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Honorio Vega: «El Ministro de Cultura y Jimmy Dawson deben ser llamados al Ministerio Público»
La Fiscalía Anticorrupción, sección primaria del Ministerio Público, citó para hoy a Honorio Vega para una diligencia en la que se le da seguimiento al tema de los cuestionables contratos de la empresa Jimmy Dawson con Mi Cultura.
Vega y otros comunicadores aparecían en una supuesta lista del Ministerio de Cultura, sin que ellos supieran, y luego que se publicara dicha lista (informe de gastos) por lo menos 8 de ellos salieron al paso para desvincularse del escándalo ya que se habla de irregularidades e ilegalidades.
Honorio acudió hoy a la diligencia al Ministerio Público y nos reiteró que desconocía aparecer en dicha lista que filtró un funcionario de la institución y por lo cual se vio obligado a renunciar.
«Tengo que aclarar que Honorio Vega no se encarga del departamento de ventas del canal»
«No tengo nada que ver con eso y nosotros jamás hemos tenido un vínculo con el Ministerio de Cultura… en este caso hago el llamado a las autoridades competentes que tienen que hacer el llamado a las personas que aparecen en este caso como lo es el Ministro de Cultura, llamarlo a él para que explique lo que pasó, de como estos informes fueron o no cambiados, se contrató o no se contrató a los periodistas, si se pensaba contratar o no y en este caso se contratan a los programas de radio y televisión y no a los periodistas en sí», comentó.
«También nos llama la atención que esta empresa no ha sido llamada, empresa que contrataba en este caso es la que debe ser llamada a dar declaraciones y rendir indagatoria ante el Ministerio Público», continuó diciendo.
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Dato
La Contraloría le autorizó el pago de uno de los múltiples contratos a Dawson.
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Bagatrac S.A, la empresa que confesó haber pagado sobornos en el caso Blue Apple, lleva un total de B/. 181,853,484.01 adjudicados desde que Laurentino Cortizo se hizo con la presidencia en julio del 2019.
Entre las licitaciones que participan en este monto podemos encontrar varios proyectos en tierras altas, específicamente en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, de los cuales algunos fueron adjudicados de manera excepcional apelando a la declaración de emergencia anunciada el año pasado por el paso del huracán ETA.
Una de las cosas a destacar es que la Caja de Ahorros de Panamá (banco del estatal) se comprometió a financiar uno de los proyectos que se adjudicó esta empresa «al cien por ciento», específicamente el «DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL DISTRITO DE CHANGUINOLA».
La empresa que fue fundada por Alberto Jurado Rosales, el cual posee estrechos lazos con el diputado Benicio Robinson, parece no tener ni un inconveniente a la hora de participar en contrataciones públicas y mucho menos a la hora de buscar financiamiento también publicó, pese a haber confesado pagar coimas en el caso Blue Apple.
ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER, S.A. es una empresa de suministros industriales en Panamá que ha sido denunciada por falsificar certificaciones de paz y salvo en las cuotas obrero patronal, también está actualmente inhabilitada por 10 años para contratar con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debido a «deshonestidad» e incluso a llegado ante la Corte Suprema de Justicias por problemas legales.
A pesar de este historial se ha adjudicado más de 75 contratos con el Estado desde que Laurentino Cortizo asumió la presidencia de la república.
Las contrataciones que se ha venido adjudicando desde el primero de julio del 2019, suman un total de $10.7 millones de balboas, de los cuales alrededor de $4 millones corresponderían al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.
La empresa Soluciones Seguras S.A. respondió a través de una carta a la nota web publicada el 14 de abril que se titulaba, «Empresa inhabilitada por falta de honestidad en la ACP gana contratos en el Ministerio Público y Senacyt».
En la misma manifiesta que, si bien es cierto se encuentra suspendida por la ACP para contratar con la institución, considera que los motivos que llevaron a esta decisión fueron refutados y están siendo impugnados en la Corte Suprema de Justicia.
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