregunta mas por aclarar: «Ricardo Martinelli: ¿Es Usted ese alto funcionario y familiar cercano?¨. Un sí o no es suficiente.

Más compleja de responder resulta la cada vez más frecuente interrogante sobre si participaré en la contienda electoral del 2024. 
Parte importante de mi duda es que no creo que los que me animan a considerarlo comprenden realmente lo que se va a requerir hacer para rescatar al país reemplazando el «status quo» producido por décadas de clientelismo político.

Es necesario crear un nuevo paradigma de administración pública a nivel nacional y hacerlo sin violentar a una corrupción que ha sido legalmente institucionalizada me parece  imposible. 
Nuestro país requiere de algo más que un simple cambio de presidente en el 2024. Nuestra patria requiere de una revolución, eso que con sagacidad denominó «revolcón» el candidato presidencial Salvador Muñoz en 1994. Y es que la palabra «revolcón» provoca sonrisas, mientras que «revolución» provoca la huida de capitales, augura la llegada de paredones comunistas y causa el tipo de condena nacional que toda la corrupción política en la que vivimos no ha logrado producir de manera general y sostenida.

En Panamá consideramos inmoral la educación sexual en las escuelas y atacamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no expresamos la misma indignación contra los que nos roban el futuro diariamente. A esos les permitimos que eructen nuestros sueños y los premiamos inscribiéndonos en sus partidos. Por eso me pregunto: ¿Esta la población realmente deseosa de un cambio que favorezca el nacimiento de una administración pública eficiente, responsable y verdaderamente a favor de toda la República? ¿Esta la ciudadanía de Panamá dispuesta a vivir aceptando las consecuencias de la honestidad? ¿Sacrificarían su apoyo al clientelismo político el millón seiscientos mil panameños y panameñas que con sus inscripciones y tolerancia sustentan y sostienen a la partidocracia tradicional? ¿está dispuesto nuestro electorado a creer que existe una mejor oferta político-administrativa que la presentada y aplicada hasta el momento ?

Sobre el 2024
Un diverso y creciente número de ciudadanos han expresado con urgencia la necesidad de encontrar a un candidato(a) que pueda exitosamente alterar el resultado de repetidas encuestas de opinión que ubican a Ricardo Martinelli como líder de la intención de voto hacia el 2024.  A diferencia de muchos en Panamá, mi lectura sugiere que Martinelli no será presidente, aunque corra, presione y gaste una millonada tratando de ser electo. Creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el «alto funcionario y pariente cercano» y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables.
Aunque es posible que Martinelli participe en la contienda del 2024 para blindarse con el fuero electoral, él debe saber que bajo las presentes condiciones, «ganar» le será imposible: la idea de un presidente que no se atreve a salir del territorio nacional para evitar ser arrestado por corrupto sería imposible de aceptar para los intereses económicos, políticos y sociales locales que una vez contribuyeron a su ascenso al poder Ejecutivo en el 2014. 

Parte del apoyo electoral de la población a Martinelli se basa en que «robó, pero hizo» y que durante su presidencia «había plata en la calle», pero la situación del 2024 será radicalmente distinta a la actual, una vez terminado el juicio de sus hijos y pronunciada la sentencia en New York. Si ellos lo identifican como el beneficiado por los sobornos de Odebrecht, su inmediata inclusión en la «Lista Clinton» tendrá un efecto económico y político tóxico, que afectaría también a todos sus contactos, conexiones, y relaciones sociales y de negocios, y a Panamá  mundialmente. 

Ya la reputación internacional de nuestro país ha sido seriamente afectada por continuos escándalos financieros («Panamá Papers», «Pandora Papers», «Listas Grises»). Sería suicida para Panamá elegir como su representante a un individuo que de salir del país sería instantáneamente arrestado por corrupto. Bajo la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joseph Biden, a raíz de la promulgación del «Crook Act», declaró que «la corrupción representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos».
Aunque se puede argumentar que la coyuntura puede ser utilizada para armar casos falsos, chantajear y perjudicar a los que rehusen aceptar órdenes que beneficien el interés «del imperio», también podemos afirmar que la notificación del presidente Biden creó el mayor precedente internacional de apoyo para denunciar, enjuiciar y condenar actos administrativos corruptos en países como el nuestro. Es curioso que la proclamación no haya recibido gran difusión en Latino América o Panamá, a pesar de que su efecto cambia las reglas del juego. 

