Madrid, 27 oct (EFE).- El acoso judicial, con demandas millonarias contra medios y periodistas, además de medidas discrecionales del Gobierno, es la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá, según un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentado en el marco de su 78 Asamblea General.

La SIP citó el caso del periodista de radio Ronald Acosta Flores, quien fue demandado por calumnia e injuria por el diputado oficialista Benicio Robinson, con una orden de secuestro judicial de activos por 121.000 dólares a raíz de comentarios realizados en su programa Proyección Social.

Hasta el momento, a Acosta Flores no le embargaron activos porque no lograron determinar sus bienes personales, dijo la SIP.

El medio digital Foco ha sido querellado penalmente por calumnia e injuria en 26 ocasiones desde 2019. La mayoría de estos casos fueron archivados de manera provisional o definitiva por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), excepto seis de ellos, por lo que enfrenta demandas por 510.000 dólares. 

La Corporación La Prensa (Corprensa) enfrenta 12 demandas civiles por presuntos daños y perjuicio por calumnia e injuria por un total de 44.574.000 dólares, señaló la SIP en el informe, que es preliminar y debe ser aprobado este domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.

Sobre Corprensa pesa un secuestro de cuentas bancarias y activos por 1,3 millones de dólares en el marco de un proceso civil por presuntos daños y perjuicios interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares en 2012, el cual está pendiente de decisión en primera instancia.

La SIP recordó que en el ámbito civil, la legislación de Panamá permite que ante un proceso por daños y perjuicios, el demandante pueda promover el congelamiento de activos de los medios o el secuestro de su administración, aun cuando no se haya dictado sentencia a su favor.

Ante esta realidad, «se ha expresado en distintos foros y reuniones con autoridades judiciales, la necesidad de eliminar el delito penal de calumnia e injuria y establecer límites a los montos que se reclaman en demandas civiles, vetar el secuestro de activos y que se pueda solicitar la caducidad de la demanda tras un periodo en que el caso no tenga avance en los tribunales».

La Fiscalía General, dijo la SIP, propuso una reforma legal al Código Penal que contempla una protección especial para publicaciones de interés público o sobre actos de exfuncionarios durante el ejercicio de sus funciones e incorpora la figura de la real malicia como requisito probatorio al delito de calumnia e injuria.

Medios panameños dijeron que una reforma en este sentido «sería un avance» aunque «insuficiente para frenar el acoso judicial».

OTROS INCIDENTES

En su informe, la SIP menciona otros «incidentes» contra la libertad de prensa ocurridos en Panamá, como los ataques homofóbicos y denigrantes que recibió el periodista de Televisora Nacional (TVN) Isaías Cedeño a través de videos en las redes sociales, después de un comentario crítico en Twitter sobre el presidente panameño, Laurentino Cortizo (2019-2024).

Asimismo, que el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, «apareció en un video en WhatsApp burlándose de las preguntas ‘estúpidas‘» del periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, y en el que se aludió a los hijos mellizos del informador.

«Dos días después, 11 inspectores del Ministerio de Trabajo se presentaron en la sede de La Prensa. Luego el Ministerio publicó un comunicado aduciendo que se trataba de inspecciones rutinarias por la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Los inspectores también se presentaron en las oficinas del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella».

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) sancionó al medio digital laverdadpanama.com y a la periodista Amanda Alvarado por presuntamente violar una nueva ley de protección de datos. Luego reconsideró y puso en suspenso la multa.

«La interpretación que dio la ANTAI podría implicar que una publicación sobre un asunto de interés público, respaldada con documentación oficial o pública, podría ser objeto de una denuncia por la parte afectada por violar la ley de protección de datos», dijo la SIP.

Recordó además que tras más de cinco años de investigación, el 5 de julio culminó la audiencia preliminar del caso New Business, sobre la presunta compra irregular del grupo Epasa, que publica los diarios Panamá América y La Crítica.

Por esta caso, han sido llamadas a juicio 20 personas por presunto blanqueo, mientras que en una audiencia prevista próximamente se decidirá si también será juzgado el expresidente Ricardo Martinelli por el mismo delito.

«Cabe destacar que la casa editorial no forma parte de la causa», señaló la SIP. EFE