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Presentarán demanda contra ley que atribuye a la Corte Suprema de Justicia investigar faltas administrativas

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El abogado Ernesto Cedeño demandará la Ley 258, que otorga a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar a funcionarios de alto perfil, por considerarla «inconstitucional».

El 26 de noviembre se sancionó la Ley 258, la cual restablece que el pleno de la CSJ inicie el proceso por faltas administrativas a funcionarios de alto perfil, a la que el abogado Ernesto Cedeño considera inconstitucional, ya que extermina el artículo 220 de la constitución, que establece al Ministerio Público como el responsable por vigilar la conducta oficial de los funcionarios.

De acuerdo al abogado, el proceso legal para las denuncias administrativas se hace en la Procuraduría de la Administración o la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), cualquiera de las dos puede acogerla e investigarla, sin embargo, con la nueva ley se crea un desorden administrativo.

Al adjudicarle esta nueva función a la CSJ, además de que constitucionalmente no es viable, blinda a los ministros, al contralor, a los procuradores y a los magistrados del Tribunal Electoral (TE). Con la mora judicial que tiene actualmente la CSJ, no tiene la posibilidad jurídica de logística para realizar las investigaciones sobre faltas administrativas hacia funcionarios de alto perfil.

«La corte no se da abasto a sancionar por delito. El sistema de justicia ya colapsó»

Ernesto cedeño, abogado

El mismo añadió que, un organismo que atiende los procesos penales, no le compete atender las faltas administrativas y que la Asamblea Nacional no tiene la potestad de debilitar al Ministerio Público por intentar blindar a los altos funcionarios, al desahogarlos de tener que realizar el trámite de rendición de cuentas a la ciudadanía.

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De encubridor de pederastas a profesor en La Salle

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  • El profesor de lógica del Colegio La Salle, Ramón Buriticá, fue investigado por encubrir casos de abuso sexual a menores de edad en la Ciudadela de Colón.
  • En 2008 una joven denunció ante el Ministerio Público (MP) que un religioso de la Ciudadela le transmitió una infección sexual al abusar de ella en reiteradas ocasiones, ella tenía 16 años cuando comenzó el abuso.
  • También denunció que estaba siendo monitereada por una monja para que no resultara embarazada producto de los abusos que se daban en la lavandería de la Ciudadela.
  • «De esto llegó a tener conocimiento el padre Teófilo Rodríguez y el padre Ramón Buriticá» se lee en su testimonio.
  • Otro joven que también denunció abuso sexual en la Ciudadela ante el MP aseguró que Buriticá llamaba a las víctimas para presionarlas a que no informaran nada de lo ocurrido.
  • Ahora Buriticá imparte clases de lógica a menores de edad en el colegio La Salle.
  • Por este caso hay un solo condenado a 10 años de prisión.
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Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en Mañanitas

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  • El Ministerio Público informó que inicó una investigación por el hallazgo de un cádaver en un lote baldío en el corregimiento de Mañanitas.
  • La víctima tiene alrededor de 20 años, las autoridades tienen la teoría de que se trata de una una mujer que el viernes pasado salió de su casa en Felipillo para ir a una discoteca.
  • Los familiares no habían presentado el reporte como desaparecida, lo hicieron hoy lunes.
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Cámara de Comercio pide veto a subsidios turísticos

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  • La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) le pidió al presidente Nito Cortizo no sancionar el proyecto de subsidios al turismo.
  • Gracias a la Ley No. 122 de 31 de diciembre de 2019 los empresarios que hagan construcciones turísticas fuera de la Ciudad de Panamá pueden aplicar a un subsidio que les devuelve a los inversionistas el total de lo que inviertan en forma de créditos fiscales, es decir que el Estado no recibirá ese monto.
  • Además, el inversionista puede vender a terceros esos créditos fiscales, recuperando toda su inversión y quedándose con la titularidad del negocio sin que le cueste un solo centavo.
  • El proyecto ley 789 de 2022 se creó con el fin de supuestamente enmendar la Ley 122 de 2019, pero, como suele suceder en la Asamblea, solo lo empeoró.
  • La CCIAP pide el veto del proyecto de ley 789 y la derogación de la Ley 122 de 2019.
  • También pide que se conforme una Comisión Técnica que presente un proyecto de ley consensuado con los diferentes actores impactados y donde primen los intereses del país.
  • El gremio considera probable que el país termine financiando proyectos turísticos que no tendrían el impacto que se promete.

    También te podría interesar: Los empresarios por los que el Estado dejará de recibir 1,5 mil millones de dólares

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