Dudo que con Martinelli en el poder en el 2024 «habría más plata en la calle». Más factible resultaría la invocación por el gobierno norteamericano de la ¨Enmienda De Concini¨, para recobrar la administración del Canal de Panamá de manos de un gobierno cuya dirección argumentarían pondría en peligro la integridad de la operación y seguridad del canal. Tal acción militar se concentraría sólo en la ocupación de la franja canalera y contaría con el apoyo de «tirios y troyanos», dentro y fuera de los Estados Unidos; políticamente para el norte, sería un «win-win» y para Panamá un desastre de magnitud inconmensurable.
Por eso, a pesar de los pronósticos y las encuestas a su favor en Panamá, no veo a Ricardo Martinelli ganando la elección presidencial del 2024.

Pero la eliminación del regreso de Ricardo Martinelli al Poder Ejecutivo no resuelve el problema de la corrupción en que vive nuestro país. Así como la expulsión de Noriega del poder no produjo la eficiencia y la decencia administrativa que la «Cruzada Civilista» prometió retornaría a Panamá tan pronto el manejo de la Cosa Pública pasase al control civil, de igual manera el que Martinelli no resulte presidente en nada altera el actual podrido «status quo», ni detiene nuestra administrativamente irresponsable marcha hacia el precipicio. En el 2022 tendremos seguramente una deuda pública de alrededor de los $43 mil millones de dólares, (43 billones de dólares).
Nuestro gasto en planilla pública superará los 4.000 millones anuales y el pago de subsidios será mayor de 3.500 millones, no menos de 7 mil quinientos millones de dólares dirigidos fundamentalmente a mantener al clientelismo político que sostiene a la partidocracia política. La Caja del Seguro Social enfrenta un desastre mayúsculo que de no ser resuelto, (y nada indica que lo será bajo un gobierno de corte tradicional politiquero), dependerá de la intervención estatal para evitar su desplome.

Y  estas son apenas algunas de las partes de un rompecabezas administrativo que todo sugiere empeorará hacia el 2024, no importa cuan optimistas luzcan los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país, ni el hecho de que en papel resulte más prometedor nuestro futuro comparado al de otras naciones del hemisferio. Seguimos botando recursos, malgastando dinero, sosteniéndonos con deuda, sobornando al electorado con puestos públicos innecesarios y evitando el tipo de planificación y de inversión que necesitamos a nivel nacional

La solución a nuestra urgente situación requiere de la reforma integral de nuestros tres órganos de administración, empezando por el Judicial. Nada de eso ocurrirá bajo una presidencia PRD, CD o Panameñista.  

Alterar el curso de nuestro presente estado no es tan difícil como algunos consideran. Lo que se requiere para hacerlo es voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano. La realidad histórica muestra que en cuanto a la Administración Pública, hace décadas que un puñado de mediocres sinvergüenzas desde partidos políticos han controlado a una mayoría, indolente, o hecha su cómplice (clientelismo). Nuestro silencio, indiferencia y complicidad son los responsables de la hegemonía y existencia de la corrupción político-administrativa.

En el 2024 la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar: es llegar para enfrentar, derrotar y reformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al Órgano Judicial en contra y que, por el usual voto fracturado, efectivamente, quién resulte electo(a), no contará con el apoyo de la población que votó en su contra, ni el del grupo que no muestra interés por el futuro político-administrativo del país por no acudir a las urnas, ni reaccionar a los llamados de solidaridad y civismo.

Entonces, ¿cómo podría gobernar en el 2024 un candidato(a) independiente electo bajo tales condiciones? 
Eliminándolas desde el ejecutivo, para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 2024. Lo ideal para el Presidente(a) electo(a) sería contar con una mayoría en la Asamblea; pero de no ser así tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremos que parezcan sus argumentos, para poder cumplir con su tarea reformadora.  

A los que recomiendan evitar enfrentamientos y negociar con el «status quo» les recuerdo que ningún cáncer hará un arreglo con los médicos permitiendo su eliminación: la corrupción jamás aceptará voluntariamente renunciar a sus actuales controles y poder.
Para gobernar dentro del marco de una maldad institucionalizada, un presidente(a) electo en el 2024 tendría que aceptar las condiciones impuestas por las cúpulas partidistas, sus aliados y patrocinadores. Eso haría al nuevo mandatario(a) corrupto(a) por accesión, no importa cuan bien intencionada haya sido su intención original, cuán acertados sus argumentos, cuan claros y posibles sus objetivos. Tal acto defraudaría a la población que votó por él o por ella y certificaría el triunfo del «juega vivo» al demostrar que sin aceptar aliarse a la corrupción nada correcto podrá hacerse administrativamente en Panamá. 
Creo que no se debe negociar con la corrupción, punto. Hacerlo sería aceptar y sostener a una enfermedad cívica que ha sido premeditadamente introducida, legalizada e incorporada a nuestros códigos, normas y estructuras administrativas, y también a nuestra cultura ciudadana.
Alterar décadas de corrupción requerirá de acciones enérgicas y del apoyo de un pueblo que acepta la necesidad del cambio y que está dispuesto a confiar en la capacidad e intención noble de su nueva dirección política.

A mi entender, el primordial propósito del 2024 será el de escoger a candidatos(as) que lleguen a la asamblea y a la presidencia para sanear la hoy corrupta y mediocre estructura político-administrativa que gobierna al país y así eliminar sus efectos, tóxicos para el interés nacional.

¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta del clientelismo partidista y elegir a un candidato(a) independiente y a una asamblea formada por independientes, para crear un nuevo paradigma administrativo y con él, al Panamá que puede ser?

 Esa es mi pregunta al país. 

Rubén Blades
16 de Enero, 2022

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Editorial

FocoBlog: México vs Panamá (en infraestructura, no fútbol)

En una visita a México, pudimos notar las grades falencias democráticas de nuestro vecino país y cómo afecta su infraestructura.

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Como parte de un programa patrocinado por la Embajada de Los Estados Unidos, varios periodistas nos fuimos en un tour de infraestructura por tres países: México, Ecuador y Panamá.

La primera parada fue Panamá, donde visitamos El Canal de Panamá, AES Colón y MIT. De esos proyectos han oído suficiente así que me los saltaré con el respeto de nuestros pocos lectores internacionales.

El verdadero trip comenzó en México, donde nos reunimos con el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), para un pantallazo de la situación de México en infraestructura y economía. Cuando les digo que a medida que la presentación avanzaba me alegraba un poco más de vivir en Panamá, no estoy mintiendo. Y obviamente en Panamá tenemos problemas, pero cuando tienes un país con 100 millones de habitantes, tienes 25 veces más problemas, o los problemas son 25 veces más grandes.

La presentación se enfocó en tres proyectos claves: Una nueva refinería, un tren por el sur del país y dos aeropuertos con un desenlace digno del imaginario de García Márquez.

La refinería, una obra de más de 10 mil millones de dólares, está estratégicamente situada en la ciudad de Tabasco, que por casualidades esas de la vida, es el lugar donde nació el flamante presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Esto contrasta altamente con el discurso ambientalista de MORENA, el partido progresista de AMLO, quien se jacta de querer construir una sociedad acorde con el medio ambiente.

El otro proyecto que captó mi atención fue el mamotreto de tren que están construyendo en el sur de México, llamado el tren Maya. Un proyecto con una inversión de más de 3,200 millones de dólares y que está siendo construido en 5 tramos por 5 empresas diferentes – las corruptas FCC y Odebrecht entre ellas, obviamente -. El proyecto carece de algún tipo de diseño o plan, incluido estudio de impacto ambiental en sus tramos más sensitivos, por lo que ha sufrido percance tras percance, y ha resultado incluso en su paralización completa en el tramo número 5 debido a las grandes afectaciones que está teniendo en la naturaleza de la región.

Y por último el fiasco del aeropuerto. El ex presidente Peña Nieto antes de irse adjudicó la construcción de un aeropuerto en las afueras de la ciudad para reemplazar el mítico aeropuerto Benito Juárez, que se había quedado atrapado en la mitad de la ciudad, lo que complicaba enormemente la logística urbana de la ya congestionada metrópolis norteamericana. El aeropuerto llevaba un 30% de avance al momento de cambio de gobierno y el nuevo presidente López Obrador, cumpliendo una de sus promesas de campaña, hizo un tipo de consulta popular para definir el destino del nuevo aeropuerto. Había un pequeño problema con su plan: López Obrador no había tomado posesión, sólo era presidente electo. Pero la institucionalidad no es impedimento para el populismo latinoamericano, por lo tanto, el todavía no presidente, hizo su consulta popular completamente paralela y sin injerencia de las instituciones electorales del país. La consulta estuvo plagada de irregularidades, pero al final el pueblo habló y el resultado fue en contra del nuevo aeropuerto, que como les expliqué, tenía 30% de avance.

Pero ahora México tenía otro problema: ¿Qué hacemos con las deudas que ascendían a 211 millones de dólares? Pues el gobierno mexicano asumió la deuda, pasándosela al sistema aeroportuario actual y aquí no ha pasado nada. Y las grandes críticas se las llevaron los inversores privados del proyecto que al recibir el dinero no protestaron por lo absurdo de la medida.

Al final, AMLO hizo un nuevo aeropuerto, construido por los militares, operado por los militares, pero con grandes falencias lo que no permite la entrada de aerolíneas internacionales. Habló el pueblo y problema resuelto.

Lo que más me impresionó de conocer estos proyectos, es que en su mayoría se han realizado con gasto corriente del Estado. No prestamos, no financiamiento internacional, cash en mano y allá va eso. Lo que, en la opinión de varias organizaciones mexicanas, evidencia la capacidad que tiene el Estado de financiamiento para proyectos de ayuda a la ciudadanía, alto contraste con la ayuda que prestó en pandemia, donde se situó a la par de países como Uganda.

Sin embargo, este flujo de dinero a infraestructura tiene un pequeñísimo detalle. El Ejército se ha convertido en el mayor constructor de México, con gastos en infraestructura de hasta 1,600 millones de dólares en el 2020. Al canalizar ese gasto por medio del Ejército, logran escaparse de la fiscalización pública alegando “Seguridad Nacional”.

Pronto les contaré más sobre nuestra visita a México, pero ya van viendo porque, aunque me quejo, es prueba de que en Panamá no estamos tan mal.

*Daniel Lopera fue invitado por el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Panamá, para un programa de cobertura periodística sobre infraestructura en América Latina, financiado por la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y organizado por Meridian International Center, una organización sin fines de lucro.

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90% de los panameños son pro-paridad de género en la política

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Una encuesta nacional realizada por la Fundación Libertad Ciudadana reveló que el 90% de los ciudadanos están de acuerdo con las leyes pro-paridad de género en la política.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana realizó una encuesta destinada a identificar las barreras y oportunidades sobre la participación política de mujeres en Panamá y, de acuerdo a los resultados, la mayoría de los panameños encuestados están a favor de las leyes pro-paridad de género y consideran que a pesar de los estereotipos, las mujeres son lo suficientemente aptas para participar en la política.

La encuesta constó de siete capítulos, estos siendo participación política, capacidad política de las mujeres, sistema político, sistema social, opinión pública, rol de las mujeres políticas en Panamá e intención de voto.

Los resultados pueden resumirse en que la población considera a las mujeres más que aptas para cualquier puesto de elección popular, incluso para la presidencia, sin embargo los estigmas y estereotipos de género obstaculizan que las carreras políticas de las mismas puedan prosperar.

Establecer leyes pro-paridad y abogar por la participación de las mujeres en la política no sólo es un gran paso para el establecimiento de una verdadera democracia al tener quienes representen a la otra mitad de la población en los lugares de toma de decisiones, sino que también nos permite una nueva perspectiva en la política y son un factor importante en la lucha contra la corrupción, ya que también son las primeras en verse afectadas por los efectos de ella.

Puedes encontrar el informe completo en: https://www.libertadciudadana.org/

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Noticias

Rubén Blades tiene una interrogante para el país

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El cantautor panameño Rubén Blades considera que los medios deberían cuestionar a Martinelli sobre su involucramiento en el «caso Odrebrecht».

En la más reciente publicación del blog del cantautor panameño Rubén Blades, este exige que los panameños obtengamos respuestas a las preguntas que nadie quiere hacer, principalmente sobre el involucramiento de expresidente Ricardo Martinelli en el «caso Odrebrecht» por el que sus hijos se han declarado culpables.

En su reciente escrito en el que realizó un análisis político de la situación actual de Panamá, cuestionó si algún medio le ha preguntado al mismo Martinelli si él es el «funcionario público de alto cargo entre 2009-2014 » al que los hermanos Martinelli acusan en su confesión de haber lavado coimas de Odebrecht y al que sirvieron de intermediarios para delinquir.

A esto añadió que, por mucha popularidad que tenga el exmandatario, ve muy improbable su elección para la presidencia en el 2024, debido a todos escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado, sin mencionar el hecho de que un presidente que no pueda salir del país, por riesgo a que sea encarcelado por corrupto, perjudicaría gravemente al estatus internacional de Panamá.

Finalizó enfatizando la necesidad de que Panamá cuente con políticos y funcionarios públicos responsables , en contra del juega vivo y lo suficientemente revolucionarios para combatir la mediocridad, corrupción e ineficiencia de la administración pública que ha dejado el país en este estado.

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